La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) resolvió este sábado priorizar la reunificación de sus organizaciones y convocar, “a la brevedad posible”, a un ampliado de unidad del sector. La determinación fue adoptada durante una reunión realizada en la ciudad de El Alto, en la que también se rechazó la eliminación de la subvención al diésel, medida que elevó el precio del litro a Bs 17,95 y que es conocida como el “dieselazo”.
El dirigente Alejandro Ticona informó que representantes de seis departamentos participaron en el encuentro. Según su explicación, la mayoría de los asistentes consideró que la principal tarea inmediata es superar las divisiones internas para que el movimiento campesino actúe como un solo bloque. “Primero debemos unirnos”, resumió el dirigente, de acuerdo con un reporte de Vos TV.
La unidad como prioridad política
La decisión de convocar un ampliado de unidad coloca la reorganización interna por delante de una definición inmediata sobre nuevas medidas de presión. El planteamiento revela que, para una parte importante de la dirigencia campesina, la falta de cohesión puede debilitar cualquier pronunciamiento o movilización frente a decisiones económicas del Gobierno.
El próximo ampliado tendrá, por tanto, una función política además de orgánica: establecer una posición común, ordenar la representación del sector y definir quiénes participarán en la conducción de eventuales acciones. La participación de delegados de seis departamentos muestra que existe una base territorial amplia para la discusión, aunque el reporte no precisa qué departamentos estuvieron presentes ni cuándo se realizará la nueva convocatoria.
La búsqueda de unidad también puede leerse como un intento de evitar que el rechazo al incremento del combustible se exprese de manera fragmentada. En organizaciones con presencia nacional, una respuesta dividida reduce la capacidad de negociación y dificulta que las demandas sean presentadas como una posición representativa del conjunto del campesinado.
Rechazo al precio del combustible
Durante el encuentro, los participantes cuestionaron la eliminación de la subvención al diésel porque consideran que el encarecimiento afecta directamente a sus actividades. “Han dicho que el diésel afecta a nuestro sector”, afirmó Ticona. El precio de Bs 17,95 por litro constituye el dato central de la medida que generó el rechazo expresado en el ampliado.
Para el sector campesino, el combustible tiene un impacto que va más allá del costo de transporte. El diésel es utilizado en maquinaria agrícola, tractores, camiones y otros equipos vinculados con la preparación de la tierra, la siembra, la cosecha y el traslado de productos. Por esa razón, un aumento en su precio puede elevar los costos de producción y distribución, con posibles efectos sobre los ingresos de los productores y el precio final de los alimentos.
Sin embargo, el pronunciamiento conocido este sábado no incluyó una propuesta alternativa ni detalló las acciones que la organización impulsará para revertir la medida. Tampoco se informó si el rechazo será acompañado por una solicitud formal de diálogo, una demanda de compensación o un calendario de movilizaciones. Esos aspectos podrían quedar pendientes para el ampliado de unidad.
Una disputa con efectos más amplios
El rechazo campesino se produce en un contexto en el que la eliminación de una subvención al combustible puede trasladarse progresivamente a distintos sectores de la economía. El primer impacto se concentra en quienes consumen diésel de manera directa, pero el encarecimiento también puede repercutir en el transporte de mercancías, la provisión de insumos y la comercialización de productos agropecuarios.
La magnitud de ese efecto dependerá de la capacidad de los productores y transportistas para absorber el incremento, trasladarlo a los precios o reducir el uso de maquinaria y viajes. En el área rural, donde las distancias entre las zonas de producción y los mercados pueden ser extensas, el combustible ocupa un lugar relevante dentro de la estructura de costos. Por ello, la demanda campesina no se limita a una preocupación sectorial, sino que puede conectarse con el abastecimiento y el costo de los alimentos.
La resolución adoptada en El Alto no representa todavía una convocatoria a protestas ni una ruptura institucional. El mensaje inmediato de la CSUTCB es la necesidad de consolidar una posición común. No obstante, si el próximo ampliado ratifica el rechazo al “dieselazo” y define medidas concretas, la organización podría pasar de un pronunciamiento político a una fase de presión pública.
Por ahora, el resultado más claro del encuentro es doble: la dirigencia campesina pretende recomponer la unidad de su sector y, al mismo tiempo, deja establecido que el nuevo precio del diésel es considerado perjudicial para sus actividades. La fecha, el alcance y las eventuales acciones del ampliado de unidad serán los próximos elementos que determinarán el peso efectivo de esta posición en el debate económico nacional.