El Parlamento federal alemán aprobó una aportación pública mensual de 10 euros para una cuenta de ahorro destinada a menores de entre 6 y 18 años. La medida, conocida como pensión anticipada, recibió el respaldo del bloque conservador del canciller Friedrich Merz y de sus socios socialdemócratas. El dinero quedará invertido hasta la edad ordinaria de jubilación, fijada actualmente en 67 años, y los rendimientos estarán exentos de impuestos.
El Gobierno prevé que el ingreso se realice cada trimestre en una cuenta creada y tutelada por los padres. La podrán complementar familiares u otros tutores. El plan se aplicará retroactivamente a los niños nacidos desde 2020 y se dirige a menores que residan y estén escolarizados en Alemania. Según las estimaciones oficiales, al cumplir 18 años cada beneficiario podría acumular alrededor de 2.000 euros, aunque la cifra dependerá del rendimiento de las inversiones.
Un capital inicial pequeño y de largo recorrido
La aportación no está concebida como una pensión suficiente por sí sola, sino como un capital temprano que pueda crecer durante décadas. Su efecto dependerá tanto de la rentabilidad como de la continuidad del ahorro y de las contribuciones adicionales que decidan hacer las familias. La exención fiscal favorece la acumulación, pero no elimina el riesgo de que los resultados de la inversión varíen.
La iniciativa también traslada a los hogares una parte de la gestión: los padres deberán abrir la cuenta y podrán sumar fondos propios. Así, el importe final podría diferir ampliamente entre beneficiarios. El diseño combina una base pública uniforme con aportaciones privadas desiguales, una diferencia relevante al valorar si el programa reduce brechas de ahorro o solo ofrece un punto de partida común.
La medida más popular dentro de una reforma difícil
La llamada hucha infantil es el componente más amable de un paquete más amplio con el que Merz pretende asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. El resto de la agenda incluye recortes y cambios que han provocado fricciones dentro de la coalición. El desacuerdo más sensible gira en torno a eliminar la jubilación a los 63 años sin recortes, disponible hasta ahora para quienes acreditan 45 años cotizados.
La oposición a ese cambio no se limita a los socialdemócratas: también existe malestar en sectores conservadores. La controversia pesa especialmente en el este del país, donde las pensiones ya son inferiores a las del oeste. Por ello, una reforma presentada como respuesta al futuro financiero del sistema tiene también una dimensión territorial y distributiva: modificar las condiciones de retiro puede tener consecuencias distintas según la trayectoria laboral y la región.
Una coalición bajo presión
Las tensiones quedaron expuestas esta semana con la renuncia de Bärbel Bas como ministra de Trabajo y Asuntos Sociales y copresidenta del Partido Socialdemócrata. Bas acusó públicamente al bloque conservador de criticarla sin piedad por presuntas ausencias durante una tragedia familiar. Alexander Schweitzer, exlíder de Renania-Palatinado y compañero de partido, asumió el cargo ministerial horas después del anuncio. Merz le pidió ponerse de inmediato al frente de los numerosos desafíos pendientes.
La aprobación de la cuenta infantil muestra que la coalición todavía puede acordar medidas concretas, pero no resuelve el conflicto sobre cómo repartir el coste de sostener las pensiones. El programa puede impulsar el ahorro previsional desde edades tempranas; su alcance real, sin embargo, dependerá de cómo se financie y de que sobreviva a las negociaciones sobre los recortes. La disputa política se concentra ahora en compatibilizar esa promesa de previsión con cambios que afectan directamente a trabajadores próximos a jubilarse.