California decidirá el 3 de noviembre si impone por primera vez en Estados Unidos un gravamen sobre la riqueza, y no solo sobre los ingresos. La Proposición 40 plantea cobrar un impuesto único del 5% del patrimonio neto a quienes poseían al menos 1.000 millones de dólares y residían en el estado el pasado 1 de enero: poco más de 200 personas, según las estimaciones disponibles.
Una votación con alcance nacional
La medida pretende recaudar decenas de miles de millones de dólares para compensar los recortes federales de Medicaid. El 90% de los fondos se dirigiría a la sanidad y el resto a educación y asistencia alimentaria. Sus impulsores, el sindicato SEIU United Healthcare Workers West y economistas de Berkeley como Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, la presentan como una respuesta inmediata al aumento de la desigualdad y a la concentración de recursos en el 1% más rico, que ya aporta cerca del 45% de la recaudación estatal.
El proyecto, sin embargo, ha fracturado al Partido Demócrata. El gobernador Gavin Newsom rechaza el impuesto, al igual que Planned Parenthood, la California Teachers Association y otros grupos civiles. Argumentan que un cobro extraordinario no garantiza ingresos estables y podría acelerar la salida de grandes fortunas, una preocupación reforzada por los traslados previos de Elon Musk, Peter Thiel y Larry Ellison a otros estados.
La batalla del voto indeciso
La oposición cuenta con una financiación abrumadora: unos 200 millones de dólares, casi la mitad aportados por Sergey Brin, frente a aproximadamente 35 millones de la campaña favorable. El desequilibrio financiero revela la dimensión del conflicto, pero no resuelve su principal incertidumbre: si la mayoría aceptará gravar de forma excepcional a un grupo reducido para sostener servicios públicos sometidos a presión.
Bernie Sanders ha definido la iniciativa como la medida electoral más importante del país, mientras Newsom sostiene que el problema de la desigualdad exige soluciones distintas. La última encuesta de Berkeley IGS registra un 45% de apoyo, un 42% de rechazo y un 13% de indecisos. A tres semanas de la votación, California no solo debate un impuesto: está poniendo a prueba hasta dónde puede llegar la agenda redistributiva demócrata sin perder el respaldo de sus aliados económicos y sociales.