La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que no habrá aumento al impuesto predial en la capital y pidió a la ciudadanía no dejarse engañar. Su mensaje busca contener la preocupación generada por el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), actualmente sometido a consulta pública.
El punto de conflicto es la autonomía fiscal
El proyecto federal plantea actualizar los valores catastrales hasta equipararlos con los comerciales mediante valuaciones masivas y revalorización del suelo. También propone un impuesto extrafiscal anual de entre 1% y 1.5% sobre predios baldíos o subutilizados, además de posibles ventas forzosas o subastas. Estas medidas alimentaron el temor a un “predialazo” y provocaron la movilización de organizaciones vecinales y civiles.

Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas capitalino, respaldó a Brugada y subrayó que la política fiscal del predial corresponde a los gobiernos locales. Según explicó, el POZMVM aún no está aprobado y no puede sustituir las facultades previstas en la legislación fiscal de la ciudad. La administración capitalina sostiene que su esquema actual funciona: más de la mitad de los contribuyentes pagó el impuesto anual durante los primeros dos meses y más de un millón obtuvo beneficios por pago anticipado.
El gobierno local también defendió la recopilación de información catastral, al señalar que sirve para dar certeza jurídica y combatir el despojo, no para elevar automáticamente la carga tributaria. El proyecto, sin embargo, permanece abierto a observaciones hasta el 22 de noviembre, por lo que todavía puede modificarse.
La disputa revela una posible falta de coordinación entre la Federación y los gobiernos subnacionales. Mientras la autoridad capitalina rechaza cualquier incremento y reivindica su autonomía, el documento federal mantiene propuestas que podrían alterar el valor del suelo y afectar derechos de propiedad. La cuestión central ya no es sólo si habrá aumento predial en 2026, sino hasta dónde puede llegar un instrumento metropolitano sin invadir competencias locales.