La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó una iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles para contener los aumentos abusivos y reforzar la protección de quienes rentan una vivienda. El eje central es limitar cualquier incremento anual al nivel de la inflación reportada por el INEGI, una medida que busca reducir la pérdida de capacidad de pago de los hogares.
Reglas para inquilinos y propietarios
La propuesta plantea una carta de derechos y obligaciones para ambas partes, así como eliminar la exigencia simultánea de depósito, fiador, póliza jurídica y obligado solidario: solo podría solicitarse una garantía. También prohibiría la discriminación por origen étnico, edad u orientación sexual y reconocería el derecho a vivir con niñas, niños y animales de compañía.
Los inquilinos tendrían que pagar puntualmente, conservar el inmueble y respetar el uso pactado. A su vez, los arrendadores deberían registrar los contratos, mantener la vivienda en condiciones adecuadas y devolver los depósitos conforme a lo acordado. Los contratos tendrían una duración mínima de un año y existiría un registro digital con protección de datos personales. El incumplimiento generaría sanciones.
La iniciativa incluye además una Defensoría Inquilinaria, adscrita a la Procuraduría Social, que ofrecería asesoría y defensa jurídica gratuita tanto a inquilinos como a propietarios. Su función sería equilibrar una relación que suele estar marcada por la desigualdad de información y capacidad de negociación, sin convertir la regulación en una protección exclusiva para una de las partes.
Una respuesta a la presión habitacional
El gobierno capitalino también propone ampliar la vivienda pública en renta, incentivar contratos multianuales, crear un gabinete de acompañamiento social ante desalojos y establecer un observatorio para analizar precios, suelo y gentrificación. La iniciativa no intervendría en los juicios de desalojo, pero exigiría que estos procedimientos se desarrollen sin violencia.
La presión que intenta atender es creciente: casi 30% de las familias capitalinas vive en una vivienda rentada y más de dos millones de personas dependen de este mercado. Según las cifras expuestas por Brugada, el número de inquilinos aumentó 54% en 15 años, mientras el precio de la vivienda se multiplicó por cinco en dos décadas. En algunas alcaldías centrales, más de 40% de los inmuebles son rentados y ciertos hogares destinan hasta 40% de sus ingresos al alquiler.