El Congreso de la Ciudad de México recibió una iniciativa que busca transformar el abandono doloso de animales domésticos en un delito con consecuencias penales. La propuesta, presentada por el diputado de Morena Luis Alberto Chávez García, plantea reformar el artículo 350 Bis del Código Penal para el Distrito Federal y establecer una pena de seis meses a dos años de prisión, además de una multa de entre 100 y 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.
La propuesta fija una frontera entre descuido y delito
El eje de la iniciativa no es sancionar cualquier incumplimiento relacionado con el cuidado de una mascota, sino delimitar los casos en los que el abandono alcanza una gravedad suficiente para justificar la intervención del derecho penal. La conducta se configuraría cuando una persona deje deliberadamente a un animal doméstico que se encuentre bajo su responsabilidad, custodia o posesión, y lo coloque en una situación concreta de riesgo para su salud, integridad o vida.
La diferencia es relevante porque desplaza el debate de la simple ausencia del propietario hacia las consecuencias previsibles de esa decisión. Un animal dejado sin alimentación, agua, resguardo, supervisión o atención veterinaria puede enfrentar desnutrición, deshidratación, enfermedades, lesiones o incluso la muerte. Para que exista responsabilidad penal, de acuerdo con el planteamiento, tendría que acreditarse tanto la intención de abandonar como la condición de vulnerabilidad generada por ese acto.
Chávez García sostuvo que la reforma busca distinguir las faltas administrativas de los comportamientos que, por su gravedad, merecen una sanción mayor. Esa precisión será decisiva durante la discusión legislativa y, eventualmente, ante los tribunales: una norma demasiado amplia podría criminalizar situaciones ambiguas, mientras que una definición demasiado limitada dejaría fuera casos de abandono deliberado difíciles de probar, pero claramente dañinos.
El tamaño del problema supera el ámbito doméstico
La iniciativa parte de una realidad que ya no puede entenderse únicamente como un conflicto entre particulares. Según los datos citados en el documento, alrededor de 25 millones de hogares en México tienen mascotas, equivalentes a 69.8% del total. La población de animales de compañía se estima en cerca de 80 millones: 43.8 millones de perros, 16.2 millones de gatos y aproximadamente 20 millones de ejemplares de otras especies.
En la capital, cerca de 61.4% de los hogares cuenta con animales de compañía. A la vez, estimaciones atribuidas a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial señalan que alrededor de 1.2 millones de perros se encuentran en situación de calle. Aunque las cifras pueden variar según la metodología y el año de medición, la magnitud descrita muestra que el abandono tiene efectos acumulativos: cada caso individual puede alimentar un fenómeno urbano más amplio.
La reproducción no controlada, la búsqueda de alimento y la formación de grupos de perros aumentan la presión sobre los servicios públicos y pueden generar conflictos vecinales. El diputado mencionó zonas como el Cerro de la Estrella, el Ajusco y el Bosque de Aragón, donde se han registrado situaciones relacionadas con animales en la vía pública. En ese contexto, el abandono deja de ser una decisión privada y se convierte en un factor que impacta la convivencia, la seguridad y la salud comunitaria.
Castigar después del abandono no resuelve por sí solo la crisis
La lógica de la reforma es que quien decide tener un animal también debe asumir las obligaciones legales derivadas de su tutela. Sin embargo, la eficacia de una sanción dependerá de que existan mecanismos para denunciar, investigar y demostrar los hechos. Será necesario acreditar quién tenía la custodia, cuál era su deber de cuidado, si hubo una decisión deliberada de abandonar y qué riesgo concreto enfrentó el animal.
Ese proceso plantea desafíos prácticos. Muchos abandonos ocurren sin testigos, en espacios públicos o mediante la entrega informal del animal a terceros. También puede ser difícil diferenciar un caso intencional de una pérdida, una emergencia económica o una situación de maltrato previa. Por ello, la reforma tendría que acompañarse de protocolos claros para la policía, las fiscalías, las autoridades de bienestar animal y los servicios veterinarios, con criterios homogéneos para preservar evidencias y atender de inmediato a los animales en peligro.
La prevención será la medida que determine el resultado
El propio planteamiento reconoce que el derecho penal no puede sustituir una política integral. La propuesta menciona acciones de prevención, esterilización, identificación, educación, atención veterinaria, adopción y mecanismos de responsabilidad para los propietarios. Estas medidas atacan las causas que permiten que el abandono se reproduzca, mientras que la prisión y las multas actuarían principalmente cuando el daño ya se produjo.
La iniciativa no contempla crear una nueva dependencia ni un programa presupuestario específico. Su aplicación recaería en las instituciones existentes de procuración y administración de justicia y en las autoridades encargadas del bienestar animal. Esa decisión puede facilitar su incorporación administrativa, pero también deja abierta la pregunta sobre los recursos disponibles para cumplirla. Sin personal suficiente, registros confiables, atención veterinaria y capacidad de seguimiento, la nueva figura penal podría quedar limitada a casos excepcionales.
La discusión legislativa tendrá que equilibrar dos objetivos: reconocer que el abandono deliberado puede causar daños graves y evitar que una respuesta punitiva oculte la falta de prevención. La medida tendrá mayor alcance si consigue establecer una responsabilidad verificable para los propietarios y, al mismo tiempo, fortalecer las herramientas que permitan que menos animales terminen en la calle.