La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Ingresos de 2027, que prevé recaudar 10.6 billones de pesos y autoriza endeudamiento interno neto de hasta 1.7 billones. La votación fue de 331 votos a favor y 118 en contra, sin abstenciones. La oposición cuestionó que el plan recurra a más deuda mientras, sostuvo, faltan medicamentos, insumos y salarios adecuados en el sector salud; el dictamen aún debe discutirse en lo particular y pasar al Senado antes del 31 de octubre.
La decisión combina una meta de ingresos con un amplio margen de financiamiento, en un contexto en que el costo de la deuda y la inversión pública se convirtieron en los principales puntos de disputa. Morena y sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, respaldaron el proyecto, junto con dos diputados de Movimiento Ciudadano. Tras la aprobación general comenzó el debate de los artículos reservados.
Intereses por encima de la inversión física
Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano, advirtió que el costo financiero de la deuda podría llegar a 1.57 billones de pesos, frente a 1.03 billones presupuestados para inversión física. “Hoy el país va a pagar más en intereses de lo que va a construir”, afirmó. También señaló que 46% de la inversión se concentraría en energía y trenes, y cuestionó el funcionamiento de esos proyectos.
Su planteamiento puso el foco en el margen efectivo para convertir los ingresos y el financiamiento en obras: si una parte creciente de los recursos se destina a cubrir intereses, queda menos espacio presupuestario para inversión. Flores pidió que la nueva deuda se asigne exclusivamente a proyectos productivos, con montos rastreables, fechas y responsables, y que el Congreso reciba información si el crecimiento o los ingresos petroleros quedan por debajo de las estimaciones.
El diputado panista José Guillermo Anaya también objetó el endeudamiento y sostuvo que sus costos terminan trasladándose a las familias. Vinculó la asignación de recursos al Tren Maya y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con las carencias que, según dijo, enfrenta el personal sanitario. Calificó de “inaceptable, cínica e irresponsable” pedir más deuda para cubrir obligaciones acumuladas.
Ingresos, combustibles y supuestos económicos
Anaya cuestionó además la recaudación prevista por el impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a las gasolinas. La iniciativa estima obtener 538,500 millones de pesos por ese concepto en 2027, 16% más que el monto de referencia señalado por el legislador, quien reprochó que no se hayan cumplido las promesas sobre el precio de los combustibles.
El dictamen autoriza también deuda externa neta de hasta 13,500 millones de dólares y fija límites específicos de endeudamiento para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Sus proyecciones parten de un crecimiento económico de entre 1.5% y 2.5%, inflación de 3%, un tipo de cambio promedio de 17.9 pesos por dólar y un precio de 61 dólares por barril para la mezcla mexicana. Si esos supuestos no se cumplen, podrían cambiar los ingresos disponibles y aumentar la presión para ajustar el gasto o recurrir a financiamiento.
En defensa de la propuesta, el morenista Daniel Murguía afirmó que los ingresos representan un crecimiento real de 1.1% respecto de lo aprobado para 2026. El oficialismo atribuyó el aumento al fortalecimiento de la recaudación y al combate a la evasión, y sostuvo que permitirá sostener los programas sociales sin crear nuevos impuestos generales. El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, reconoció que los recursos previstos no alcanzan para cubrir todas las necesidades del país, aunque votó a favor; el priista Jericó Abramo alertó sobre el incremento de los intereses.
Durante el debate, Ricardo Monreal anunció una propuesta para facilitar, bajo ciertas condiciones, la regularización de adeudos fiscales empresariales mediante la eliminación de multas y recargos. Una vez que la Cámara de Diputados concluya la votación de los artículos reservados, el proyecto deberá ser enviado al Senado, que tiene hasta el 31 de octubre para analizarlo y votarlo antes de su remisión al Ejecutivo para publicación.