Un informe del Human Rights Center de la Universidad de California en Berkeley cuestiona la respuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante denuncias de abusos militares durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La investigación vincula esas decisiones con un problema institucional más amplio: la capacidad de la comisión para actuar con independencia y proteger a periodistas y defensores de derechos humanos.
La actuación de la comisión, bajo escrutinio
El reporte, titulado “Under Attack in Mexico”, ubica a Rosario Piedra Ibarra como militante de Morena antes de asumir la presidencia de la CNDH. También recuerda que su elección, en noviembre de 2019, estuvo marcada por acusaciones de irregularidades en la votación del Senado. Berkeley presenta esos antecedentes como parte del contexto institucional, no como prueba por sí sola de que las decisiones posteriores fueran partidistas; su cuestionamiento se centra en cómo respondió el organismo ante casos concretos y ante el creciente papel de las Fuerzas Armadas en tareas civiles.
La relevancia de esa evaluación radica en el mandato de la CNDH: investigar quejas y ofrecer una vía de rendición de cuentas cuando se señalan posibles violaciones de derechos. Si las decisiones del organismo descansan en versiones de autoridades señaladas sin examinar suficientemente otros indicios, la confianza en ese mecanismo puede debilitarse, con consecuencias para quienes buscan protección.
El caso Pegasus y el peso de una negativa oficial
Entre los episodios citados figura la denuncia de Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien afirmó que su teléfono había sido infectado con el programa de espionaje Pegasus. Según Berkeley, la CNDH cerró la queja después de recibir un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que negaba el espionaje, pese a que existían elementos que apuntaban en sentido contrario.
El caso concentra una cuestión central sobre el método de investigación: la negativa de una institución involucrada no equivale, por sí misma, a una verificación independiente. Para evaluar una denuncia de vigilancia, la calidad de la respuesta depende de la revisión de evidencias y de la explicación pública de por qué se descarta o se confirma una posible intervención. El informe cuestiona precisamente el cierre de la queja en esas circunstancias, aunque la información publicada no detalla aquí todos los elementos técnicos del caso.
Un deterioro con efectos más amplios
Berkeley también retoma el balance del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) sobre la gestión de la CNDH entre 2019 y 2024. Ese análisis describe un deterioro institucional considerable y caracteriza como pasivo el papel de la comisión ante asuntos relevantes del sexenio: militarización, política migratoria, megaproyectos en territorios indígenas y estigmatización de periodistas.
La conexión entre esos temas es la función de supervisión pública: en cada uno, las decisiones de autoridades pueden afectar derechos y requieren investigación autónoma. Las críticas de Berkeley y Centro Prodh plantean que una respuesta débil no solo deja sin resolver denuncias individuales, sino que reduce la capacidad de la institución para fijar límites y exigir explicaciones. Los informes ofrecen un diagnóstico crítico; su alcance, sin embargo, no sustituye la revisión de cada expediente ni determina por sí solo responsabilidades legales. Sí sitúa la independencia y el rigor de la CNDH como condiciones esenciales para que sus investigaciones tengan credibilidad.