Canadá está demostrando que una potencia intermedia no necesita igualar a Estados Unidos para defender sus intereses. Bajo el liderazgo de Mark Carney, Ottawa ha respondido a la presión arancelaria y diplomática de Donald Trump con una combinación de firmeza, diversificación exterior y reformas internas. El resultado es una experiencia que trasciende el conflicto bilateral: ofrece a otros países de tamaño medio una guía para actuar cuando la potencia hegemónica deja de ser un socio previsible.
La transformación resulta especialmente significativa porque Canadá parte de una posición vulnerable. Su economía depende estrechamente del mercado estadounidense, su defensa se ha apoyado durante décadas en Washington y sus fuerzas armadas tienen una capacidad limitada frente a su vecino. Trump ha interpretado esa asimetría como una relación de subordinación. Carney, en cambio, ha decidido tratarla como un problema de dependencia que debe reducirse gradualmente, sin romper una alianza que sigue siendo esencial.
La respuesta de Ottawa: resistir sin aislarse
El pulso con la Casa Blanca ha incluido nuevos aranceles, amenazas comerciales y gestos simbólicos destinados a recordar quién posee la mayor capacidad de presión. Canadá ha respondido con medidas recíprocas dirigidas a importaciones procedentes de estados políticamente relevantes para las elecciones legislativas estadounidenses de mitad de mandato. La estrategia busca elevar el coste interno de las decisiones de Trump, pero también enviar un mensaje más amplio: la interdependencia no tiene por qué traducirse en obediencia.
Al mismo tiempo, Carney ha acelerado la búsqueda de acuerdos comerciales y alianzas alternativas. La posibilidad de una relación asociada con la Unión Europea, la apertura de nuevos mercados y el fortalecimiento de los vínculos con países democráticos forman parte de un mismo cálculo. La diversificación no puede sustituir de inmediato al mercado estadounidense, pero sí puede reducir el riesgo de que una sola capital tenga capacidad para paralizar las opciones de Ottawa.
La defensa ofrece otro ejemplo. Canadá estudia adquirir aviones de combate suecos Gripen para disminuir su dependencia de la industria militar estadounidense, mientras otros países de tamaño medio diversifican sus proveedores con fragatas británicas, drones ucranianos y tecnología europea. No se trata de construir una autonomía absoluta, una meta poco realista para la mayoría de estos Estados, sino de impedir que la dependencia en un área crítica se convierta en un mecanismo de presión política.
El límite de las potencias intermedias
La lección canadiense también exige reconocer lo que estos países no pueden hacer. Las potencias intermedias no están en condiciones de reemplazar a Estados Unidos o China como centros de poder capaces de sostener instituciones globales. Su coordinación suele ser lenta y fragmentaria, incluso dentro de la Unión Europea. Comparten intereses, pero no siempre prioridades, recursos ni voluntad política suficientes para actuar como un bloque coherente.
Su influencia aumenta cuando el objetivo es concreto. Europa y Canadá han incrementado su apoyo financiero y militar a Ucrania después del repliegue estadounidense, y han mostrado que pueden sostener una resistencia relevante frente a Rusia. Sin embargo, ese respaldo no elimina la asimetría de capacidades. El alto coste que paga el ejército ruso por avances limitados en el Donbás demuestra la eficacia de la ayuda, pero también la dificultad de transformar una coalición de países medianos en una fuerza decisiva por sí misma.
La experiencia de Groenlandia revela una dinámica parecida. El rechazo europeo a los planes de Trump evidenció que una respuesta coordinada puede frenar determinadas iniciativas, sobre todo cuando afectan a normas ampliamente aceptadas. Pero la capacidad de bloqueo no equivale a la capacidad de imponer una agenda. Las potencias intermedias pueden elevar costes, ganar tiempo y defender líneas rojas; rara vez pueden dictar por completo el resultado.
La política exterior empieza en casa
El aspecto más importante de la estrategia de Carney no se encuentra en los viajes diplomáticos, sino en las reformas domésticas. Canadá había perdido productividad y competitividad durante años. La renta per cápita, que en los años ochenta equivalía aproximadamente al 90% de la estadounidense, cayó hasta el 71% en 2022. El aumento de la inmigración poco cualificada, las barreras internas al comercio y un gasto insuficiente en defensa agravaron la sensación de estancamiento.
Carney ha intentado corregir esas debilidades con una agenda que combina liberalización económica y mayor capacidad estatal. Eliminó el impopular impuesto al carbono para los consumidores, redujo el tipo impositivo más bajo sobre la renta, canceló una subida relevante del impuesto sobre las plusvalías y presentó planes de ajuste del gasto federal. También ha empezado a desmontar obstáculos al comercio entre provincias y ha prometido construir un oleoducto que conecte Alberta con la costa oeste.
La elección de Alberta añade presión política. La provincia celebrará el 19 de octubre un referéndum sobre la posibilidad de separarse en el futuro, una cuestión vinculada a sus enormes reservas energéticas y a su percepción de contribuir más de lo que recibe. Las encuestas apuntan a que sus habitantes probablemente optarán por permanecer en Canadá. Aun así, el episodio recuerda que la cohesión territorial no está garantizada y que la política energética puede convertirse en un conflicto constitucional.
Una popularidad que desafía la maldición de Juncker
Las reformas suelen tener un coste electoral inmediato. Jean-Claude Juncker resumió ese dilema al afirmar que los políticos saben qué deben hacer, pero no cómo volver a ser elegidos después de hacerlo. Carney, por ahora, ha evitado esa llamada “maldición de Juncker”. Su aprobación se acerca al 70%, una cifra notable para un dirigente que hace dos años era prácticamente desconocido para la mayoría de los canadienses.
La comparación con Trump refuerza ese contraste. Mientras el presidente estadounidense convierte la presión exterior en una política de confrontación permanente, Carney ha vinculado la defensa de la soberanía con la mejora de la economía y de las instituciones nacionales. Su ventaja política no procede solo del tono moderado, sino de haber presentado la adaptación como un proyecto tangible: más productividad, más mercados, más proveedores militares y menos vulnerabilidad ante una sola potencia.
Canadá conserva ventajas difíciles de reproducir, entre ellas sus reservas de energía y minerales, su acceso al Atlántico y al Pacífico y su distancia respecto de los principales focos de guerra. Pero el principio central sí puede trasladarse a otros países: la autonomía no se proclama, se construye acumulando alternativas. En un mundo donde Estados Unidos y China erosionan normas que antes distribuían el poder, las potencias medias no podrán controlar el sistema internacional. Sí pueden, sin embargo, reducir sus dependencias, concentrarse en objetivos concretos y convertir las reformas internas en una fuente de margen diplomático. Esa es la enseñanza que el Canadá de Carney está ofreciendo mientras el orden tradicional pierde estabilidad.