La crisis hídrica en México expone una contradicción persistente: los partidos exigen respuestas inmediatas cuando gobierna el adversario y apelan a rezagos históricos cuando la responsabilidad recae en sus propias administraciones. El deterioro de las redes, la falta de suministro y los episodios de contaminación atraviesan gobiernos de distintos signos, pero el discurso político cambia según quién deba rendir cuentas.
La doble vara
En 2024, ante las denuncias por agua contaminada en Benito Juárez, Clara Brugada pidió esperar investigaciones y acusó a opositores de politizar el problema. Ya en el gobierno de Ciudad de México, reconoció que persistían zonas sin acceso garantizado y que Iztapalapa sufría una paradoja recurrente: escasez durante el estiaje e inundaciones con las lluvias. En Ecatepec, la Suprema Corte ordenó garantizar el suministro a vecinos que llevaban años reclamándolo.
En Jalisco, Morena adoptó el tono opuesto. Diputados federales exigieron declarar una crisis sanitaria por la calidad del agua en Guadalajara y responsabilizaron a Movimiento Ciudadano. El reclamo coincide con la disputa interna rumbo a 2027, cuando aspirantes morenistas a coordinar estructuras municipales incorporaron el agravio hídrico a sus discursos. La denuncia legítima puede convertirse así en presencia territorial y, después, en capital electoral.
El PRI también redujo un problema acumulado durante administraciones de varios partidos a una escena de confrontación en San Lázaro, con recipientes de líquido turbio y empujones. La consecuencia de esta estrategia es mayor que una disputa retórica: al convertir la salud pública en arma partidista, los actores políticos erosionan la posibilidad de acuerdos técnicos y de responsabilidades compartidas. La ciudadanía termina heredando redes deterioradas, respuestas tardías y una crisis que sobrevive a cada elección.