El exministro venezolano de Petróleo Tareck El Aissami recibió tres nuevas imputaciones mientras circulan versiones sobre una eventual entrega a la justicia de Estados Unidos, según información difundida por el periodista Eligio Rojas y por el diario español ABC. Los cargos mencionados son apropiación o distracción, tráfico ilícito de material estratégico y legitimación de capitales. No hay confirmación oficial de que Caracas haya acordado trasladarlo ni detalles públicos sobre el mecanismo legal que permitiría hacerlo.
El Aissami está preso en Caracas desde 2024, cuando fue acusado en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto. La nueva imputación, presentada por los fiscales Luis Dueñez y Eddy Ramírez, añade delitos que, de acuerdo con el exfiscal venezolano Zair Mundaray, estarían vinculados con operaciones de la Corporación Venezolana de Guayana y la adjudicación de buques con material estratégico a empresas internacionales.
Una posible entrega sin marco aclarado
La posibilidad de que El Aissami sea enviado a Estados Unidos adquiere relevancia porque la Constitución venezolana prohíbe extraditar a ciudadanos venezolanos. ABC informó que el exvicepresidente figura entre los dirigentes que podrían ser entregados a la justicia estadounidense y sostuvo que Washington habría obtenido garantías para recibirlo junto con Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo. Hasta ahora, sin embargo, no se han divulgado documentos ni una decisión formal que confirme ese escenario.
La restricción constitucional deja abierta una cuestión central: bajo qué condición jurídica podría concretarse una entrega. El precedente de Alex Saab y Álvaro Pulido ofrece un posible punto de comparación, aunque no resuelve el caso de El Aissami. Caracas presentó aquella entrega como la de ciudadanos colombianos; Saab tenía, además, un pasaporte venezolano emitido durante el chavismo. La nacionalidad atribuida y el procedimiento utilizado podrían resultar determinantes si se avanzara con un caso similar.
El alcance de las nuevas acusaciones
Las imputaciones se suman a una investigación por presuntas irregularidades en la comercialización de petróleo y el manejo de ingresos de la estatal Petróleos de Venezuela. El desfalco estimado en esa trama ascendería a unos 21.000 millones de dólares. Esa cifra corresponde al caso de corrupción en conjunto y no permite atribuir por sí sola responsabilidad individual por el total a El Aissami.
Mundaray había adelantado en su cuenta de X que los nuevos señalamientos estarían relacionados con la adjudicación de buques que transportaban material estratégico. En una publicación citada en la información original, sostuvo que la operación fue avalada por El Aissami y que el desmontaje ordenado produjo pérdidas cercanas a 85 millones de dólares. La imputación formal y las pruebas que la sustentarían no se han detallado públicamente en la información disponible, por lo que esas afirmaciones deben distinguirse de una determinación judicial de culpabilidad.
Una lista de reclamados por Washington
ABC había publicado en febrero una lista de dirigentes que, según el medio, eran reclamados por el presidente estadounidense Donald Trump. Incluía a Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente Nicolás Maduro; El Aissami; Saab; Raúl Gorrín; Samark López; Walter Gavidia Flores y Pedro Luis Martín Olivares, entre otros. Desde 2020, Estados Unidos ofrece recompensas por información sobre varios de estos jerarcas, entre ellos Diosdado Cabello, actual ministro de Interiores.
La sucesión de cargos y rumores sitúa el caso en dos planos distintos: el avance de procesos penales dentro de Venezuela y la eventual cooperación con Washington. Mientras no haya anuncio oficial sobre una entrega, esa segunda posibilidad sigue siendo una versión atribuida a medios, no un hecho confirmado. La decisión tendría consecuencias jurídicas y diplomáticas, y su viabilidad dependería tanto de las garantías reportadas como de la forma de sortear la prohibición constitucional.