La Proposición 40 de California plantea un impuesto extraordinario del 5 % sobre el patrimonio de los residentes con más de 1.000 millones de dólares. La medida, impulsada principalmente por el sindicato sanitario United Healthcare Workers West, se presentaría a los votantes en las elecciones de mitad de mandato y afectaría retroactivamente a quienes fueran residentes del estado el 1 de enero de 2026. El 90 % de la recaudación se dedicaría a la sanidad pública y el resto a educación, asistencia alimentaria y administración.
Sobre el papel, el diseño resulta políticamente atractivo: alrededor de doscientos contribuyentes con fortunas excepcionales financiarían mejores servicios para casi cuarenta millones de californianos. La iniciativa cuenta además con el respaldo intelectual de Emmanuel Saez, economista de la Universidad de California en Berkeley y especialista en desigualdad. Sus cálculos sitúan el patrimonio acumulado por los milmillonarios del estado en unos 2,3 billones de dólares, lo que permitiría recaudar cerca de 100.000 millones, aproximadamente 2.500 dólares por habitante.
El cálculo que cambia cuando los contribuyentes reaccionan
La principal objeción no se refiere a la capacidad económica de los afectados, sino a su comportamiento. El modelo de Saez parte de una fotografía estática: identifica un patrimonio, aplica un porcentaje y obtiene una cifra de recaudación. Pero los impuestos sobre la riqueza modifican los incentivos, especialmente cuando recaen sobre personas cuya residencia, inversión y estructura empresarial pueden trasladarse con relativa facilidad.
Joshua Rauh, profesor de Stanford y experto en fiscalidad estatal, incorpora precisamente esas respuestas. Su análisis considera las salidas previsibles de grandes contribuyentes, el riesgo de litigios y los efectos económicos derivados de la medida. El resultado es muy inferior al anunciado por sus promotores: una recaudación cercana a 30.000 millones de dólares. La diferencia no es un detalle técnico, sino la consecuencia de asumir que los contribuyentes permanecerán inmóviles ante una carga excepcional.
El balance empeora cuando se incluye la recaudación que California podría dejar de percibir en el futuro. Los milmillonarios pagan cada año miles de millones en impuestos sobre la renta. Según la estimación de Rauh, el valor presente de esa pérdida superaría los ingresos obtenidos por el gravamen patrimonial, con un resultado neto aproximado de menos 39.000 millones de dólares. El estado podría recaudar una cantidad importante una sola vez y, al mismo tiempo, deteriorar durante años su principal fuente de ingresos vinculada a esos residentes.
Una base fiscal pequeña y muy móvil
El riesgo resulta especialmente relevante porque California depende de una minoría muy reducida de contribuyentes. El 2 % con mayores ingresos aporta aproximadamente la mitad de toda la recaudación estatal del impuesto sobre la renta. Esa concentración permite financiar servicios públicos durante las fases de expansión bursátil y tecnológica, pero también expone las cuentas públicas a cambios bruscos en los mercados, en los ingresos y en la residencia fiscal.
La experiencia reciente indica que la movilidad no es una hipótesis abstracta. Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google; Peter Thiel; Travis Kalanick, fundador de Uber; y otros grandes patrimonios han anunciado o estructurado salidas de California. Florida, Nevada y Texas ofrecen menores cargas fiscales y compiten activamente por atraer residentes, empresas y capital. Elon Musk trasladó Tesla a Texas, mientras Larry Ellison redujo sus vínculos con el estado.
La Proposición 40 no ha originado esa tendencia, pero puede acelerarla. Incluso Gavin Newsom se opone a la iniciativa. La posición del gobernador demócrata refleja una preocupación fiscal concreta: una política diseñada para obtener recursos de una base muy estrecha puede terminar reduciendo la estabilidad presupuestaria que pretende proteger.
El problema de gravar una fortuna que no está en efectivo
La estructura patrimonial de los grandes empresarios tecnológicos añade otra dificultad. Un fundador puede poseer acciones valoradas en 20.000 millones de dólares sin disponer de esa cantidad en efectivo. El valor de su participación puede aumentar en 10.000 millones en un año sin que haya recibido un solo dólar líquido. Aplicar un impuesto del 5 % sobre ese patrimonio podría obligarle a vender acciones, endeudarse o reducir su participación en la empresa.
Cuando esa participación determina el control corporativo, la medida deja de ser una simple transferencia fiscal. Puede afectar a la dirección de compañías estratégicas, a la estabilidad accionarial y a las decisiones de inversión. El debate, por tanto, no consiste únicamente en determinar si los ricos pueden contribuir más. La pregunta decisiva es cómo reaccionan cuando el Estado grava un activo volátil, difícil de liquidar y estrechamente vinculado a su capacidad de seguir controlando la empresa que creó.
La lección de España y la promesa de lo temporal
Los efectos de la movilidad fiscal también aparecen fuera de Estados Unidos. Tras la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio en España, la Comunidad de Madrid mantuvo durante años una bonificación efectiva del 100 %, mientras otras autonomías aplicaban el tributo. Un estudio publicado en el American Economic Journal concluyó que los grandes patrimonios trasladaban su residencia en respuesta a esas diferencias. Más significativo aún, la pérdida de recaudación del IRPF asociada a esos movimientos fue seis veces superior a la pérdida directa del impuesto patrimonial.
Ese precedente ayuda a entender la preocupación californiana. Los contribuyentes no evalúan cada impuesto de manera aislada: comparan el coste total de vivir, invertir y dirigir una empresa en un territorio determinado. Una carga excepcional puede cambiar la residencia, pero también la localización de nuevas inversiones, la realización de plusvalías y la estructura legal de los negocios.
La expresión «una sola vez» tampoco elimina la incertidumbre. California aprobó en 2012 una subida temporal de impuestos sobre las rentas altas y, en 2016, aquella medida fue prorrogada. Para los potenciales afectados, el riesgo no se limita al 5 % inicial, sino a que una recaudación extraordinaria se convierta en una fuente permanente de financiación. La credibilidad de la promesa temporal es, por ello, un elemento central de la decisión.
El mensaje para la próxima generación empresarial
Martin Feldstein explicó en los años noventa que los contribuyentes modifican sus inversiones, remuneraciones, deducciones, plusvalías y residencia cuando cambian los tipos marginales. La enseñanza conserva plena vigencia: la riqueza no es un depósito inmóvil que pueda gravarse sin alterar el comportamiento de quienes la poseen.
California construyó Silicon Valley mediante una concentración excepcional de universidades, talento, capital, científicos, inversores y empresarios dispuestos a asumir fracasos. El riesgo de la Proposición 40 no es que los actuales milmillonarios reduzcan su consumo, sino que los futuros fundadores incorporen el coste fiscal esperado a sus decisiones desde el primer día. Si el próximo gran empresario interpreta que una parte sustancial del valor creado será reclamada cuando la empresa tenga éxito, puede elegir otra jurisdicción antes de que ese valor exista.
El capital no necesita abandonar California de forma dramática para debilitar su economía. Basta con que las nuevas compañías, las inversiones y los emprendedores decidan nacer en otro lugar. El estado puede confiscar una parte de la riqueza ya creada, pero no puede ordenar que la siguiente generación de riqueza vuelva a producirse dentro de sus fronteras.