La segunda vuelta presidencial de Brasil, que enfrentará este domingo a Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, tendrá consecuencias mucho más amplias que la elección de un nuevo jefe de Estado. El resultado puede modificar el equilibrio político del Mercosur, la relación con Argentina y el margen de maniobra de Washington en una región decisiva por sus recursos naturales, su mercado y su peso diplomático.
Las últimas encuestas describen un empate técnico después de que el senador opositor sorprendiera al imponerse en la primera vuelta. La contienda llega así a una instancia especialmente incierta: Lula conserva el control del Ejecutivo y deja una economía con señales de estabilidad, mientras Bolsonaro representa el regreso del clan político de su padre y una posible alineación más estrecha con Javier Milei.
Una elección que se juega dentro y fuera de Brasil
Brasil es la cuarta democracia más grande del mundo y comparte fronteras con diez países sudamericanos. Por su dimensión, cualquier cambio en Brasil repercute en las cadenas industriales, los flujos comerciales y las decisiones diplomáticas de sus vecinos. Para Argentina, además, se trata de uno de sus dos principales socios comerciales, junto con China, y de la economía que históricamente funcionó como locomotora de su producción.
El interés internacional también tiene una explicación estratégica. Para Washington, un gobierno brasileño políticamente alineado con la agenda trumpista significaría ampliar su influencia sobre una zona rica en alimentos, energía, minerales y biodiversidad. La eventual victoria de Bolsonaro, sin embargo, no garantiza por sí sola una transformación inmediata: el Congreso, los gobernadores, el empresariado y el llamado Centrão tienen capacidad suficiente para limitar cualquier giro presidencial.
El próximo gobierno heredará una economía ordenada, pero exigente
El país llega a la votación con reservas internacionales por unos 374.000 millones de dólares, un nivel récord de ocupación y varios años de crecimiento sostenido. La inflación, situada en torno del 42%, permanece dentro del rango fijado por el Banco Central según los datos difundidos en la campaña. Esa combinación permite a Lula defender una administración estable, aunque no elimina las tensiones fiscales acumuladas.
El déficit fiscal aumentó con fuerza entre 2024 y 2025 y la deuda pública se acerca al 95% del producto. A la vez, la tasa de interés se ubica en un nivel extraordinario, cercano al 1375%, casi diez puntos por encima de la inflación mencionada. Tanto Lula como Bolsonaro anunciaron un ajuste para reducir los números rojos y aliviar el costo financiero, pero ninguno detalló con precisión cómo distribuirá el esfuerzo.
La reducción del empleo estatal, el recorte de gastos generales y una menor inversión en obra pública aparecen entre las medidas posibles. La incógnita central no es solamente cuánto se ajustará, sino quién pagará el costo político y social. Un programa severo podría fortalecer la confianza financiera, pero también frenar el consumo y deteriorar el apoyo parlamentario del próximo presidente.
El Congreso será tan importante como el Palacio del Planalto
La primera vuelta dejó una mutación decisiva en el poder legislativo. La derecha y la centroderecha reúnen 276 de las 513 bancas de Diputados, mientras que en el Senado controlan 49 de los 81 escaños. El Partido Liberal, identificado con la familia Bolsonaro, sumó 19 senadores y se convirtió en el bloque más numeroso, con 28 representantes.
Ese mapa condicionará cualquier promesa de cambio. El Congreso controla una porción importante del presupuesto nacional, una atribución reforzada durante el gobierno de Jair Bolsonaro para evitar una crisis de gobernabilidad. Además, el Centrão, una alianza informal de partidos de orientación diversa pero predominantemente conservadora, mantiene una influencia decisiva y suele negociar su apoyo a cambio de recursos, cargos y capacidad de decisión.
Por eso, una victoria de Bolsonaro no equivaldría automáticamente a una liberalización profunda. El empresariado brasileño conserva una tradición proteccionista y las Fuerzas Armadas, de las que el expresidente fue capitán, tampoco han sido históricamente partidarias de una apertura irrestricta. Las privatizaciones anunciadas para empresas públicas como el Correo y Petrobras podrían enfrentar obstáculos, al igual que una baja generalizada de impuestos.
La relación con Argentina puede cambiar de tono antes que de estructura
La afinidad política entre Milei y Flávio Bolsonaro permitiría recomponer la confianza bilateral después de varios años de desencuentros. Actualmente, la balanza comercial muestra un déficit para Argentina de 263 millones de dólares: exporta por 1.153 millones e importa por 1.416 millones. Una relación presidencial más cercana podría favorecer acuerdos sectoriales, pero no corregiría por sí misma esa asimetría.
El punto de mayor impacto regional sería el futuro del Mercosur. Brasil y Argentina han sostenido una posición proteccionista que bloqueó acuerdos de libre comercio reclamados especialmente por Uruguay. Como las decisiones requieren unanimidad, el cambio de posición de Brasil podría favorecer una apertura impulsada desde Buenos Aires y Asunción.
En ese escenario, podría revisarse el arancel externo común, que va desde cero hasta el 35% y alcanza el 20% en numerosos productos. También volvería a discutirse si cada socio puede negociar acuerdos comerciales propios sin obtener la aprobación de los demás. La elección brasileña, entonces, no solo definiría un estilo de gobierno: podría poner en cuestión las reglas que sostienen al bloque.
Las promesas de giro chocan con dos límites: China y la Amazonía
Una administración de Bolsonaro difícilmente rompa de manera abrupta con China, principal socio comercial de Brasil y actor central de los Brics. La necesidad de sostener exportaciones, inversiones y reservas de mercado pesa más que cualquier alineamiento ideológico. La política exterior podría adoptar un tono más cercano a Washington, pero el vínculo económico con Beijing seguiría siendo difícil de reemplazar.
El otro límite es ambiental. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, la deforestación amazónica alcanzó sus peores niveles en 15 años, en paralelo con el debilitamiento de los organismos de control y la reducción de recursos para fiscalización. Entre agosto de 2020 y julio de 2021 se perdieron 13.235 kilómetros cuadrados de selva, según los registros satelitales oficiales, la cifra más alta desde 2006.
Lula revirtió parte de ese deterioro, aunque el hallazgo de petróleo en la desembocadura del Amazonas abrió una nueva contradicción entre desarrollo energético y protección ambiental. El próximo gobierno deberá administrar esa tensión junto con el ajuste fiscal, la presión legislativa y la relación con sus vecinos. Para Argentina, la pregunta no será únicamente quién gana, sino qué tipo de Brasil podrá gobernar después de la elección.