En varias unidades habitacionales de Iztapalapa, la seguridad dejó de ser una demanda colectiva para convertirse, según denuncias vecinales, en el argumento utilizado para imponer pagos mensuales. Familias de la colonia El Mirador y de Lomas Estrella aseguran que un grupo de presuntos cobradores exige dinero a cambio de vigilancia y mantenimiento, mientras quienes se niegan enfrentan amenazas, disparos y agresiones dentro de sus propios conjuntos residenciales.
El cobro se instaló dentro de los edificios
El caso más visible se ubica en la unidad habitacional San Marcos, donde los residentes describen un esquema que combina extorsión y control territorial. De acuerdo con sus testimonios, las cuotas comenzaron a presentarse como una contribución para conservar las áreas comunes y garantizar la vigilancia. Sin embargo, los vecinos sostienen que las condiciones de seguridad no han mejorado y que el pago se exige mediante intimidaciones.
La denuncia revela una transformación preocupante del llamado cobro de piso. Ya no se trataría únicamente de una exigencia dirigida a comercios o actividades económicas, sino de una presión que alcanza a familias por el simple hecho de habitar un departamento. La vivienda, que debería representar un espacio de protección, queda así sometida a una lógica de control en la que la permanencia depende de aceptar un pago impuesto.
Los residentes también señalan que algunas personas vigilan los accesos de la unidad y que incluso tendrían control sobre las bombas de agua. Este elemento amplía la dimensión del problema: el poder de los presuntos cobradores no se limitaría a exigir dinero, sino que abarcaría servicios indispensables para la vida cotidiana. Cuando la seguridad, el acceso y el suministro básico quedan bajo control informal, la capacidad de los habitantes para organizarse y denunciar disminuye de manera considerable.
180 pesos que pueden convertirse en 1.5 millones al año
Las cifras aportadas por los vecinos permiten dimensionar el alcance económico del esquema. En las secciones 1 y 2 se solicitarían 180 pesos mensuales por departamento bajo el argumento de cubrir mantenimiento y vigilancia. La exigencia pretende extenderse a otras cuatro secciones, con una cuota de 200 pesos a partir de noviembre. En total, la unidad reúne 660 departamentos.
Con ese número de viviendas, el cobro proyectado representaría aproximadamente 132 mil pesos cada mes y cerca de 1.5 millones de pesos al año. La cantidad no es un detalle administrativo: muestra que una amenaza aparentemente fragmentada, dirigida a cada familia por separado, puede generar un flujo de dinero significativo cuando se aplica de manera sistemática a una comunidad entera.
La falta de una administración funcional habría facilitado el avance del grupo señalado por los habitantes. En un conjunto residencial con cientos de departamentos, la ausencia de reglas claras, cuentas transparentes y responsables reconocibles abre un espacio que puede ser ocupado por quienes ofrecen “protección” sin controles. El problema, por tanto, no se reduce a la cuota: también expone la vulnerabilidad institucional de unidades donde los vecinos carecen de mecanismos eficaces para decidir sobre la seguridad y el mantenimiento.
La violencia convirtió la negativa en un riesgo
Los residentes que rechazan el pago aseguran haber recibido amenazas de levantones y advertencias con armas de fuego. También reportan disparos al aire durante la noche y golpes contra personas que han cuestionado públicamente las exigencias. Estos hechos, de confirmarse mediante investigaciones formales, indicarían que la cobranza estaría respaldada por violencia directa y no por una simple disputa entre vecinos.
El impacto más grave se observa en Lomas Estrella, donde alrededor de 20 familias habrían abandonado sus viviendas a causa de la inseguridad. La salida de los residentes representa una consecuencia doble: las familias pierden su patrimonio y la comunidad pierde presencia, organización y capacidad de resistencia. Cada vivienda vacía puede aumentar el aislamiento de quienes permanecen, mientras el temor reduce la disposición a participar en reuniones, presentar denuncias o identificar a los responsables.
La violencia dentro de los edificios también altera la vida cotidiana de quienes no participan en el conflicto. Los disparos nocturnos, la vigilancia de los accesos y la posibilidad de agresiones convierten los espacios comunes en zonas de riesgo. En esas condiciones, la cuota deja de operar únicamente como un mecanismo de recaudación y se vuelve una herramienta para imponer obediencia.
Tres solicitudes de auxilio sin una respuesta suficiente
Los habitantes afirman que acudieron al menos tres veces a la alcaldía para pedir ayuda, pero sostienen que no han recibido una solución a la violencia cotidiana. También denuncian que, cuando solicitan la presencia de patrullas, los agentes no ingresan a la unidad o se limitan a dialogar con las personas señaladas antes de retirarse.
La respuesta descrita por los vecinos plantea una brecha entre la denuncia y la protección efectiva. Para una comunidad amenazada, la presencia ocasional de autoridades no basta si no existe una investigación que identifique a los responsables, resguarde a quienes denuncian y recupere el control de los accesos y los servicios comunes. Sin esas medidas, cada visita puede ser percibida como temporal y sin consecuencias, lo que fortalece la sensación de impunidad.
El caso de Iztapalapa exige distinguir entre una cuota legítima de mantenimiento, acordada y fiscalizada por los residentes, y un pago impuesto mediante intimidación. La diferencia no está solo en el monto, sino en la libertad para decidir, la transparencia del destino del dinero y la ausencia de violencia. Mientras las familias esperan una intervención que les permita volver a vivir sin amenazas, la prolongación del problema sigue desplazando a los habitantes y consolidando un control que, según sus denuncias, comenzó dentro de sus propios hogares.