Inicio / Noticias / Política / Brugada reivindica la protesta como derecho y enfrenta el reto de convertir la garantía en prácticaEn su segundo informe de gobierno, Clara Brugada presentó una definición política nítida sobre la protesta en Ciudad de México: no debe perseguirse, sino garantizarse. Desde el Congreso capitalino, el miércoles 14 de octubre, la jefa de Gobierno afirmó que nunca ordenará reprimir una manifestación y sostuvo que la libertad de unos no puede cancelar la de otros. La declaración, formulada ante cuestionamientos de legisladores de oposición, coloca en primer plano una tensión que ningún gobierno urbano puede resolver solo con discursos: proteger la expresión colectiva y, al mismo tiempo, resguardar la movilidad, la seguridad y las actividades cotidianas de quienes no participan.Brugada informó que durante sus dos años de gestión se han realizado más de ocho mil mesas de trabajo para atender movimientos sociales que llegan a la capital. También presentó la pluralidad y las libertades —incluidos los derechos de la comunidad LGBT— como rasgos constitutivos de la ciudad. Para defender su compromiso, evocó su participación en movimientos sociales y la herencia del Movimiento del 68; respondió así a una crítica de una legisladora del PRI, al que atribuyó responsabilidad histórica por la represión estudiantil. En el relato oficial, la experiencia de la protesta y la memoria política funcionan como fundamento de una política de apertura.El dato de las mesas importa, pero no demuestra por sí solo eficaciaLa cifra de ocho mil mesas es el elemento cuantificable más concreto del informe. Sugiere una administración que apuesta por interlocución antes que por la confrontación y que reconoce que las movilizaciones reúnen causas diversas, con interlocutores y demandas que cambian de un día a otro. Sin embargo, el número no permite saber cuántas reuniones concluyeron en acuerdos, qué proporción de compromisos se cumplió ni si los colectivos más pequeños tuvieron acceso equivalente a las autoridades. Una mesa celebrada es una actividad administrativa; no necesariamente una solución, y mucho menos una garantía de derechos.Esta diferencia es decisiva para evaluar el impacto institucional. Si el indicador mide reuniones, puede incentivar volumen; si mide compromisos verificables, cumplimiento y satisfacción de las partes, puede mostrar capacidad de respuesta. La información presentada no ofrece esos desgloses. Por ello, la cifra debe leerse como señal de esfuerzo de gestión, no como prueba concluyente de que la interlocución haya reducido conflictos o mejorado la protección de manifestantes. La ausencia de métricas públicas comparables deja espacio para interpretaciones contrapuestas: el gobierno puede destacar el diálogo; sus críticos pueden preguntar por sus resultados.La primera conclusión analítica es que el desafío no consiste únicamente en evitar órdenes de represión. La garantía efectiva depende también de protocolos claros, comunicación entre autoridades y manifestantes, atención médica, protección frente a agresiones y mecanismos independientes para investigar abusos. Una promesa personal de la jefa de Gobierno tiene peso político, pero la continuidad de una política pública requiere reglas y controles que sobrevivan a las personas que ocupan el cargo. Sin ellos, la protección puede variar según la coyuntura, la causa convocante o la presión pública.La libertad de manifestarse convive con derechos que también deben protegerseLa frase de Brugada —la libertad de unos no debe cancelar la de otros— resume el punto de fricción más tangible. Una movilización puede interrumpir tránsito, modificar el acceso a comercios o servicios y afectar a residentes que no comparten sus demandas. Esas consecuencias no vuelven ilegítima la protesta: son parte del costo social de hacer visible un reclamo. Pero tampoco desaparecen por reconocer el derecho a manifestarse. La autoridad debe distinguir entre molestias inherentes a una concentración y riesgos concretos para la integridad de las personas, y responder con medidas proporcionadas en lugar de tratar toda perturbación como una amenaza.Para quienes protestan, la capital es un escenario de alcance nacional: concentra instituciones, medios y espacios donde las demandas pueden adquirir visibilidad. La declaración de que todas las manifestaciones son bienvenidas puede fortalecer la confianza de colectivos que temen ser criminalizados. Para habitantes, trabajadores, comerciantes y usuarios del transporte, en cambio, la legitimidad de la protesta no elimina la necesidad de información oportuna, rutas alternativas y atención a emergencias. Y para policías y equipos de protección civil, la consigna de no reprimir debe traducirse en instrucciones operativas precisas: actuar con contención no significa carecer de herramientas para prevenir daños o separar a quienes ejercen violencia de quienes se manifiestan pacíficamente.Una segunda conclusión es que la política de diálogo vale tanto por su capacidad de abrir canales como por la equidad con que distribuye atención. Ocho mil mesas pueden indicar una interlocución extensa, pero la pregunta relevante para los movimientos es si tienen interlocutores estables y respuestas trazables; para quienes no participan, si el gobierno gestiona efectos previsibles sin convertir la protesta en una excusa para restringir libertades. Publicar criterios de convocatoria, acuerdos y seguimiento permitiría reducir la sospecha de que el acceso depende de afinidad política o de la capacidad de presión de cada grupo.Memoria histórica: argumento político y obligación presenteLa alusión al Movimiento del 68 aporta una dimensión histórica al debate. Brugada invocó esa herencia para sostener que no puede reprimir movimientos sociales y destacó que ella misma participó en distintas movilizaciones. La memoria puede establecer un límite simbólico frente a la violencia estatal: recuerda que tratar la protesta como desorden puede conducir a abusos graves. Sin embargo, la legitimidad democrática no se acredita únicamente por la biografía de una gobernante ni por la historia de un partido. Se acredita en decisiones observables, especialmente cuando la manifestación critica al propio gobierno, cuando existe tensión en la calle o cuando la presión política exige una respuesta inmediata.El intercambio con la legisladora priista muestra, además, que la discusión sobre derechos puede convertirse en disputa partidista por la autoridad moral. La referencia de Brugada a la represión estudiantil responde al reclamo, pero corre el riesgo de desplazar la cuestión principal: qué garantías rigen hoy, quién verifica su cumplimiento y qué consecuencias afronta una autoridad que las vulnera. La historia sirve para explicar por qué importa el derecho; no sustituye la rendición de cuentas contemporánea ni exime a ninguna administración de escrutinio.El Mundial de 2026 será una prueba, no una certificaciónBrugada citó las movilizaciones ocurridas durante los festejos del Mundial 2026 como ejemplo de convivencia entre el derecho a divertirse y el de manifestarse. Ese caso, tal como fue presentado en el informe, ilustra que eventos masivos y expresiones de desacuerdo pueden coexistir. Pero un ejemplo aislado no permite concluir que todas las movilizaciones recibieron el mismo trato ni que los protocolos funcionaron igual en circunstancias distintas. La escala de una celebración, la presencia de visitantes y el despliegue de seguridad pueden aumentar tanto la capacidad de organización como el riesgo de respuestas desproporcionadas.De cara al futuro, el compromiso público crea una expectativa verificable. Cada protesta de alto impacto pondrá a prueba si el gobierno facilita la expresión, comunica restricciones justificadas y documenta el uso de la fuerza cuando ocurra. La tendencia más constructiva sería pasar de mesas de trabajo contabilizadas a un sistema de seguimiento público: acuerdos con responsables y plazos, protocolos accesibles, datos sobre incidentes y canales de queja con investigación imparcial. No se trata de burocratizar el derecho, sino de hacer visible cuándo la interlocución produce resultados y cuándo fracasa.El riesgo principal es una brecha entre el lenguaje de garantía y la experiencia de quienes salen a la calle. Si las autoridades permiten unas movilizaciones y obstaculizan otras sin criterios transparentes, la promesa perderá credibilidad; si, en nombre del orden, confunden afectaciones ordinarias con amenazas, pueden restringir derechos; y si la atención se limita a reuniones sin seguimiento, la frustración puede crecer. También existe el riesgo inverso: que el principio de no represión se interprete como ausencia de gestión frente a agresiones o emergencias, debilitando la seguridad de manifestantes y terceros.El informe de Brugada fija una posición política relevante, pero su alcance dependerá menos de la contundencia de la frase que de su aplicación consistente. La capital puede reivindicarse como espacio plural si quienes protestan conservan su voz, quienes no marchan reciben protección razonable y las autoridades responden con reglas comunes, no con excepciones partidistas. La prueba de una garantía no es que se anuncie en el Congreso, sino que se sostenga precisamente cuando la protesta incomoda al poder y cuando sus efectos exigen decisiones difíciles.