El abogado y exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado este sábado 17 de octubre mientras jugaba fútbol en el complejo Campo Marte, en el este de Ciudad de Guatemala. El ataque ocurrió durante un partido al que acudía habitualmente los sábados y dejó también muerto a Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años. La escena revela la planificación y la violencia del crimen: las autoridades localizaron 50 casquillos percutidos y los atacantes habrían seguido los movimientos de Solórzano hasta el campo deportivo.
El presidente Bernardo Arévalo condenó el hecho como un “cobarde asesinato” y exigió que tanto los autores materiales como los intelectuales enfrenten “todo el peso de la ley”. La declaración coloca el caso en una dimensión que va más allá de un homicidio aislado: Solórzano fue una de las figuras más visibles de las investigaciones contra la corrupción, la evasión fiscal y los vínculos entre estructuras criminales, funcionarios y actores políticos.
Un ataque ejecutado en un espacio cotidiano
La Policía Nacional Civil informó de la detención de dos sospechosos que se desplazaban en una motocicleta utilizada para repartos a domicilio. Según el portavoz policial César Mateo, dentro de la mochila de reparto fue localizada una carabina. Los detenidos son los hermanos Rigoberto Choc Toz, de 30 años, exsoldado del Ejército, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18, ambos originarios de Senahú, en el departamento de Alta Verapaz.
Los dos hombres no registran antecedentes penales. Al ser trasladado a los tribunales, Rigoberto Choc Toz afirmó, de acuerdo con un medio local, que habían llegado a la capital apenas dos días antes para buscar trabajo y negó que llevaran un arma. Estas versiones deberán ser contrastadas con las pruebas balísticas, los registros de comunicaciones, las imágenes de seguridad y la reconstrucción de sus desplazamientos. La detención, por sí sola, no establece quién ordenó el ataque ni cuál fue su móvil.
La cantidad de disparos y el seguimiento previo apuntan a una acción dirigida, pero todavía no permiten atribuir responsabilidades más amplias. En un caso con posibles implicaciones políticas y criminales, la preservación de la evidencia será decisiva para evitar que la investigación se limite a los presuntos ejecutores y deje fuera a quienes pudieron planificar o financiar el asesinato.
La trayectoria que convirtió a Solórzano en un objetivo incómodo
Solórzano comenzó su carrera en el Ministerio Público hace casi 24 años, según recordó el exfiscal Juan Francisco Sandoval, actualmente exiliado. Entre 2013 y 2016 integró la Dirección de Análisis Criminal, donde dirigió labores de inteligencia y peritajes en investigaciones de alto impacto. Su trabajo fue relevante en el caso conocido como “La Línea”, una investigación sobre una red de corrupción aduanera que provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina en 2015.
Después asumió la dirección de la Superintendencia de Administración Tributaria. Durante ese periodo, la institución impulsó medidas contra la evasión y la defraudación fiscal, especialmente en grandes empresas. Uno de los procesos más importantes terminó con una multa superior a cien millones de dólares contra Aceros de Guatemala. La dimensión económica de esas investigaciones explica por qué su carrera no estuvo vinculada únicamente a la persecución penal, sino también a intereses empresariales y redes de poder con capacidad de presión.
Su confrontación con sectores influyentes continuó tras su salida de los cargos públicos. En 2023 se incorporó brevemente al equipo de defensa del periodista José Rubén Zamora, convertido en símbolo internacional de la persecución contra el periodismo y del deterioro de la independencia judicial en Guatemala. Solórzano fue detenido y acusado de obstrucción y ocultamiento o destrucción de evidencias. Finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad, alegando que no esperaba un juicio justo si decidía enfrentar el proceso.
Las denuncias recientes amplían las preguntas
En 2025, Solórzano denunció supuestos vínculos entre la pandilla Barrio 18, el partido Unidad Nacional de la Esperanza y sectores del sistema judicial. En julio de este año también señaló posibles conexiones entre empresas farmacéuticas, familiares de la exfiscal general Consuelo Porras y funcionarios públicos en operaciones de blanqueo de capitales. Ninguna de esas acusaciones determina por sí misma la autoría del asesinato, pero establece el contexto de las personas y estructuras que podían sentirse afectadas por sus señalamientos.
Dos días antes de morir, publicó un video en el que cuestionó una operación ocurrida en Huité, Zacapa. Según su denuncia, una incursión supuestamente ejecutada por mercenarios vinculados con la Agencia Central de Inteligencia estadounidense para capturar a un narcotraficante habría causado la muerte de ocho habitantes sin vínculos criminales. También afirmó que participaron más de cien elementos del Ejército y que varios activaron sus armas. Esas declaraciones deberán ser verificadas, pero muestran que Solórzano continuaba utilizando el espacio público para formular acusaciones sensibles contra instituciones nacionales y actores internacionales.
El desafío no termina con las detenciones
El asesinato ocurre en un momento especialmente delicado para Guatemala, después del final de la gestión de Consuelo Porras como fiscal general y de la llegada de una nueva autoridad al Ministerio Público. La transición había generado expectativas sobre una posible recuperación de las investigaciones anticorrupción y de la independencia institucional. El homicidio de una figura asociada precisamente con esa agenda puede producir un efecto intimidatorio sobre abogados, periodistas, fiscales y denunciantes.
Por eso, la investigación tendrá que responder no solo quién disparó, sino quién ordenó la operación, cómo se obtuvo información sobre la rutina de la víctima y si existieron complicidades dentro de organismos públicos. La credibilidad de la respuesta estatal dependerá de que el proceso avance con independencia, protección para los testigos y transparencia suficiente para impedir que el caso sea reducido a la detención de dos jóvenes sin antecedentes. En Guatemala, esclarecer la muerte de Solórzano será también una prueba sobre la capacidad del Estado para proteger a quienes enfrentan redes de corrupción y para demostrar que denunciar al poder no equivale a quedar sin protección.