Diane Foley sostiene que la muerte de su hijo James, periodista estadounidense secuestrado y decapitado por Estado Islámico en Siria en 2014, no fue únicamente el resultado de la violencia yihadista. En su nuevo libro, Madre americana: el coraje frente al terrorismo, reconstruye los meses de cautiverio, las torturas sufridas por el reportero y el abandono que, según afirma, padeció su familia por parte del Gobierno de Barack Obama. Su acusación central es directa: Estados Unidos pudo haber negociado la liberación de sus ciudadanos, pero decidió no hacerlo.
Foley presenta esa decisión como una elección política, no como una imposibilidad operativa. Mientras España, Francia e Italia recurrieron a acuerdos para recuperar a sus ciudadanos, Washington mantuvo una política de rechazo absoluto al pago de rescates y llegó a advertir a la familia Foley de que podía ser procesada si intentaba reunir dinero por su cuenta. Para Diane, el problema no fue solo que el Estado no pagara, sino que tampoco ofreciera una estrategia alternativa capaz de mantener abierta una posibilidad real de rescate.
Un cautiverio compartido y convertido en símbolo
James Foley, nacido en Evanston, Illinois, en 1973, fue capturado mientras trabajaba como periodista en Siria. Durante su cautiverio compartió encierro con los reporteros españoles Marc Marginedas, Javier Espinosa y Ricardo Garcia Vilanova. Según los testimonios reunidos por su madre, los secuestrados fueron sometidos a hambre, golpes, simulaciones de asesinato, ahogamientos y una crucifixión ficticia. Foley aprovechó parte de ese tiempo para aprender español y mantuvo vínculos con otros prisioneros en condiciones extremas.
La grabación de su decapitación, difundida el 19 de agosto de 2014, convirtió su rostro en uno de los símbolos más reconocibles de la brutalidad de Estado Islámico. La ejecución buscaba producir un efecto político y propagandístico mucho más amplio que la muerte de un solo hombre: demostrar que los gobiernos occidentales no podían proteger a sus ciudadanos y que los secuestradores tenían capacidad para imponer el ritmo de la crisis.
La dimensión personal de la tragedia convive con una disputa sobre la gestión estatal de los rehenes. Diane Foley afirma que su familia fue informada del asesinato días después, cuando el presidente Obama ya se disponía a anunciarlo públicamente. La ausencia de una comunicación previa, en su relato, agravó la sensación de traición. La familia no solo perdió a James: también quedó convencida de que las autoridades habían ocultado información y habían presentado como prioritaria una operación que, en la práctica, nunca lo fue.
Perdón religioso y responsabilidad política
El libro también relata el encuentro de Diane Foley con Alexanda Kotey, uno de los captores de su hijo, encarcelado en Estados Unidos. Kotey le pidió perdón varias veces y expresó remordimiento por el daño causado. Foley explica que pudo escucharle desde una posición de compasión cristiana, aunque esa actitud no implica relativizar sus crímenes. La madre de James distingue entre perdonar a una persona y eximirla de responsabilidad por las torturas y asesinatos en los que participó.
Su mayor ira, dice, se dirigió contra el Gobierno estadounidense. Esa diferencia resulta significativa: el captor era un enemigo identificado, mientras que la administración de su propio país se había presentado ante la familia como aliada. La decepción nació, en buena medida, de la distancia entre el discurso oficial y las decisiones efectivamente adoptadas. Para Foley, la transparencia habría permitido afrontar el dolor de otro modo; las promesas que no se cumplieron transformaron la tragedia en una ruptura de confianza.
Durante el cautiverio, James llegó a adoptar el nombre de Abu Hamza y recurrió a las cinco llamadas diarias a la oración para conservar cierta estabilidad. Su madre considera que aquella conversión pudo ser una forma sincera de espiritualidad en un contexto de aislamiento y miedo, aunque deja la respuesta definitiva en manos de Dios. El episodio muestra cómo los rehenes intentan construir rutinas, identidades y espacios de control incluso cuando sus captores les han arrebatado casi toda autonomía.
El cambio de política tras el asesinato
La presión de la familia Foley contribuyó a impulsar una revisión de la política estadounidense sobre rehenes. En 2015, la Administración Obama aprobó la Directiva de Política Presidencial número 30, que estableció una estructura específica para coordinar al FBI, el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Posteriormente, Donald Trump respaldó la incorporación de parte de esas medidas a la legislación mediante la Ley Levinson de recuperación de rehenes.
El cambio no supuso aceptar el pago sistemático de rescates, pero sí abandonar la idea de que la negativa a negociar debía impedir cualquier contacto. Foley afirma que Estados Unidos comenzó a dialogar especialmente cuando otros gobiernos habían capturado a ciudadanos estadounidenses. Según su balance, más de 200 personas han regresado a casa gracias a negociaciones posteriores. La evolución revela una tensión permanente: pagar puede incentivar nuevos secuestros, pero negarse a negociar puede dejar a los ciudadanos expuestos a una política que los convierte en instrumentos de disuasión.
La madre de James propone una vía intermedia: utilizar el dinero del rescate como señuelo para localizar y detener a quienes extorsionan a las familias. La propuesta traslada el debate desde el principio abstracto de “no pagar” hacia la capacidad de los Estados para diseñar operaciones complejas, coordinarse con aliados y asumir riesgos calculados. Su crítica a Obama se concentra precisamente en la falta de voluntad para construir una respuesta multinacional antes de que los secuestradores consolidaran su control.
Periodismo bajo amenaza
La historia de Foley también funciona como advertencia sobre las condiciones en las que trabajan los periodistas freelance. James llegó a cobrar apenas 90 dólares por algunas informaciones y se desplazaba por zonas donde las grandes redacciones no siempre podían enviar equipos propios. Esa precariedad económica aumentaba la exposición al riesgo: quienes cubren conflictos pueden carecer de protección, asesoramiento legal, seguros adecuados o capacidad para negociar una evacuación.
Diane Foley sostiene que el periodismo independiente se ha vuelto más peligroso porque la información comprobada amenaza a gobiernos, grupos armados y actores que intentan imponer su propia versión de los hechos. Cita la muerte violenta de al menos 129 periodistas durante el año anterior, incluidos 86 en Gaza, como muestra de un entorno en el que informar se confunde cada vez más con tomar partido. La Fundación Foley impulsa programas de seguridad para estudiantes y reporteros, además de iniciativas de resiliencia emocional y física.
El legado que la familia intenta preservar no se limita al recuerdo de una víctima. Incluye una exigencia institucional: que los gobiernos traten a sus ciudadanos secuestrados como personas cuya recuperación merece negociación, coordinación y transparencia. La pregunta que Diane Foley mantiene abierta no es si el desenlace podía garantizarse, sino si la negativa a intentarlo fue realmente inevitable. Para ella, la respuesta sigue siendo la misma: Estados Unidos pudo actuar de otra manera y eligió no hacerlo.