Brasil elegirá este domingo a su próximo presidente en una segunda vuelta que enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, con el senador Flávio Bolsonaro. La contienda no solo decidirá quién gobernará durante los próximos cuatro años: también definirá si el país mantiene el rumbo de la izquierda o devuelve a la familia Bolsonaro al Palacio del Planalto.
Cerca de 160 millones de brasileños están convocados a votar después de una primera ronda sin ganador absoluto. En la votación del 4 de octubre, Bolsonaro obtuvo el 47% de los sufragios y Lula alcanzó el 45%, una diferencia superior a 2,2 millones de votos. Pese a esa ventaja inicial, los sondeos describen una carrera estrecha, en la que el costo de vida, la delincuencia y la relación con Estados Unidos pueden inclinar el resultado.
Una elección abierta pese a la ventaja inicial
El sistema brasileño exige que un candidato obtenga más de la mitad de los votos válidos para ganar la presidencia en la primera vuelta. Como ninguno alcanzó ese umbral, los dos aspirantes más votados regresan a las urnas. El voto es obligatorio y se realiza mediante urnas electrónicas, cuyos resultados suelen comenzar a conocerse pocas horas después del cierre de los centros de votación.
La participación será un factor decisivo. Más de 33 millones de electores, equivalentes al 21% del padrón, no acudieron a la primera ronda. Quienes se ausentaron todavía pueden votar, aunque podrían recibir una multa si no justifican su inasistencia. En una competencia tan ajustada, la capacidad de cada campaña para movilizar a sus simpatizantes puede ser tan importante como la conquista de nuevos apoyos.
Además de la presidencia, los votantes decidirán contiendas para gobernador en cinco estados y en el distrito federal. Esas disputas regionales pueden modificar el equilibrio político del país y condicionar la capacidad del próximo gobierno para aplicar sus políticas, especialmente en seguridad pública, asistencia social y administración presupuestaria.
Lula busca convertir la experiencia en una nueva oportunidad
A los 80 años, Lula aspira a obtener un cuarto mandato presidencial. Fue presidente entre 2003 y 2010 y regresó al cargo en 2023, tras una trayectoria que comenzó como trabajador industrial y dirigente sindical. Sus primeros gobiernos coincidieron con un periodo de expansión económica impulsado por las materias primas. El crecimiento, combinado con programas de asistencia, contribuyó entonces a reducir la pobreza y consolidó su base política entre los sectores populares.
Su historia también incluye un episodio judicial que sigue influyendo en la polarización brasileña. Lula estuvo más de un año en prisión tras condenas por corrupción que posteriormente fueron anuladas. Para sus partidarios, ese proceso fue una persecución política; para sus adversarios, forma parte de los cuestionamientos que rodean su trayectoria. La disputa sobre ese pasado continúa alimentando la desconfianza entre ambos bloques electorales.
El desafío actual es menos favorable que el de sus primeros gobiernos. La aprobación presidencial ha caído hasta el 24%, mientras aumentan las preocupaciones por el costo de vida y la delincuencia. En respuesta, Lula ha aumentado un 15% los pagos del programa Bolsa Familia, redujo impuestos a los combustibles, condonó deudas públicas de 3,6 millones de pequeñas empresas y propuso ampliar la ayuda para estudiantes universitarios.
En los días previos a la segunda vuelta, el Senado aprobó una propuesta respaldada por su gobierno para reducir la semana laboral máxima de 44 a 40 horas, con dos días de descanso y sin disminución salarial. La medida busca presentar al oficialismo como una fuerza capaz de mejorar las condiciones laborales, aunque también puede intensificar el debate sobre los costos que tendría para las empresas y el empleo.
Flávio Bolsonaro ofrece continuidad con un tono más moderado
Flávio Bolsonaro, abogado y senador de 45 años, representa el intento de su familia por conservar el poder después de la presidencia de Jair Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2022. El expresidente no participa en estos comicios porque fue condenado a 27 años de prisión por intentar impedir la transferencia del poder tras su derrota electoral.
El senador mantiene posiciones conservadoras vinculadas con su padre, pero ha procurado proyectar una comunicación menos confrontativa para atraer a votantes centristas. Su principal eje es la seguridad pública. Propone construir grandes centros penitenciarios, inspirados en el modelo aplicado en El Salvador, declarar terroristas a las pandillas transnacionales y permitir que jóvenes desde los 16 años sean juzgados como adultos.
Ese programa responde a una preocupación extendida, pero también plantea interrogantes sobre la eficacia y las consecuencias de endurecer el sistema penal. Brasil ya enfrenta cárceles superpobladas y organizaciones criminales con fuerte presencia territorial. Por ello, la elección no solo pone en juego quién promete más severidad, sino qué estrategia puede reducir realmente la violencia sin ampliar el control de las redes delictivas dentro de las prisiones.
En materia ambiental, Bolsonaro ha cuestionado que la actividad humana sea responsable del cambio climático y ha prometido combatir la deforestación ilegal. Su campaña, sin embargo, está afectada por las investigaciones sobre sus vínculos financieros con el banquero Daniel Vorcaro. El senador reconoció haber recibido millones de dólares para producir una película sobre la vida de su padre y es investigado por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal. Los señalamientos aún no han sido resueltos judicialmente.
La relación con Trump amplía el alcance de la disputa
La política exterior se ha convertido en otro terreno de confrontación. Lula advierte sobre posibles intentos de intervención extranjera y presenta la defensa de la soberanía brasileña como un componente central de su campaña. Flávio Bolsonaro, en cambio, conserva vínculos políticos con Donald Trump, quien ha expresado respaldo a la familia Bolsonaro.
Las relaciones entre Brasil y Estados Unidos se tensaron después de que Trump anunciara aranceles del 50% para productos brasileños, entre otras razones por el proceso judicial contra Jair Bolsonaro. Posteriormente, la administración estadounidense impuso nuevas medidas comerciales y clasificó como grupos terroristas extranjeros a importantes organizaciones del narcotráfico brasileño.
El gobierno de Lula rechazó esa designación porque considera que podría servir de justificación para una intervención en territorio brasileño. Así, una elección inicialmente dominada por la economía y la seguridad también se ha convertido en un plebiscito sobre los límites de la influencia externa. El resultado definirá quién ocupa la presidencia, pero igualmente señalará hasta qué punto la sociedad brasileña acepta la continuidad de un proyecto de izquierda o apuesta por el regreso de una derecha asociada a la familia Bolsonaro y a una relación más cercana con Trump.