La declaración presentada en Miami por el ex preso político Ángel de Fana coloca una exigencia concreta en el centro de cualquier eventual conversación entre Washington y La Habana: la liberación total de los presos políticos cubanos y la despenalización del disenso. El documento, firmado hasta ahora por 146 personas, no plantea una negociación gradual ni acepta que los encarcelados sean utilizados como instrumento para obtener concesiones internacionales. Su mensaje combina una advertencia al Gobierno de Estados Unidos con una propuesta sobre el escenario político que podría abrirse después de una eventual salida del poder de la actual dirigencia cubana.
Una cifra que busca convertir la memoria carcelaria en posición política
La participación de 146 firmantes da a la iniciativa un peso colectivo que va más allá de la opinión individual de De Fana. Entre los nombres aparecen figuras del exilio histórico y de la oposición cubana, como Guillermo Fariñas, Eduardo Cardet, Pedro Corzo, Angélica Garrido, Luis Zúñiga, Yamilka Abascal y Sissi Abascal. La carta fue enviada al Departamento de Estado el 10 de octubre, aunque sus autores aseguran que todavía no han recibido respuesta.
El valor político del documento procede también de la experiencia que representan sus firmantes. Quienes pasaron años en prisión sostienen que no pueden ser tratados como una variable secundaria en un eventual entendimiento internacional. La afirmación de que no buscan venganza, sino justicia, intenta fijar un marco de legitimidad: la apertura del diálogo no debería producirse a costa de quienes fueron encarcelados por motivos ideológicos ni ignorar a quienes murieron en la lucha contra el régimen.
La liberación de los presos, una condición previa y no una moneda de cambio
El punto central de la declaración es la negativa a separar la política exterior de Estados Unidos de la situación interna de la población cubana. Los firmantes sostienen que cualquier contacto con representantes del régimen debe estar precedido por la liberación de todos los presos políticos y por el fin de la criminalización del disenso. En su razonamiento, mientras existan personas encarceladas por sus ideas, una negociación podría terminar legitimando la represión o transformando el sufrimiento de los prisioneros en un recurso de intercambio.
Esta postura también responde a la incertidumbre sobre posibles negociaciones entre Washington y La Habana. De Fana afirmó que la urgencia de publicar la carta está relacionada con la situación de la Isla y con la posibilidad de que se exploren canales de diálogo. El documento no rechaza todo contacto, pero establece una secuencia: primero deben desaparecer las condiciones que impiden hablar de un proceso político legítimo; después podría discutirse el futuro institucional del país.
La distinción entre transición y continuidad del sistema
La propuesta no exige que todos los funcionarios y militares vinculados al régimen sean excluidos de una futura reorganización política. De Fana dijo que existen cubanos dentro de las estructuras estatales que no tienen responsabilidad directa en actos de sangre y con quienes sería posible negociar un futuro democrático. Esa precisión introduce una diferencia importante entre responsabilidad individual y pertenencia administrativa: no todo integrante del aparato estatal es presentado como irremediablemente incompatible con una transición.
Sin embargo, los firmantes separan con claridad una administración provisional de un acuerdo destinado a preservar el poder de la élite gobernante. El documento acepta la posibilidad de un gobierno tecnocrático y mixto, integrado por militares y funcionarios con una trayectoria considerada aceptable junto con cubanos de la Isla y de la diáspora. Pero rechaza que esa fórmula sirva para mantener intacto el sistema político actual bajo otro nombre. La transición, en esta lectura, solo tendría sentido si conduce a una nueva República y no a una reconfiguración temporal de la misma estructura de poder.
Washington, la represión y la voz que debe tener la sociedad cubana
Otro anclaje relevante es la separación entre el conflicto bilateral entre los Gobiernos de Estados Unidos y Cuba y el conflicto entre el régimen y la población. La declaración pide que Washington respalde directamente a los cubanos si la represión pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía, incluso mediante todos los recursos a su alcance y con el eventual apoyo de otros países. Se trata de una exigencia de mayor implicación estadounidense, pero también de una definición política: la crisis cubana no debería ser tratada únicamente como una disputa diplomática entre dos Estados.
El planteamiento coincide parcialmente con declaraciones realizadas por el secretario de Estado Marco Rubio a finales de septiembre. Rubio distinguió entre dirigentes con los que Estados Unidos no podría trabajar por su presunta responsabilidad en actos de violencia y otros funcionarios con los que sí sería posible colaborar si aceptaran encaminar el país hacia la libertad política y económica. La carta de los ex presos retoma esa separación, aunque la vincula a garantías más concretas y a la participación de los cubanos.
Incluso si la dirigencia aceptara abandonar el poder para evitar riesgos personales, los firmantes reclaman canales que permitan a ciudadanos de la Isla y de la diáspora intervenir en las negociaciones. Esa condición busca impedir que el futuro cubano quede decidido exclusivamente entre gobiernos, militares o funcionarios. El desafío inmediato para esta plataforma será transformar una exigencia moral respaldada por la experiencia carcelaria en una agenda capaz de influir sobre actores estatales y sobre una oposición políticamente diversa.