La Comunidad del Caribe (CARICOM) atraviesa una creciente divergencia sobre la manera de gestionar su relación con Estados Unidos. El desacuerdo no se limita a una diferencia entre gobiernos favorables o contrarios a Washington: expresa estrategias distintas para que los pequeños Estados de la región preserven seguridad, acceso económico y autonomía diplomática en un entorno internacional cada vez más competitivo.
El bloque, fundado en 1973 e integrado por 15 países, nació con la coordinación de la política exterior como uno de sus objetivos centrales. Sin embargo, la presión ejercida por la competencia entre grandes potencias y la actitud más asertiva de la administración de Donald Trump han vuelto más difícil formular posiciones comunes. La cercanía geográfica con Estados Unidos, sus vínculos comerciales y la dependencia en materia de seguridad hacen que cualquier cálculo regional tenga consecuencias prácticas inmediatas.
Una fractura que nace de la asimetría
La discusión de fondo gira en torno a una elección compleja. Los gobiernos caribeños pueden intentar modificar las reglas internacionales mediante el multilateralismo, el derecho internacional y la acción colectiva, o pueden trabajar directamente con el principal centro de poder del hemisferio para obtener beneficios concretos. Ambas vías buscan ampliar el margen de maniobra, pero parten de diagnósticos diferentes sobre lo que resulta posible para Estados con recursos limitados.
La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, se ha consolidado como una de las principales defensoras de una transformación del sistema multilateral. Su enfoque concede especial importancia a la igualdad soberana, la reforma de las instituciones globales y la capacidad de los países pequeños para influir mediante coaliciones. La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, representa una orientación más pragmática, basada en aprovechar las relaciones con los actores dominantes cuando ello mejora la seguridad o las oportunidades nacionales.
La diferencia entre ambas posiciones no implica que una defienda automáticamente la confrontación y la otra la subordinación. Mottley necesita mantener relaciones funcionales con Washington, mientras que Persad-Bissessar también debe preservar vínculos regionales y multilaterales. El contraste se encuentra en la prioridad: una estrategia busca transformar el entorno que produce la desigualdad; la otra procura obtener ventajas dentro de ese entorno.
Del no alineamiento a un abanico de respuestas
Durante buena parte del período posterior a la independencia, los países de CARICOM intentaron proteger su autonomía mediante el no alineamiento, la cooperación regional y la defensa del principio de igualdad soberana. Esa tradición nunca eliminó la influencia estadounidense. La proximidad territorial y la relación económica con Washington hicieron inevitable la cooperación, pero los gobiernos procuraron evitar que esa dependencia se convirtiera en una orientación exterior uniforme.
La invasión estadounidense de Granada en 1983 mostró los límites de aquel consenso. Algunos gobiernos caribeños apoyaron la intervención, mientras otros la condenaron por considerarla una violación de la soberanía. La experiencia dejó una lección que continúa vigente: cuando una crisis combina seguridad regional, intereses estadounidenses y principios jurídicos, la unidad de CARICOM puede verse sometida a tensiones difíciles de resolver.
La situación actual añade nuevas variables. La rivalidad entre Estados Unidos y China, la presencia económica de actores externos, las amenazas transnacionales y la vulnerabilidad de las economías insulares obligan a los gobiernos a tomar decisiones más frecuentes y específicas. La asimetría no es nueva; lo que ha cambiado es el entorno estratégico y el costo potencial de calcular mal la relación con la potencia dominante.
Un mapa de estrategias, no dos bloques enfrentados
El análisis de las intervenciones de 14 Estados miembros durante el Debate General del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas permite identificar un continuo de posiciones. El marco propuesto por el teórico de las Relaciones Internacionales Stephen M. Walt distingue entre alineamiento con la potencia dominante, búsqueda de equilibrio flexible entre actores y contrapeso institucional.
Guyana y Trinidad y Tobago aparecen más próximos al bandwagoning, es decir, al fortalecimiento de los vínculos con Washington para ampliar su capacidad de acción. En Guyana, las necesidades de seguridad y su posición estratégica contribuyen a que la cooperación con Estados Unidos tenga un peso creciente en su diplomacia. Trinidad y Tobago, por su parte, ha mostrado una disposición particularmente explícita a adaptarse a las preferencias estadounidenses.
Haití representa un caso diferente. Su alineamiento está condicionado sobre todo por la necesidad, dada la crisis política, económica y de seguridad que enfrenta. En estas circunstancias, la cooperación exterior no siempre responde a una elección estratégica plenamente libre, sino a la urgencia de obtener apoyo, recursos y garantías básicas.
Bahamas, Jamaica y Belice ocupan una zona intermedia. Cooperan con Estados Unidos cuando coinciden sus intereses, pero conservan margen de maniobra mediante CARICOM y las instituciones multilaterales. Dominica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Surinam practican un hedging más pronunciado: mantienen el diálogo con Washington, aunque expresan resistencia ante determinados aspectos de su agenda y evitan cerrar otras opciones diplomáticas.
En el extremo del equilibrio institucional se sitúan Barbados, Granada, San Vicente y las Granadinas, y Antigua y Barbuda. Estos países recurren con mayor intensidad al derecho internacional, a los foros multilaterales y a la igualdad soberana para limitar los efectos de la asimetría. No se trata necesariamente de una política hostil hacia Estados Unidos, sino de un intento de impedir que la cooperación bilateral sustituya a las reglas colectivas.
El costo colectivo de las decisiones nacionales
La diversidad de estrategias puede ofrecer ventajas inmediatas. Un gobierno que prioriza la cooperación bilateral puede obtener respaldo en seguridad o inversiones; otro que insiste en la vía multilateral puede ganar legitimidad y apoyo entre países con preocupaciones similares. Para Estados pequeños, disponer de varias herramientas es una forma racional de reducir riesgos.
El problema aparece cuando esas decisiones nacionales impiden actuar como bloque. CARICOM obtiene influencia precisamente porque sus miembros pueden coordinar votos, declaraciones y posiciones negociadoras. Si cada capital responde de manera aislada a las presiones externas, Washington tendrá más capacidad para tratar con gobiernos individuales y menor incentivo para negociar con la región como conjunto.
La paradoja es clara: la diferenciación puede ampliar el margen de maniobra de cada país, pero debilitar el instrumento colectivo que permite a esos mismos Estados compensar su reducido peso material. El desafío para CARICOM no consiste en eliminar las diferencias, algo poco realista, sino en establecer límites comunes: defender la soberanía, consultar antes de respaldar acciones sensibles y preservar la capacidad del bloque para hablar con una voz coordinada en los asuntos que afectan a toda la región.
El Caribe se ha convertido así en un laboratorio de la política exterior de los pequeños Estados. Sus gobiernos no eligen simplemente entre dependencia y resistencia; combinan alineamiento, cobertura diplomática y equilibrio institucional según sus necesidades. La cuestión decisiva será si CARICOM logra convertir esa diversidad en una estrategia compartida o si las respuestas nacionales terminan reduciendo el peso internacional que el regionalismo caribeño construyó durante más de cinco décadas.