El segundo informe de Clara Brugada en el Congreso de Ciudad de México tuvo la escenografía y el pulso de un acto partidista. A Donceles acudieron cinco gobernadores, cinco secretarios federales, los 16 alcaldes capitalinos y dirigentes de Morena; entre consignas de apoyo, la sesión solemne perdió por momentos su formalidad institucional. La magnitud de la convocatoria fue más que un telón de fondo: mostró la capacidad de la jefa de Gobierno para reunir al oficialismo y situó su rendición de cuentas en una antesala política, aunque las campañas de 2027 todavía no comienzan.
Una convocatoria que convirtió el Congreso en escaparate de Morena
La presencia de representantes del Gobierno federal, mandatarios estatales y diplomáticos dio al acto un alcance poco habitual para un informe local. Brugada saludó especialmente a Marath Bolaños, enviado personal de la presidenta Claudia Sheinbaum, y evocó tanto a Sheinbaum como a Andrés Manuel López Obrador antes de abordar los problemas de la capital. La reacción entusiasta de un público mayoritariamente morenista confirmó la centralidad de esas figuras en la identidad política de su administración. A la vez, los abucheos a la oposición durante las intervenciones parlamentarias evidenciaron que la pluralidad estuvo presente, pero con escaso espacio para imponerse al tono dominante.
Metro, predial y despojos: la disputa por los datos
En una exposición de hora y media, la jefa de Gobierno respondió a las críticas sobre servicios y derechos de propiedad con cifras y negativas tajantes. Aseguró que el predial no aumentará en 2027 y rechazó que la ciudad atraviese una crisis de despojos, pese a los casos denunciados en zonas de alta plusvalía. Sobre las fallas del Metro, sostuvo que se destinaron 48.000 millones de pesos al sistema durante el último año, una cifra que utilizó para defender la prioridad presupuestaria de su administración.
La estrategia busca contraponer datos oficiales a temores y acusaciones de la oposición, pero no resuelve por sí sola el debate: la inversión reportada no explica la experiencia cotidiana de las interrupciones, y negar una crisis no sustituye la evaluación de los casos denunciados. En el agua, Brugada recurrió a su experiencia en Iztapalapa, donde vivió y gobernó, para vincular su trayectoria política con una de las carencias más persistentes de la ciudad. Así, la defensa de la gestión combinó indicadores administrativos y credenciales personales.
Vivienda como derecho, con el horizonte de 2027
La propuesta de una ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles fue el anuncio de mayor alcance programático. Brugada presentó la vivienda como un derecho frente al encarecimiento de los alquileres y comparó la presión sobre los barrios capitalinos con la de ciudades como Madrid, Londres, Nueva York y Buenos Aires. La iniciativa conecta una preocupación local con una agenda urbana internacional, aunque su impacto dependerá de las reglas concretas que se planteen para equilibrar la protección de inquilinos y las obligaciones de los propietarios.
El informe también dejó claro que la disputa política ya se proyecta hacia 2027, cuando se renovarán las 66 diputaciones locales y las 16 alcaldías. Brugada prometió que su administración no intervendrá en el proceso y pidió que la competencia se centre en propuestas, no en insultos. Su llamado a contener discursos de odio convivió con una ceremonia marcada por consignas y fotografías con dirigentes del ala dura de Morena: una tensión que resume el momento político. El acto defendió una agenda de Gobierno, pero también exhibió la fuerza del movimiento que buscará conservar el poder en la capital.