La visita de Felipe VI y la Reina Letizia a Ceuta y Melilla, prevista para los días 13 y 14 de octubre, reabre un episodio especialmente sensible de la relación entre España y Marruecos. Hace 19 años, el desplazamiento de Juan Carlos I y Sofía a las dos ciudades autónomas provocó una crisis diplomática inmediata: Rabat llamó a consultas a su embajador en Madrid, calificó el viaje de “lamentable” y volvió a describir ambos territorios como “ciudades ocupadas”.
El contexto actual presenta diferencias relevantes, pero también conserva el mismo punto de fricción. La Corona española reafirma con su presencia la pertenencia de Ceuta y Melilla al Estado español, mientras que Marruecos observa cualquier actividad institucional de alto nivel en las ciudades como una cuestión vinculada a sus reivindicaciones territoriales. La respuesta de Rabat determinará si el viaje se limita a una visita de respaldo institucional o si vuelve a convertirse en un episodio de tensión bilateral.
Un viaje que llega después de una crisis fronteriza
Felipe VI y Letizia viajarán a las ciudades autónomas después de presidir en Madrid el desfile militar del Día de la Hispanidad. La agenda adquiere un significado adicional porque los Reyes habían trasladado al Gobierno de Pedro Sánchez su interés en visitar Ceuta y Melilla tras el asalto masivo registrado en la primera de ellas durante el pasado mes de julio.
La dimensión política del viaje no depende únicamente de los actos previstos. Ceuta ha estado en el centro de una crisis humanitaria y de seguridad marcada por la llegada de cientos de miles de ciudadanos marroquíes, según la descripción recogida en la información de origen, y por el cuestionamiento de la actuación de las fuerzas de seguridad del país vecino. En ese escenario, la presencia del jefe del Estado puede interpretarse como un gesto de apoyo a la población, a las instituciones locales y a los cuerpos encargados de controlar la frontera.
Felipe VI ya se ha referido en varias ocasiones a la situación de Ceuta. En su intervención más reciente, durante una cena de Estado en Finlandia ofrecida por el presidente Alexander Stubb, afirmó que las amenazas, con independencia de su procedencia o intención, afectan al conjunto de los Estados miembros. Aunque no mencionó directamente a Marruecos, sus palabras fueron leídas dentro de un marco europeo de solidaridad y defensa frente a cualquier presión que afecte a uno de sus territorios.
La lección diplomática de noviembre de 2007
La visita de Juan Carlos I y Sofía a Ceuta y Melilla se produjo los días 5 y 6 de noviembre de 2007 y fue la primera de los Reyes a ambas ciudades. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero presentó entonces el desplazamiento como la respuesta a una demanda histórica de los ciudadanos de Ceuta y Melilla, que reclamaban la presencia de la institución monárquica en los territorios.
La reacción marroquí contradijo rápidamente el tono conciliador mantenido por el Ejecutivo español. Tres días antes del viaje, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega había asegurado que las relaciones con el Reino de Marruecos eran “extraordinarias”, basadas en el afecto sincero y el respeto mutuo. Sin embargo, pocas horas después de la visita, Rabat llamó a consultas a su embajador en Madrid, Omar Azziman, por un periodo indeterminado.
El Ministerio de Exteriores marroquí calificó el desplazamiento de “lamentable” y reclamó el derecho de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. La presión había comenzado antes: la prensa local alimentó el debate, el Gobierno marroquí expresó su “profundo lamento y rechazo” y pidió a los Reyes que cancelaran la visita. Cuando quedó claro que el viaje se mantendría, la protesta diplomática se convirtió en una crisis abierta.
El 7 de noviembre, Mohamed VI condenó públicamente el desplazamiento y advirtió de sus posibles consecuencias para la relación bilateral. En una declaración que vinculaba el viaje con una supuesta herencia de una etapa histórica superada, exigió a las autoridades españolas asumir la responsabilidad por cualquier deterioro futuro. Durante esos días también se produjeron manifestaciones contra la visita en el paso fronterizo de Beni Enzar, en Melilla.
Una respuesta marroquí menos estridente, pero no neutral
Hasta ahora, Rabat no ha reaccionado con la misma intensidad que en 2007. La contestación se ha limitado principalmente a algunos titulares provocativos en la prensa local, sin que se haya anunciado una retirada del embajador ni una medida diplomática comparable. Esta contención puede responder a la evolución de la relación bilateral durante los últimos años y a la conveniencia de mantener abiertos los canales de cooperación en materia migratoria, económica y de seguridad.
También existe una diferencia temporal importante. En 2007, la visita de los Reyes se produjo en un momento de elevada sensibilidad sobre el estatus de las ciudades autónomas y fue interpretada por Marruecos como un desafío directo a sus posiciones. Ahora, aunque la reivindicación territorial no ha desaparecido, la agenda bilateral está atravesada por intereses más amplios. La gestión de los flujos migratorios, la cooperación policial y la estabilidad del Estrecho reducen el margen de ambas partes para convertir cada desacuerdo en una ruptura diplomática.
Eso no significa que la ausencia de una protesta inmediata equivalga a una aceptación política. En su discurso de apertura del año legislativo ante el Parlamento, Mohamed VI advirtió de que la relación entre Marruecos y España no debe estar sometida a “presión, amenaza ni chantaje”. La formulación funciona como una señal preventiva: Rabat puede evitar una escalada pública, pero conserva la capacidad de presentar cualquier gesto español en Ceuta o Melilla como una fuente de presión.
El significado institucional de la presencia real
La visita tendrá un efecto interno que trasciende la disputa diplomática. En Ceuta y Melilla, la llegada de los Reyes representa el reconocimiento visible de su condición de ciudades españolas y el respaldo de la máxima institución del Estado a sus habitantes. En un contexto marcado por la presión fronteriza y por la percepción de vulnerabilidad, ese componente simbólico puede tener un peso político considerable.
Para el Gobierno central, el desafío consiste en proteger ese mensaje sin convertirlo en una provocación innecesaria. La seguridad de la agenda, la coordinación con las autoridades locales y el lenguaje empleado durante los actos serán determinantes. Una visita diseñada como gesto institucional puede conservar un carácter de normalidad; una retórica excesivamente confrontativa podría facilitar que Rabat la presente como una modificación de la política española.
La comparación con 2007 ofrece, por tanto, una advertencia más que una predicción. El precedente demuestra que la reacción marroquí puede ser rápida y escalonada: primero la presión mediática, después la protesta oficial, luego las medidas diplomáticas y finalmente la intervención directa del monarca. En 2026, la respuesta parece más contenida, pero la cuestión de fondo permanece intacta. El viaje de Felipe VI y Letizia pondrá a prueba si la cooperación acumulada entre Madrid y Rabat permite gestionar la discrepancia territorial sin que esta vuelva a dominar la relación entre ambos países.