La Universidad de Cornell suspendió de inmediato las fiestas y los eventos sociales en las casas de las fraternidades afiliadas al Consejo Interfraternidades (IFC). La medida regirá durante el resto del año académico 2026-2027 y llega tras las críticas por la respuesta de la institución a una denuncia de agresión sexual grupal presentada en 2024.
Una pausa con consecuencias inmediatas
El rector, Michael Kotlikoff, dijo que la suspensión permitirá revisar de manera exhaustiva la vida de las fraternidades y determinar si estas organizaciones pueden seguir funcionando de forma segura y bajo qué condiciones. La universidad no esperará a que concluya la revisión independiente para intervenir: advirtió que cualquier fraternidad que celebre una fiesta o un evento social en su casa será suspendida de inmediato.
La decisión afecta a las actividades sociales en las casas del IFC, no implica por sí sola la disolución de todas las fraternidades. Sin embargo, condiciona de forma directa una de las funciones centrales de estas organizaciones en el campus: organizar encuentros y mantener espacios de convivencia. Kotlikoff describió la política como de “tolerancia cero” ante incumplimientos.
La denuncia que reabrió el debate
Una demanda civil presentada en septiembre sostiene que una estudiante fue presionada para consumir ketamina y luego agredida sexualmente y violada por siete integrantes de Chi Phi, una fraternidad masculina. Se trata de acusaciones incluidas en una demanda; su presentación no equivale a una determinación judicial de responsabilidad.
Tras la denuncia inicial, en 2024, Cornell cerró la fraternidad y suspendió temporalmente a los estudiantes señalados. Dos fueron expulsados posteriormente. Aun así, críticos consideraron insuficientes las sanciones y cuestionaron la gestión institucional del caso. Esa controversia llevó a la universidad a encargar una revisión independiente, cuyos resultados todavía no están disponibles.
La respuesta institucional, bajo escrutinio
Las críticas también alcanzaron a los fiscales de Nueva York, que en ese momento no presentaron cargos penales contra los presuntos agresores. Desde entonces, las autoridades reabrieron la investigación y evalúan posibles acciones judiciales, pero hasta ahora no se han anunciado nuevas medidas contra los señalados. El proceso civil y las pesquisas penales son vías distintas y aún no han establecido públicamente una conclusión definitiva sobre los hechos.
La suspensión revela una tensión que va más allá de una sola fraternidad: la universidad debe proteger a sus estudiantes y, al mismo tiempo, revisar si sus mecanismos disciplinarios responden con suficiente rigor a denuncias graves. Suspender fiestas puede reducir temporalmente ciertos riesgos y demostrar que la revisión tiene consecuencias inmediatas, pero no resuelve por sí sola las dudas sobre cómo se investigan las acusaciones, cómo se imponen sanciones ni qué garantías acompañan esos procedimientos.
Por eso, el alcance de la medida dependerá de lo que ocurra después de la pausa. La revisión deberá aclarar si el problema se limitó a la gestión de un caso o si también exige cambios más amplios en la supervisión de las fraternidades. Cornell ha adelantado una restricción; su credibilidad institucional quedará ligada a la transparencia de la evaluación y a las condiciones concretas que establezca para permitir, o no, que estas organizaciones retomen sus actividades.