El Congreso de Estados Unidos prepara una revisión de sus normas sobre acoso y conducta sexual después de que una sucesión de investigaciones y sanciones expusiera las dificultades que afrontan los trabajadores del Capitolio para denunciar y obtener protección. El grupo de trabajo creado por la Cámara de Representantes, dirigido por la republicana Kat Cammack y la demócrata Teresa Leger Fernandez, prevé presentar sus recomendaciones después de las elecciones del 3 de noviembre, con la intención de promover cambios antes de que termine el año.
La iniciativa nació tras el incremento de las investigaciones del Comité de Ética de la Cámara relacionadas con comportamientos sexuales inapropiados. Durante los últimos meses, tres legisladores renunciaron en lugar de afrontar una posible votación para su expulsión; dos de esos casos estaban vinculados a presuntas conductas sexuales inapropiadas. Otro congresista fue censurado por su trato hacia dos jóvenes empleadas de su oficina, mientras continúan abiertas otras pesquisas.
Un sistema que desalienta las denuncias
Cammack explicó que, al comenzar esta primavera su trabajo en el grupo especial, recibió mensajes de antiguos miembros del personal que querían contar experiencias que habían mantenido en silencio durante años. Muchos temían que una denuncia acabara con su carrera profesional o dañara sus oportunidades dentro de una institución en la que las relaciones jerárquicas y la dependencia laboral tienen un peso considerable.
Las conversaciones, según la congresista, revelaron tres problemas centrales: la falta de claridad sobre el lugar al que acudir, la desconfianza acerca de las consecuencias para los responsables y unos requisitos procesales que pueden impedir que los casos lleguen a investigarse. Entre esos obstáculos figura el plazo general de 180 días para presentar una reclamación después de una presunta infracción.
“Todo el sistema en el Capitolio está realmente diseñado para generar un efecto disuasorio en las víctimas”, afirmó Cammack. La frase resume una preocupación que va más allá de la existencia de normas escritas: cuando los procedimientos son complejos, los plazos breves y la respuesta institucional incierta, el derecho formal a denunciar puede convertirse en una posibilidad difícil de ejercer.
Casos que han colocado al Comité de Ética bajo presión
La dimensión del debate se entiende a partir de los expedientes que han afectado a miembros de ambos partidos. En abril, el Comité de Ética abrió una investigación sobre el entonces representante demócrata por California Eric Swalwell por una presunta conducta sexual inapropiada hacia una empleada bajo su supervisión. Swalwell renunció poco después, mientras algunos de sus compañeros reclamaban su expulsión.
El republicano por Texas Tony Gonzales también dimitió mientras se examinaba una presunta conducta sexual inapropiada con una integrante de su equipo. El legislador había reconocido una relación extramatrimonial con esa empleada, que posteriormente murió por suicidio. La investigación quedó así vinculada no solo a las reglas sobre relaciones entre superiores y subordinados, sino también a la discusión sobre las responsabilidades que genera una posición de poder.
En otro expediente, el comité recomendó censurar al republicano por Carolina del Norte Chuck Edwards después de concluir que había mantenido una conducta persistente, poco profesional e inapropiada hacia dos jóvenes empleadas. La Cámara aprobó la recomendación por 413 votos frente a dos, una mayoría que evidenció el amplio respaldo a la sanción en ese caso.
El demócrata por California Jimmy Gomez está siendo investigado por una posible conducta sexual inapropiada con una integrante del personal de la Cámara. Gomez dijo que cooperaría y sostuvo que sus acciones fueron consentidas y que no infringieron la ley ni las normas éticas. También pidió disculpas a su familia y a sus electores. Por su parte, el comité analiza acusaciones contra el republicano por Florida Cory Mills, incluidas posibles conductas sexuales inapropiadas y violencia en el noviazgo. Mills ha negado las imputaciones y perdió recientemente unas primarias republicanas.
Una alianza poco habitual entre demócratas y republicanos
La respuesta institucional se ha construido con una cooperación poco frecuente en un Congreso marcado por el bloqueo partidista. Cammack pidió al presidente de la Cámara, el republicano de Luisiana Mike Johnson, que respaldara el esfuerzo. Según su relato, Johnson le respondió que también tenía previsto pedirle que asumiera esa tarea. Leger Fernandez, entretanto, mantenía conversaciones con los líderes demócratas para impulsar reformas cuando Cammack propuso trabajar de manera conjunta.
La colaboración entre el Caucus de Mujeres Demócratas y el Caucus de Mujeres Republicanas es relevante porque traslada el problema desde el terreno de la disputa partidista al de la gestión institucional. Ambas legisladoras coinciden en que la respuesta no puede depender exclusivamente de la voluntad de una víctima, de un jefe de oficina o de la presión pública sobre un caso concreto.
El grupo celebró sesiones de escucha con legisladores y trabajadores del Congreso y consultó a representantes de las Fuerzas Armadas, empresas estadounidenses y organizaciones de defensa de las víctimas. En julio, una reunión con empleados del Capitolio se celebró ante una sala abarrotada, una señal de que la demanda de cambios no procede únicamente de los dirigentes de la Cámara.
Las reformas que se encuentran sobre la mesa
Una de las propuestas consiste en extender a todos los empleados del Congreso la prohibición de mantener relaciones sexuales con integrantes del propio equipo o del personal de los comités. Actualmente, esa restricción afecta a los legisladores, pero el grupo considera que debe abarcar de forma más amplia las relaciones en las que exista una dependencia profesional directa.
También se plantea crear un punto de contacto único para orientar a quienes quieran denunciar. La idea, descrita por Leger Fernandez como una “línea 911 para el acoso sexual”, permitiría explicar en una sola llamada las distintas vías disponibles y los pasos que debe seguir cada trabajador. El objetivo es reducir la incertidumbre inicial, que a menudo puede ser suficiente para que una persona abandone el proceso.
Otra posibilidad es ampliar el plazo para presentar reclamaciones. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo aplica un límite general de 180 días, aunque en determinados casos puede extenderlo a 300 cuando intervienen leyes estatales o locales contra la discriminación. Cambiar ese marco exigiría modificar la Ley de Responsabilidad del Congreso y obtener también la aprobación del Senado.
El grupo estudia además mecanismos para reforzar la rendición de cuentas de los legisladores y de los altos cargos de sus equipos. La dificultad será diseñar procedimientos que protejan a las víctimas, respeten las garantías de los investigados y eviten que la renuncia de un congresista cierre automáticamente la posibilidad de esclarecer los hechos.
El reto de convertir la indignación en reglas aplicables
La presión social ha aumentado al mismo tiempo que la controversia sobre la gestión gubernamental del caso de Jeffrey Epstein. En los meses anteriores, integrantes del Caucus de Mujeres Demócratas se reunieron en el Departamento de Justicia con supervivientes que reclamaban la publicación de archivos relacionados con el magnate. Esa coincidencia ha reforzado la atención pública sobre la forma en que las instituciones responden a denuncias de abuso y sobre la transparencia de sus decisiones.
La reforma del Capitolio no dependerá únicamente de aprobar nuevas prohibiciones. Su eficacia se medirá por la capacidad de ofrecer canales comprensibles, investigaciones independientes y consecuencias previsibles, incluso cuando el acusado abandone el cargo. Como advirtió Leger Fernandez, que en 2026 todavía sea necesario insistir en que el acoso y el abuso sexual son inaceptables revela que el problema no se limita a conductas individuales: también afecta a la cultura y a los mecanismos de control de la institución.