La detención en Bolivia de Fernando Cerimedo convirtió en un caso judicial una discusión que durante años había permanecido en el terreno de la política digital: hasta dónde puede llegar un consultor que opera cerca del poder sin ocupar un cargo oficial. El argentino, vinculado a las campañas de Javier Milei, Jair Bolsonaro y Nasry Asfura, está sometido a prisión preventiva por seis meses e investigado por tentativa de feminicidio y enriquecimiento ilícito. La acusación central proviene de su expareja, Nadia Beller, quien afirma que intentó matarla para impedir que revelara sus métodos de influencia.
Tres disparos y una denuncia que cambió el caso
El 17 de agosto de 2026, Beller fue atacada frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra por dos hombres con casco. Uno de ellos disparó a corta distancia y la mujer recibió tres impactos. Desde una cama de hospital, acusó a Cerimedo de haber enviado a los agresores y sostuvo que quería “deshacerse” de ella. También afirmó que estaba embarazada del consultor y que él la había acompañado a una consulta médica el día anterior.
La denuncia adquirió una dimensión política porque Beller no se presentó únicamente como víctima de una agresión. Dijo haber sido testigo de maniobras atribuidas al Gobierno boliviano y afirmó que Cerimedo ejercía una influencia desproporcionada sobre el presidente Rodrigo Paz, su esposa y el entorno familiar de esta. Sus declaraciones no prueban por sí mismas esas acusaciones, que deberán ser esclarecidas por la Justicia, pero situaron el expediente en un punto de contacto entre violencia de género, relaciones de poder y operaciones políticas.
La reacción de Paz fue inmediata. El mandatario tomó distancia del argentino y aseguró que este nunca representó oficialmente a Bolivia ni tuvo un contrato laboral con el Estado, aunque reconoció que sus servicios fueron utilizados durante la campaña presidencial. La diferencia entre una relación formal y una colaboración informal resulta decisiva: permite a los dirigentes beneficiarse de expertos externos y, al mismo tiempo, dificulta establecer responsabilidades cuando las operaciones generan consecuencias legales o institucionales.
La maquinaria invisible: bots, influencers y un debate alterado
En sus entrevistas, Beller describió una metodología basada en “falsear el debate público”: comprar influencers, coordinar ataques y utilizar una granja de bots para administrar cuentas anónimas. La relevancia de esta descripción no reside solo en la existencia de herramientas digitales, ya habituales en la comunicación electoral, sino en el propósito de utilizarlas para fabricar una percepción de consenso, hostigar adversarios o instalar acusaciones antes de que puedan ser verificadas.
La policía boliviana habría encontrado una granja de bots en el domicilio de Cerimedo en La Paz, además de dinero en moneda local equivalente a unos 35.000 euros. Ambos elementos forman parte de la investigación por enriquecimiento ilícito, pero su verdadero alcance dependerá de que los investigadores puedan reconstruir quién financiaba esas operaciones, qué cuentas eran gestionadas y qué campañas o decisiones políticas buscaban influir.
El episodio también explica por qué la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum mostró en una conferencia de prensa una entrevista de Beller sobre presuntas operaciones destinadas a “demoler” su imagen. La incorporación del caso al debate mexicano amplió el alcance regional de una investigación que, en principio, se originó en una denuncia personal. El riesgo democrático no es que una opinión política sea favorable o contraria a un gobierno, sino que la conversación pública sea organizada artificialmente sin que los ciudadanos sepan quién paga, coordina o produce los mensajes.
Una red regional construida fuera de los partidos
Cerimedo desarrolló su influencia desde una posición atípica. No era funcionario ni dirigente partidario, pero consiguió acceder a círculos de decisión en varios países. Según la socióloga Natalia Aruguete, su capacidad consistió en tejer vínculos en el centro de las derechas latinoamericanas mientras trabajaba muchas veces al margen de las estructuras formales.
Su trayectoria incluye servicios para Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina y Asfura en Honduras, además de su participación en la campaña de Paz. También fundó y fue accionista de La Derecha Diario, un medio argentino de extrema derecha, y dirigió la agencia Numen, especializada en comunicación política. Cerimedo reivindicó el uso de la tecnología para ganar influencia y negó haber organizado campañas de desinformación. Sin embargo, sus prácticas ya habían provocado investigaciones fuera de Bolivia.
En Brasil, la Justicia examinó su posible participación en una “milicia digital” que cuestionó la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. Martin Slipczuk, de Chequeado, sostuvo que informaciones falsas difundidas por Cerimedo sobre el sistema de votación y supuestos fraudes contribuyeron a alimentar disturbios pro-Bolsonaro. La acusación ilustra un cambio importante: el consultor no sería únicamente un productor de mensajes electorales, sino un actor capaz de influir en la aceptación o el rechazo de los resultados.
El precedente chileno y el precio de la opacidad
Chile ofrece otro indicio sobre la forma en que una operación aparentemente técnica puede alterar la percepción política. En 2020, cuando el “sí” a una reforma constitucional aparecía con cerca del 70% de apoyo, una encuesta de Numen publicada por El Mercurio redujo esa cifra al 42%. El resultado final superó el 78%. Cerimedo atribuyó la diferencia a un error metodológico, pero el episodio dejó abierta una pregunta esencial: cuándo una equivocación en una encuesta es un fallo profesional y cuándo sirve para instalar una expectativa política deliberadamente distorsionada.
Las dudas sobre su trayectoria alcanzan incluso los relatos con los que construyó su reputación. Cerimedo afirmó haber participado en la campaña presidencial de Barack Obama en 2008, pero una investigación del colectivo CLIP no consiguió confirmación del equipo del expresidente estadounidense. En febrero de 2026, recibió en Mar-a-Lago el reconocimiento al “consultor político hispano del año” y agradeció a Brad Parscale, exdirector de campaña de Donald Trump, por haberle proporcionado tecnología.
El caso boliviano no demuestra todavía todas las acusaciones políticas que rodean a Cerimedo, y la investigación judicial deberá distinguir entre hechos probados, testimonios y operaciones de propaganda. Pero la combinación de una denuncia por tentativa de feminicidio, una estructura digital presuntamente operativa y una extensa red de contactos regionales expone una zona gris cada vez más relevante: la de los especialistas que pueden moldear campañas, atacar reputaciones y tensionar instituciones sin responder públicamente como funcionarios. La transparencia sobre contratos, financiamiento y herramientas de comunicación ya no es un asunto secundario de las elecciones, sino una condición para que el debate democrático conserve un mínimo de autenticidad.