El Gobierno de Javier Milei declaró organizaciones terroristas a cinco estructuras criminales y guerrilleras de Colombia, México y Ecuador, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) y el Cártel de Sinaloa. La decisión, anunciada el 21 de octubre por la Oficina del Presidente, implica la incorporación de estos grupos al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet), y amplía la respuesta argentina frente al crimen organizado transnacional.
La medida también alcanza a las organizaciones mexicanas La Nueva Familia Michoacana y al grupo ecuatoriano Los Tiguerones. Según la Presidencia argentina, la resolución fue coordinada por la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. El Ejecutivo sostuvo que el registro permitirá identificar y combatir a estructuras que utilizan la violencia, el narcotráfico, la extorsión y otras actividades ilícitas como instrumentos de expansión regional.
El argumento argentino sobre las estructuras colombianas
En el caso del ELN y las disidencias de las Farc, el Gobierno de Milei justificó la designación por la capacidad operativa y la proyección internacional que atribuye a ambas organizaciones. El comunicado afirmó que sus redes pueden extender actividades hacia Argentina, por lo que, a juicio de las autoridades, el riesgo ya no corresponde únicamente a la criminalidad interna de Colombia, sino que compromete la seguridad nacional argentina.
La Presidencia describió a las dos estructuras como organizaciones insurgentes de extrema izquierda inspiradas en el marxismo-leninismo y la revolución armada. También vinculó su trayectoria con levantamientos armados, intentos de golpes de Estado y violaciones de derechos humanos, además de señalar que sus acciones han producido consecuencias humanitarias en distintos países de América Latina.
La inclusión en el Repet no equivale por sí sola a una operación militar ni modifica la situación jurídica de los grupos en Colombia. Su importancia está en que incorpora a estas organizaciones dentro del marco administrativo y financiero argentino destinado a rastrear personas y entidades relacionadas con actos terroristas o con su financiación. En términos prácticos, la medida puede facilitar controles sobre activos, movimientos financieros y eventuales redes de apoyo que operen dentro del país.
Narcotráfico, minería ilegal y violencia regional
El Cártel de Sinaloa fue presentado por la administración argentina como una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, el contrabando, los secuestros extorsivos y otras actividades delictivas. El Gobierno señaló que el grupo ya ha sido designado como terrorista por varios países, entre ellos Estados Unidos, y explicó que su incorporación responde a la política argentina contra el narcoterrorismo.
La Nueva Familia Michoacana fue asociada con el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, actividades que, según el comunicado, han acompañado su expansión regional. Los Tiguerones, por su parte, fueron definidos como un grupo ecuatoriano relacionado con el narcotráfico y el sicariato. La Presidencia recordó que la organización surgió en 2020 de una división de Los Choneros, junto con Los Chone Killers, grupo que Argentina ya había declarado terrorista en agosto de 2026.
La selección de los cinco grupos revela que Buenos Aires está utilizando una categoría común para fenómenos delictivos distintos: guerrillas con presencia territorial, carteles internacionales y bandas dedicadas al sicariato. El punto de conexión señalado por el Ejecutivo es su capacidad para combinar violencia, economías ilegales y redes transfronterizas. Esa clasificación busca convertir un problema de seguridad regional en una prioridad de inteligencia y control financiero para Argentina.
Una política de mayor confrontación
El anuncio reafirma la orientación de Milei hacia una política de confrontación directa contra el terrorismo y el crimen organizado. La Oficina del Presidente afirmó que el mandatario mantiene un compromiso “indeclinable” con esa lucha y que el Estado argentino está dispuesto a combatir a estas estructuras “hasta las últimas consecuencias”. El lenguaje empleado anticipa una mayor coordinación entre organismos de seguridad, inteligencia y justicia, aunque el comunicado no detalló nuevas operaciones ni recursos específicos.
El alcance de la decisión dependerá de la capacidad institucional para convertir la designación en investigaciones concretas. La inscripción en un registro puede ampliar la vigilancia sobre transferencias y relaciones financieras, pero sus resultados estarán condicionados por el intercambio de información con otros países, la cooperación judicial y la identificación precisa de operadores que actúen en Argentina. Sin esos mecanismos, la declaración corre el riesgo de tener un efecto principalmente político y simbólico.
El anuncio, en una semana de tensión con España
La decisión se conoció durante una semana marcada también por un nuevo enfrentamiento entre Milei y el Gobierno español. Durante una visita a Madrid, el presidente argentino calificó al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, de “impresentable dictador”, cuestionó sus políticas económicas y migratorias y pidió a los ciudadanos “sacar a los socialistas a patadas” en las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España respondió con una condena a los insultos y las calumnias, y sostuvo que el país no acepta injerencias externas ni ataques contra su presidente. Milei, además, se reunió con dirigentes de Vox y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quienes expresó su respaldo político.
La controversia añadió otro episodio a la relación deteriorada entre ambos gobiernos, después de la crisis diplomática de mayo de 2024, cuando Milei calificó de corrupta a Begoña Gómez, esposa de Sánchez. La nueva disputa coincidió con el anuncio sobre las organizaciones terroristas, aunque la Presidencia argentina presentó ambas actuaciones como parte de frentes separados: uno centrado en la seguridad transnacional y otro en la confrontación política internacional.