La vivienda en renta en la Ciudad de México enfrenta dos problemas estrechamente vinculados: una oferta limitada de inmuebles asequibles y un alto nivel de informalidad contractual. Un informe de CoRe Ciudades Vivibles y Amables, con datos de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 del Inegi, señala que 34.6% de las viviendas rentadas no tenía un contrato vigente.
Más demanda, pocas alternativas
El alquiler se concentra en Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, alcaldías con mayor acceso a empleo, transporte y servicios. Esta concentración eleva la presión sobre los precios y reduce las opciones para los hogares con menores ingresos. Además, 55.9% de las familias inquilinas renta por razones económicas, ya sea porque no puede acceder a un crédito hipotecario o porque el alquiler resulta menos costoso que una hipoteca. Las mujeres enfrentan obstáculos adicionales por la brecha salarial y la desigual distribución del trabajo de cuidados.
El diagnóstico plantea que regular los contratos no será suficiente si no aumenta la oferta. Entre las medidas propuestas están ampliar la vivienda social en renta, usar suelo público en zonas bien conectadas, crear fondos de garantía y seguros subsidiados, y establecer apoyos directos para el pago del alquiler. Sin embargo, el propio informe advierte que los subsidios a la demanda pueden tener un efecto limitado cuando no existen suficientes viviendas disponibles.
La propuesta de Ley de Rentas
La iniciativa presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, propone limitar los incrementos anuales a la inflación del año previo, crear un registro digital de contratos y establecer una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias con servicios gratuitos de orientación, mediación y asesoría jurídica. También contempla sanciones por incumplimientos, apoyos para personas vulnerables y un gabinete de acompañamiento ante desalojos.
El reto central será articular protección para los inquilinos con incentivos suficientes para ampliar la oferta formal. Sin esa combinación, el control de aumentos puede contener algunos abusos, pero difícilmente resolverá la escasez y la concentración territorial que encarecen el acceso a la vivienda.