El próximo Gobierno de Brasil heredará una contradicción difícil de resolver: deberá corregir unas cuentas públicas deterioradas sin desarmar la red de protección social que sostiene a millones de personas. El déficit fiscal previsto al cierre del mandato de Luiz Inácio Lula da Silva alcanza el 8,1%, mientras el crecimiento pierde impulso y el Fondo Monetario Internacional ha rebajado al 2,1% su previsión para 2026. La discusión electoral, sin embargo, apenas ha abordado cómo financiar el ajuste que el país parece tener por delante.
Un agujero fiscal que ya no admite aplazamientos
La magnitud del desequilibrio es el primer anclaje de la crisis. Durante los últimos cuatro años, la política económica expansiva del Gobierno de Lula se combinó con subsidios, beneficios y desgravaciones vinculados a la campaña electoral. El volumen de esas medidas se sitúa en torno a los 300.000 millones de reales, unos 52.000 millones de euros, aunque Flávio Bolsonaro eleva la estimación hasta los 400.000 millones. La diferencia entre ambas cifras no cambia la conclusión central: se trata de compromisos que deberán pagarse.
El ajuste podrá adoptar la forma de un recorte del gasto, una subida de impuestos o una mezcla de ambas opciones. Ninguna resulta políticamente sencilla. Brasil ya soporta una carga fiscal elevada y, al mismo tiempo, mantiene una demanda enorme de servicios públicos. Reducir el déficit sin explicar qué partidas se reducirán, qué impuestos subirán y quién asumirá el coste solo prolongaría la incertidumbre. O Globo ha advertido que el país tendrá que equilibrar sus cuentas durante el próximo mandato, aunque esa necesidad todavía no ocupa el centro del debate político.
El límite del recorte está en los programas que sostienen la vida cotidiana
La segunda dificultad es que buena parte del gasto no puede tratarse como una partida prescindible sin provocar consecuencias sociales inmediatas. Marco Antonio Carvalho Teixeira, profesor de la Fundación Getulio Vargas, señala que el próximo Ejecutivo no podrá desmantelar Bolsa Familia, el principal programa de transferencias dirigido a hogares pobres y en pobreza extrema. Sus beneficiarios representan el 26,6% de la población, unos 56,3 millones de personas, una cifra superior a la población de España.
La misma restricción alcanza a la universidad pública, al programa Farmacia Popular, que facilita el acceso a medicamentos a precios reducidos, y a Pé-de-meia, creado para ofrecer incentivos financieros a estudiantes y evitar el abandono escolar. Estos programas no solo tienen una dimensión presupuestaria: también funcionan como mecanismos de cohesión en un país donde la desigualdad territorial sigue siendo profunda. Un ajuste que ignorara esa realidad podría mejorar temporalmente las cuentas y, a la vez, aumentar la pobreza, la deserción escolar y la presión sobre otros servicios públicos.
El reto consiste, por tanto, en distinguir entre gasto social con impacto directo y beneficios dispersos o de baja eficacia. Esa tarea exige una revisión rigurosa de subsidios y exenciones, pero también una capacidad política para preservar los programas esenciales sin convertirlos en intocables por razones electorales. La calidad del ajuste dependerá menos de su dureza que de su precisión.
Dos Brasiles bajo una misma factura pública
La tercera ancla es la desigualdad estructural. En el nordeste, la pobreza alcanza a casi la mitad de la población; en el sur, no supera el 12%. El contraste resume la dificultad de aplicar una receta uniforme a un territorio con capacidades económicas, necesidades sociales y niveles de prestación muy distintos. Brasil es, al mismo tiempo, una potencia industrial y aeroespacial, con Embraer entre los grandes fabricantes de aviones del mundo, y un país donde extensas áreas urbanas carecen de vivienda adecuada, transporte y saneamiento.
O Globo ha descrito un cuadro que trasciende el déficit: servicios públicos de mala calidad, especialmente en sanidad y educación; violencia y expansión del crimen organizado; ciudades caóticas y un Estado condicionado por intereses corporativos y provincianos. La Constitución promete más de lo que las finanzas públicas pueden sostener, incluso con una presión tributaria elevada. En ese contexto, el ajuste no será solo una operación contable. También deberá decidir qué Estado puede financiar Brasil y con qué nivel de eficiencia.
Carvalho Teixeira añade otro componente: la necesidad de una flexibilización laboral razonable en un país donde muchas personas carecen de formación. Esa reforma podría ampliar el empleo formal y mejorar la productividad, pero solo sería sostenible si se acompaña de educación, capacitación y protección frente a la precariedad. Presentarla como una solución rápida al déficit sería tan insuficiente como ignorar su potencial para elevar los ingresos y reducir la dependencia de las transferencias.
Menor crecimiento, mayor exposición a los mercados
El cuarto riesgo aparece en el frente financiero. La rebaja de la previsión de crecimiento al 2,1% para 2026 reduce el margen para que la expansión económica absorba el deterioro fiscal. Cuando la economía crece menos, aumentan las dificultades para recaudar, financiar programas y estabilizar la deuda sin medidas impopulares. La combinación de déficit elevado y crecimiento moderado puede alimentar dudas sobre la trayectoria de las cuentas públicas.
El FMI ha señalado que una tensión en los mercados internacionales podría desencadenar una huida hacia activos considerados más seguros. Para las economías emergentes, eso suele traducirse en mayores diferenciales soberanos, presión sobre la moneda y condiciones de financiación internas más restrictivas. Brasil no necesita esperar una crisis externa para sufrir sus efectos: una pérdida gradual de confianza puede encarecer la deuda y reducir el espacio fiscal disponible para políticas sociales e inversión.
El próximo Gobierno tendrá que transformar esta advertencia en una estrategia creíble. No bastará con prometer beneficios ni con anunciar recortes generales. La respuesta deberá combinar disciplina presupuestaria, protección de los programas imprescindibles, mejora de los servicios y reformas capaces de elevar la productividad. El desafío central de Brasil no es elegir entre responsabilidad fiscal y bienestar social, sino demostrar que puede financiar ambos sin seguir trasladando el coste hacia el futuro.