El segundo gobierno de Michelle Bachelet, entre 2014 y 2018, no fue una continuidad ordinaria de la Concertación. Su importancia reside en haber desplazado el centro de gravedad de la política chilena: desde la corrección gradual de un modelo que había producido crecimiento y reducción de la pobreza hacia la idea de que el país necesitaba transformaciones estructurales. Bachelet no intentó destruir la institucionalidad democrática ni gobernó con un propósito abiertamente refundacional, pero instaló en el Estado un lenguaje y una agenda que la nueva izquierda llevaría posteriormente mucho más lejos.
El cambio comenzó antes de las reformas
Durante las dos décadas posteriores a 1990, los gobiernos de la Concertación combinaron apertura económica, disciplina fiscal, inversión privada y expansión de las políticas sociales. Esa fórmula permitió una reducción extraordinaria de la pobreza, el crecimiento de las clases medias y una modernización sostenida. No resolvió todas las desigualdades, pero ofreció una evidencia política relevante: el desarrollo económico y la protección social no tenían por qué presentarse como objetivos incompatibles.
Las movilizaciones estudiantiles de 2011 alteraron esa interpretación. La crítica al endeudamiento y al lucro en la educación dejó de concentrarse en problemas sectoriales y comenzó a dirigirse contra el llamado «modelo». El programa presidencial de Bachelet de 2013 recogió esa demanda al prometer un «nuevo ciclo político y social», apoyado en reformas tributarias, educacionales y constitucionales. La incorporación del Partido Comunista a la Nueva Mayoría confirmó que la antigua coalición de centroizquierda estaba cambiando de naturaleza.
La reforma educacional como prueba decisiva
La educación se convirtió en el principal laboratorio de esa nueva orientación. La eliminación progresiva del copago, la prohibición del lucro en establecimientos subvencionados, las modificaciones al sistema de admisión y la desmunicipalización alteraron profundamente las reglas existentes. También hubo iniciativas para fortalecer la profesión docente, pero la disputa central no fue únicamente financiera o administrativa: se discutía qué papel debían desempeñar el Estado, las familias y los proveedores privados en la provisión de un derecho social.
La reforma tributaria debía financiar ese programa. Su complejidad obligó a introducir una simplificación legislativa en 2016 y contribuyó a un clima de incertidumbre que coincidió con una pérdida de dinamismo económico. Las condiciones internacionales también influyeron, por lo que atribuir todo el deterioro a las decisiones internas sería impreciso. Sin embargo, el episodio expuso una tensión que acompañaría a la política chilena durante los años siguientes: los derechos sociales requieren recursos permanentes, y esos recursos dependen de una economía capaz de crear riqueza mediante inversión, ahorro, trabajo e iniciativa empresarial.
Más derechos declarados, mayores exigencias al Estado
En salud se aprobaron medidas relevantes, como la Ley Ricarte Soto y nuevas inversiones hospitalarias. Pero la experiencia también mostró los límites de un Estado garante. La autoridad puede asegurar determinadas prestaciones y corregir desigualdades de acceso; no puede producir de manera ilimitada los bienes que promete. Cuando las declaraciones de derechos se expanden más rápido que las capacidades institucionales y fiscales, la distancia entre la expectativa ciudadana y el servicio efectivo termina debilitando la confianza pública.
El gobierno modificó además la forma en que la legislación abordaba la familia, la autonomía y la vida humana. El Acuerdo de Unión Civil amplió el reconocimiento jurídico de determinadas relaciones afectivas, mientras que la ley de aborto en tres causales introdujo un cambio de gran alcance en la concepción legal de la protección del concebido. Para sus defensores, la norma respondía a situaciones dramáticas y excepcionales; para sus críticos, trasladaba a la voluntad individual una decisión sobre un bien que no depende enteramente de la autonomía personal. La controversia reveló que el nuevo ciclo no se limitaba a la economía o a los servicios públicos: también afectaba las premisas antropológicas del orden jurídico.
La Constitución dejó de ser un límite compartido
La propuesta constitucional presentada por Bachelet en marzo de 2018 fue el punto culminante de su programa. La Presidenta organizó consultas y cabildos y no planteó una ruptura inmediata con la institucionalidad. No obstante, al impulsar un proceso destinado a reemplazar la Constitución vigente, otorgó legitimidad presidencial a una tesis decisiva: ya no bastaba con reformar el texto heredado de la transición, sino que era necesario sustituirlo.
La Nueva Mayoría terminó dividida ante esa estrategia. Para sectores de la antigua Concertación, el ritmo y la profundidad de las reformas amenazaban equilibrios que habían sostenido el progreso chileno. Para la izquierda surgida de las movilizaciones de 2011, esas medidas eran insuficientes y conservaban demasiados elementos del sistema anterior. Esa diferencia no fue un desacuerdo táctico, sino una disputa sobre el significado del cambio: reformar una democracia funcional o construir otra arquitectura política desde sus fundamentos.
La puerta abierta hacia la refundación
El estallido de octubre de 2019 tuvo causas múltiples y no puede atribuirse directamente a Bachelet. Sin embargo, varias de sus claves discursivas ya estaban instaladas: el agotamiento del modelo, las desigualdades estructurales y la necesidad de una nueva Constitución. La Convención Constitucional de 2021 y 2022 convirtió esa crítica en un proyecto más radical, marcado por la plurinacionalidad, los sistemas jurídicos indígenas, la reorganización territorial y una concepción expansiva de los derechos y las identidades.
La secuencia permite distinguir responsabilidades sin borrar continuidades. La Concertación buscó reformar; Bachelet convirtió las transformaciones estructurales en programa de gobierno; la nueva izquierda avanzó hacia una refundación del orden político y social. Bachelet respetó la alternancia democrática y no llevó a cabo esa refundación, pero modificó el horizonte de lo políticamente posible. Su legado más profundo no está en una medida aislada, sino en haber consolidado la idea de que el Estado podía rehacer las bases institucionales de Chile. El debate posterior mostró el riesgo de esa premisa: una sociedad puede corregir injusticias y renovar sus instituciones, pero no puede tratar la naturaleza humana, la libertad, la familia o las comunidades como materiales enteramente disponibles para la voluntad política.