Costa Rica inaugurará una prisión de máxima seguridad con capacidad para más de 5.000 reclusos, concebida bajo una política de encierro estricto que toma como referencia el modelo impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. El centro tendrá celdas austeras, con barrotes y camas de hormigón, y limitará a una hora diaria el tiempo al aire libre de los internos. La iniciativa, defendida por la presidenta costarricense Laura Fernández, abre un debate sobre cómo reforzar la seguridad sin trasladar al país los riesgos de abusos denunciados en El Salvador.
La capacidad prevista convierte al establecimiento en una pieza de gran escala dentro de la respuesta penitenciaria costarricense. Su diseño pone el énfasis en el control y la restricción de las condiciones cotidianas: los reclusos permanecerán en celdas con equipamiento básico y dispondrán de una hora al día al aire libre. El anuncio no detalla, en la información disponible, el calendario de apertura ni cómo se distribuirá la población penitenciaria en el nuevo centro.
Seguridad bajo escrutinio
La referencia salvadoreña da al proyecto una dimensión que va más allá de su infraestructura. El modelo de Bukele se asocia con medidas de máxima seguridad y una política de encarcelamiento de gran alcance, pero también ha sido objeto de denuncias de organizaciones no gubernamentales por presuntas violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias y cientos de muertes bajo custodia en el sistema penitenciario de El Salvador.
Esas denuncias no prueban que las mismas prácticas vayan a repetirse en Costa Rica, pero sí plantean preguntas concretas para evaluar la nueva prisión: qué garantías tendrán los internos, qué mecanismos independientes supervisarán las condiciones de reclusión y cómo se investigarán posibles abusos. La duración de las salidas al aire libre y el régimen de vida austero son datos relevantes, aunque por sí solos no permiten determinar el respeto efectivo de los derechos de los presos.
El alcance de la apuesta
La defensa presidencial del proyecto sitúa la seguridad en el centro de la decisión política. Sin embargo, construir una cárcel de gran capacidad no resuelve por sí mismo los factores que alimentan la delincuencia ni garantiza que el sistema penal pueda operar con controles adecuados. El efecto dependerá también de a quiénes se destine el centro, de las condiciones de custodia y de la capacidad institucional para vigilar su funcionamiento.
La inauguración prevista será, por tanto, un primer hito, no una medida suficiente para valorar los resultados. La comparación con El Salvador hace que la rendición de cuentas resulte especialmente importante: Costa Rica tendrá que mostrar si puede aplicar un régimen de máxima seguridad con garantías verificables y supervisión efectiva. La diferencia entre una política de control y una que derive en abusos no estará solo en el diseño de las celdas, sino en las reglas y controles que rijan la vida dentro de la prisión.