La Ciudad de México busca modificar las reglas del alquiler mediante la iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ante el Congreso capitalino el 14 de octubre de 2026. El proyecto plantea crear un registro digital de contratos de arrendamiento para dar certeza jurídica a propietarios e inquilinos y generar información sobre el mercado de vivienda.
Una propuesta todavía en revisión
El registro podría ser realizado por la persona propietaria o por quien renta la vivienda. Su objetivo sería dejar constancia de las condiciones pactadas, proteger los datos personales y facilitar la resolución de conflictos. Sin embargo, todavía no es obligatorio: la iniciativa debe ser discutida, aprobada y reglamentada por el Congreso antes de que sus mecanismos tengan efectos legales.
El proyecto también propone que los aumentos anuales no superen la inflación de referencia, contratos de al menos un año y límites a las garantías adicionales al depósito. Con ello se busca evitar que la exigencia simultánea de fiador, póliza jurídica y obligado solidario excluya a personas que pueden pagar una renta, pero no cumplen requisitos difíciles de reunir.
La reforma contempla una defensoría gratuita para orientar y mediar entre las partes, apoyo social durante procesos de desalojo, programas de vivienda pública en renta y un Observatorio Público de Vivienda que analice precios, suelo y tendencias inmobiliarias. Brugada aclaró que no se pretende congelar las rentas ni fijar una tarifa única, sino contener incrementos por encima de la inflación.
El alcance real dependerá de la discusión legislativa y de la capacidad institucional para supervisar el registro, proteger la información y hacer cumplir los límites. Mientras no concluya ese proceso, propietarios e inquilinos no están obligados a registrar sus contratos bajo esta propuesta.