El Gobierno de Jalisco reconoció que envió agua sucia a 107 barrios de la zona metropolitana de Guadalajara, donde vecinos llevan semanas denunciando que el líquido sale oscuro, con mal olor y, en algunos casos, con insectos. La crisis de abastecimiento derivó en marchas y enfrentamientos con la policía: al menos 12 personas fueron detenidas, mientras medios locales informaron extraoficialmente que la cifra podría ascender a 39.
Las protestas se producen tras tres semanas en las que numerosos hogares han tenido que recurrir a purificadoras para rellenar garrafones y evitar el agua de la red en actividades cotidianas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco informó que cinco personas presentaron quejas por presunto abuso policial durante la manifestación y abrió una investigación para dar seguimiento a los hechos.
Detenciones y cuestionamientos a la actuación policial
Según la cobertura de medios locales, las agresiones comenzaron cuando algunos manifestantes atacaron a integrantes de la fuerza antimotines de la Secretaría de Seguridad estatal. Los agentes respondieron primero con agua y después con gas lacrimógeno. Testimonios difundidos por medios televisivos señalaron que la intervención también afectó a personas que protestaban pacíficamente, incluidos niños y adultos mayores.
La Universidad de Guadalajara (UdeG) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) pidieron esclarecer lo ocurrido y cuestionaron las detenciones. La UdeG informó que recibió reportes sobre tres estudiantes detenidos, dos de ellos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, aunque no precisó las circunstancias ni qué autoridad los arrestó.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó los hechos como una «lamentable represión» y pidió al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, que explique el comportamiento de las fuerzas de seguridad. También planteó que la Fiscalía General de la República investigue la actuación policial si se presenta una denuncia formal contra alguno de los agentes.
Una crisis que combina contaminación y redes obsoletas
El Gobierno estatal atribuye el problema a una presunta contaminación industrial de afluentes cercanos y a décadas de falta de actualización de la infraestructura de agua y drenaje. La explicación apunta a dos frentes distintos: la posible afectación de las fuentes de suministro y una red envejecida cuya capacidad para tratar y distribuir agua segura está en entredicho. Las autoridades no detallaron públicamente, en la información disponible, el origen concreto de la contaminación ni un calendario de solución.
Guadalajara, capital de Jalisco y segunda ciudad más grande de México, tiene alrededor de 5,2 millones de habitantes y depende de lagos, ríos y presas. La dimensión metropolitana amplifica las consecuencias de una falla: cuando el agua de la red no puede utilizarse con confianza, la carga de conseguir agua apta para beber, cocinar y asearse se traslada a cada hogar.
Vecinos han recurrido a purificadoras y a la compra de agua en garrafones o pipas. Empresas del sector dijeron a la prensa que las ventas de purificadores domésticos aumentaron cerca de un 30%. Ese cambio refleja tanto una respuesta inmediata a la emergencia como el coste desigual de afrontarla: las alternativas dependen de que cada familia pueda pagarlas y conseguirlas.
«Es imposible que nos podamos bañar, lavar trastes, hacer cualquier tipo de cosa en el hogar», dijo Luis Herrera, vecino de la zona metropolitana. Añadió que los residentes llevan meses enfrentando recortes programados del servicio y rechazó que deban seguir esperando agua limpia. Su reclamo expone el alcance de la crisis más allá de la calidad del suministro: también cuestiona la continuidad de un servicio básico y la respuesta institucional.
La combinación de agua visiblemente sucia, dependencia de soluciones privadas y reclamos en las calles ha convertido el abastecimiento en un problema sanitario y de confianza pública. La investigación de las denuncias policiales deberá avanzar en paralelo con una respuesta verificable sobre la contaminación y la distribución, mientras los habitantes siguen sin certezas sobre cuándo volverá a ser seguro abrir el grifo.