El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció el 13 de octubre que su Gobierno estudia liberar anticipadamente y bajo condiciones a cerca de la mitad de los presos acusados de colaborar con las pandillas. La propuesta introduce una posible excepción dentro de la política de encarcelamiento masivo: no plantea absolver a los detenidos, sino distinguir entre distintos grados de participación y permitir que algunos cumplan el resto de la condena fuera de prisión, bajo monitoreo.
Una liberación para quienes seguirían siendo culpables
Bukele describió a los posibles beneficiarios como personas que “sí son culpables” y “sí merecen estar en la cárcel”, pero cuya situación podría evaluarse considerando el dominio que las pandillas ejercían sobre la vida cotidiana. Según el mandatario, no es equivalente participar activamente en la violencia que sobrevivir dentro de una comunidad sometida a esas estructuras. La distinción apunta a graduar responsabilidades, aunque no se han presentado criterios que permitan saber cómo se traduciría en decisiones individuales.
Como ejemplo, el presidente contrastó a quien ayudó a enterrar un cadáver con un joven obligado a vigilar una calle y alertar cuando se acercaba la Policía. Esa comparación muestra la lógica que podría sustentar el plan: separar la colaboración coercitiva o periférica de acciones con mayor daño. Sin reglas públicas, sin embargo, no es posible determinar quién valoraría esas diferencias ni qué pruebas se exigirían.
La magnitud del régimen define el alcance potencial
El régimen de excepción está vigente desde marzo de 2022 y suspende garantías constitucionales. El Gobierno afirma que al menos 93.162 personas han sido detenidas por pertenecer a pandillas o colaborar con ellas. Sobre ese universo, la estimación de Bukele —alrededor de la mitad de los presos colaboradores— sugiere un cambio de escala relevante, pero no equivale a un número confirmado: el mandatario no precisó cuántos serían elegibles ni cuándo podría comenzar la medida.
La falta de calendario y de detalles deja abierta una cuestión central: si se trata de una evaluación preliminar o de un programa ya en preparación. Para que la excarcelación condicional sea verificable, serían decisivos los mecanismos de selección, supervisión y revisión, así como la posibilidad de impugnar decisiones. Por ahora, el anuncio define una orientación política, no un procedimiento conocido.
La revisión se produce bajo denuncias de abusos
Organizaciones humanitarias han registrado más de 6.400 denuncias de atropellos y 570 muertes bajo custodia estatal, según el recuento citado en la información. En ese contexto, una revisión de condenas podría abrir espacio para diferenciar responsabilidades, pero su credibilidad dependerá de que el proceso sea transparente y examine cada caso. Una liberación anticipada no resolvería por sí misma las denuncias sobre detenciones y muertes durante la aplicación del régimen.
La política de excepción ha sido la principal respuesta del Gobierno contra las pandillas y ha contribuido a la popularidad de Bukele, reelegido para un segundo mandato pese a la prohibición constitucional vigente entonces. Organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, han advertido que el Estado podría estar cometiendo crímenes de lesa humanidad bajo esta disposición. La propuesta, por tanto, combina una posible corrección individual con una pregunta más amplia: si el Ejecutivo puede ajustar el alcance de la represión sin aclarar los controles y responsabilidades que acompañaron su aplicación.