La iniciativa para crear la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México entró en una etapa de parlamento abierto, con la que el Congreso local busca recibir observaciones y propuestas antes de dictaminarla.
Consulta con plazo legal
La propuesta, enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue publicada junto con otras tres iniciativas en la Gaceta Parlamentaria número 623, difundida el 14 de octubre. A partir de esa publicación, la ciudadanía dispone de un periodo no menor a 10 días hábiles para plantear modificaciones, conforme al artículo 25 de la Constitución capitalina y al artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso.
La presidenta de la Mesa Directiva, Olivia Garza, afirmó que las puertas del Legislativo deben permanecer abiertas y que las opiniones ciudadanas tendrán que ser consideradas por las comisiones responsables durante el análisis y la elaboración de los dictámenes. La obligación no implica que todas las propuestas sean incorporadas, pero sí que deberán ser revisadas dentro del procedimiento legislativo.
El punto decisivo será el dictamen
El proceso coloca el debate sobre las rentas en una fase relevante: la discusión ya no se limita a la presentación de la iniciativa, sino que incorpora formalmente a quienes podrían verse afectados por sus disposiciones. En una ciudad marcada por el encarecimiento de la vivienda, la consulta puede aportar evidencia sobre la capacidad de pago de los inquilinos, las condiciones de los contratos y los efectos que una nueva regulación tendría para propietarios y arrendatarios.
La calidad de la participación dependerá de que las comisiones hagan públicas las observaciones recibidas y expliquen cuáles fueron aceptadas, modificadas o descartadas. Esa trazabilidad será clave para determinar si el parlamento abierto funciona como un mecanismo real de incidencia o únicamente como un trámite previo a la aprobación de la ley.