La controversia por dos cartas que supuestamente ofrecen a la Seguridad del Estado información de los archivos de la Gran Logia de Cuba no es solo una disputa interna entre masones. Para cualquier afiliado, antiguo miembro o familiar mencionado en esos documentos, el asunto toca una preocupación concreta: quién controla sus datos, con qué propósito podrían utilizarse y qué garantías existen frente a una institución que atraviesa una crisis de autoridad.
Los documentos, publicados por CubaNet, llevan membretes, firmas y sellos atribuidos al ex gran maestro Mayker Filema Duarte y al antiguo gran secretario Juliannis Galano Gómez. Una de las misivas alude a conflictos recientes dentro de la fraternidad; la otra expresa una supuesta disposición a facilitar información sobre masones activos, antiguos afiliados y familiares. Sin embargo, la autenticidad no ha sido verificada de manera independiente. Esa limitación no es un detalle menor: impide presentar las acusaciones como hechos probados y obliga a separar lo que está documentado de lo que todavía son indicios, testimonios o interpretaciones.
El problema no termina en quién firmó
Para los miembros de la masonería, la cuestión más delicada no es únicamente si Filema o Galano redactaron las cartas. También importa saber si los archivos institucionales fueron accesibles a personas ajenas a la organización, si existieron copias de documentos personales y si alguna información llegó efectivamente a manos de la policía política. Hasta ahora, no se ha acreditado que una lista de masones o un expediente individual haya sido entregado a la Seguridad del Estado.
La segunda carta menciona direcciones y datos familiares de personas que ya no estarían afiliadas. Si el documento fuera auténtico, la amenaza potencial alcanzaría a individuos que quizá abandonaron la fraternidad precisamente para reducir su exposición. La antigüedad de los datos tampoco eliminaría el riesgo: una dirección, un vínculo familiar o una trayectoria asociativa pueden utilizarse para identificar redes sociales, presionar a allegados o reconstruir actividades consideradas políticamente incómodas.
Qué puede cambiar para un masón común
La primera consecuencia es la pérdida de confianza. Una organización fraternal depende de que sus miembros puedan participar, discrepar y compartir información sin temer que sus datos terminen fuera de los canales previstos. Si los afiliados creen que los archivos pueden convertirse en una fuente de información para las autoridades, podrían dejar de asistir a reuniones, evitar plantear conflictos internos o abandonar la institución. En ese escenario, incluso unas cartas falsas producirían un daño real.
También se altera la relación entre la masonería y el Estado. La fraternidad ha enfrentado desde 2024 disputas por el liderazgo, acusaciones económicas y tensiones con el Ministerio de Justicia. Filema fue destituido por la Alta Cámara en mayo de 2025, continuó siendo reconocido temporalmente por el Gobierno y luego fue expulsado de la Orden por la justicia masónica. Este contexto hace que cualquier documento atribuido a sus antiguos dirigentes pueda ser utilizado como arma en una lucha de poder, tanto por quienes buscan demostrar una infiltración como por quienes pretenden desacreditar a sus adversarios.
La historia previa explica la alarma, pero no prueba estas cartas
La desconfianza tiene antecedentes. En 2011, la televisión estatal reveló que José Manuel Collera Vento, antiguo gran maestro y gran secretario, había colaborado durante décadas con la Seguridad del Estado. La existencia de aquel caso hace plausible que los masones teman nuevas infiltraciones, pero no convierte automáticamente en auténticos los documentos actuales. Una investigación rigurosa debe comprobar la procedencia de los originales, la cadena de custodia, la tinta o el formato, los metadatos de las copias digitales y la correspondencia entre las firmas y otros documentos verificables.
Que las cartas contengan referencias correctas a decretos masónicos, enfrentamientos ocurridos en julio de 2025 y una denuncia presentada por Miriam Martha García Mariño demuestra que quien las redactó conocía hechos públicos o tuvo acceso a información interna. No demuestra, por sí solo, quién las escribió. Además, la incorporación digital de una firma, la manipulación de un membrete o la mezcla de datos verdaderos con afirmaciones falsas son posibilidades que deben considerarse antes de extraer conclusiones.
Qué deben exigir los afectados
Los masones y sus familiares tienen razones para pedir una respuesta institucional precisa, no solo declaraciones políticas. La Gran Logia debería aclarar si abrió una investigación, quién custodia actualmente sus archivos, qué personas tenían acceso a ellos y qué medidas existen para proteger los datos de afiliados y antiguos miembros. También sería necesario informar, dentro de los límites legales, si se detectaron faltantes, copias no autorizadas o solicitudes externas de información.
Las personas que crean estar mencionadas en los documentos deberían evitar difundir públicamente direcciones, nombres de familiares o capturas que expongan todavía más sus datos. Conviene conservar cualquier comunicación relevante, registrar posibles presiones y buscar asesoramiento legal o de organizaciones independientes de derechos humanos. Compartir una acusación sin verificarla puede ampliar el daño y convertir a los propios afectados en instrumentos de una disputa que no controlan.
La institución es la principal expuesta
Si las cartas son auténticas, confirmarían que la confidencialidad de los archivos masónicos pudo quedar subordinada a intereses de la Seguridad del Estado y reforzarían las denuncias de quienes señalaban una relación entre antiguos dirigentes y el aparato policial. Si son falsas, revelarían que la crisis interna permite fabricar documentos suficientemente creíbles para dañar reputaciones y sembrar temor entre los afiliados. En ambos casos, la autonomía y la credibilidad de la masonería cubana resultan debilitadas.
La reciente reunión entre el diplomático estadounidense Mike Hammer y Ángel Santiesteban, así como la posterior atención de la publicación Razones de Cuba sobre los riesgos de que la masonería sirva a “agendas ajenas”, añade una dimensión política al episodio. Para el público, la lección es concreta: antes de aceptar una acusación viral como verdad, hay que distinguir entre autenticidad, contenido y consecuencias. Y para la institución, la prioridad ya no puede ser únicamente decidir quién perdió el poder, sino demostrar que los datos y la dignidad de sus miembros no están disponibles para ninguna facción.