La fiscalía brasileña reclama 540 millones de reales —unos 108 millones de dólares— a Shell Brasil por los daños ocasionados por las inundaciones que devastaron el estado de Rio Grande do Sul entre abril y mayo de 2024. La acción judicial, elaborada junto con la organización Instituto Preservar, busca atribuir a la filial local una responsabilidad civil ambiental y climática por las pérdidas materiales y los daños morales colectivos provocados por aquel desastre.
La demanda no sostiene que Shell haya causado por sí sola las lluvias extremas. Su argumento es distinto y, por eso, puede tener consecuencias más amplias: la empresa debería responder en proporción a la contribución histórica de su matriz al calentamiento global. Según el documento judicial obtenido por la AFP, esa participación equivale al 2% de las emisiones históricas mundiales de gases de efecto invernadero asociadas a la exploración, producción y comercialización de combustibles fósiles.
La fiscalía reclama 270 millones de reales por daños ambientales y climáticos, y una cantidad idéntica por daños materiales. El cálculo convierte la acción en una de las demandas más importantes dirigidas contra una petrolera por una catástrofe climática y coloca ante los tribunales brasileños una cuestión que hasta ahora había avanzado principalmente en Europa: si los grandes emisores pueden ser obligados a pagar por una parte cuantificable de los perjuicios sufridos por comunidades expuestas a fenómenos extremos.
La tragedia que dio origen al proceso
Las lluvias torrenciales registradas en el sur de Brasil durante aquellas semanas provocaron inundaciones históricas. Cerca de 200 personas murieron, alrededor de medio millón fueron desplazadas y las pérdidas materiales alcanzaron una escala sin precedentes en la región. Ciudades enteras quedaron anegadas, se interrumpieron vías de comunicación y miles de familias perdieron sus viviendas, negocios y fuentes de ingreso.
El caso presentado por la fiscalía parte de una conexión entre la dimensión global del cambio climático y sus consecuencias locales. La premisa es que el aumento de la temperatura del planeta incrementa la probabilidad o la intensidad de determinados episodios meteorológicos, mientras que las empresas que han obtenido beneficios de los combustibles fósiles han contribuido durante décadas a ese calentamiento. Desde esa perspectiva, los costos de la catástrofe no deberían recaer exclusivamente sobre las víctimas ni sobre las arcas públicas.
Thales Miola, abogado del Instituto Preservar, sostuvo que los grandes contaminadores que contribuyen de forma significativa a las emisiones también deben ser responsabilizados. La afirmación resume el conflicto central del proceso: determinar si una contribución histórica, distribuida entre múltiples compañías y países, puede transformarse en una obligación jurídica concreta frente a daños ocurridos en un territorio específico.
Una demanda inédita contra una petrolera
Maria Antonia Tigre, del Centro Sabin de Derecho sobre el Cambio Climático de la Universidad de Columbia, calificó el proceso como el primero en el que un fiscal nacional demanda a una gran petrolera por una catástrofe climática. La novedad no está únicamente en el monto reclamado, sino también en quién impulsa la acción: no se trata solo de particulares que buscan compensación, sino de una fiscalía que plantea una controversia de interés colectivo.
Shell Brasil respondió a la AFP que no había recibido una notificación formal sobre el proceso mencionado. Esta posición no implica una aceptación de los hechos ni de la competencia judicial, y permite anticipar que la petrolera podría cuestionar tanto la relación causal propuesta como la metodología utilizada para calcular los daños. En litigios de esta naturaleza, la discusión probablemente abarcará la prueba científica, la atribución de emisiones y los límites de la responsabilidad de una filial por las actividades globales de su empresa matriz.
El desafío jurídico es considerable. Las inundaciones de Rio Grande do Sul tuvieron múltiples factores: condiciones atmosféricas, ocupación del territorio, deficiencias de infraestructura y vulnerabilidades sociales, además del calentamiento global. Para que prospere la demanda, la justicia deberá valorar si es posible aislar la contribución climática de Shell y traducirla en una proporción indemnizable sin convertir la incertidumbre científica en un obstáculo absoluto.
El precedente que buscan ampliar los demandantes
La acción brasileña forma parte de una ofensiva judicial internacional contra grandes compañías contaminantes. En Alemania, la justicia reconoció el año pasado que, en principio, puede existir una relación jurídicamente relevante entre la participación de una empresa en las emisiones globales y los riesgos climáticos sufridos por una persona concreta. El caso fue presentado por el campesino peruano Saúl Luciano Lliuya contra la energética alemana RWE.
Aunque los jueces alemanes rechazaron una indemnización en ese caso particular, permitieron que el proceso avanzara y dejaron abierta la puerta a otras demandas. Ese razonamiento es relevante para Brasil porque desplaza el debate desde la pregunta de quién provocó un desastre hacia otra más precisa: qué proporción de la responsabilidad corresponde a cada emisor y cómo debe demostrarse.
Otros litigios siguen una lógica parecida. En Reino Unido, víctimas del tifón Odette, que golpeó Filipinas en 2021, demandaron a Shell. En Suiza, cuatro habitantes de la isla indonesia de Pari llevaron ante los tribunales al fabricante de cemento Holcim por los efectos de la subida del nivel del mar. En Alemania, RWE y Heidelberg Materials enfrentan acciones relacionadas con las inundaciones que afectaron a agricultores de Pakistán en 2022.
La batalla por trasladar el costo climático
La demanda brasileña no garantiza una condena ni fija todavía un nuevo estándar legal. Sin embargo, introduce una presión relevante sobre el modelo tradicional de reparación de desastres, en el que el Estado, las comunidades y las víctimas absorben la mayor parte de los costos. Si los tribunales aceptaran que las emisiones históricas pueden servir para distribuir responsabilidades, las empresas enfrentarían riesgos jurídicos crecientes en países alejados de sus sedes corporativas.
El resultado dependerá de la capacidad de la fiscalía para demostrar tres vínculos: la contribución de las actividades de Shell al calentamiento global, la relación entre ese calentamiento y la intensidad del fenómeno ocurrido en Rio Grande do Sul, y el valor económico de los daños atribuibles. Cada eslabón exige evidencia científica y jurídica precisa.
Por eso, el proceso puede ser importante incluso si no termina con el pago íntegro de los 108 millones de dólares. Su verdadera trascendencia estará en definir si la responsabilidad climática puede dejar de ser una cuestión general de política ambiental y convertirse en una obligación concreta para quienes más han contribuido a generar el riesgo. En Brasil, la reconstrucción de una región devastada acaba de abrir una nueva etapa de esa disputa mundial.