La decisión del Gobierno de Benjamin Netanyahu de investigar y procesar a los militares y oficiales de inteligencia que aportaron testimonios anónimos al documental ‘Naza’ no es únicamente una disputa entre un primer ministro y una película premiada. El caso plantea una pregunta con consecuencias mucho más amplias: ¿qué ocurre cuando quienes participan en una guerra denuncian internamente prácticas que, según sus testimonios, pueden haber causado la muerte de civiles?
Las 24 fuentes describieron una cadena de decisiones adoptadas durante la ofensiva israelí en Gaza. Según el documental, algunas viviendas fueron bombardeadas cuando se sospechaba que allí se encontraba un integrante de Hamás, aunque los mandos sabían que su familia podía estar dentro. También se expone el uso de sistemas de inteligencia artificial para clasificar objetivos a partir de sus llamadas telefónicas, con un margen de error que podía incluir a personas inocentes.
La disputa no termina en la pantalla
La oficina de Netanyahu sostiene que la película construye una narrativa “falsa, engañosa y sesgada” y que la divulgación de información clasificada pudo comprometer la seguridad nacional, causar daños diplomáticos y perjudicar la imagen de Israel. El Shin Bet recibió la instrucción de identificar a las fuentes, mientras el jefe del Estado Mayor y la fiscal general deberán impulsar las medidas correspondientes.
Es importante separar dos asuntos que el Gobierno presenta de manera conjunta. El primero es si las fuentes violaron normas de confidencialidad o incurrieron en delitos al revelar información sensible. El segundo es si las operaciones descritas respetaron el derecho internacional humanitario y las reglas militares israelíes. Investigar una filtración puede ser legalmente procedente, pero no responde por sí mismo a la cuestión central: si hubo ataques previsibles contra civiles o mecanismos de selección de objetivos con un nivel de error incompatible con la protección de la población.
Qué cambia para quienes denuncian abusos
Para los militares y funcionarios que observan posibles irregularidades, el mensaje es directo: hablar con periodistas puede convertirse en un riesgo penal, profesional y personal, incluso cuando sus revelaciones se refieren a decisiones de enorme impacto humano. La exigencia de que las fuentes permanezcan anónimas suele responder precisamente a ese peligro. Si el Estado consigue identificarlas, otros testigos pueden optar por callar aunque existan canales internos de denuncia.
El antecedente de la exfiscal general militar Yifat Tomer-Yerushalmi refuerza esa preocupación. Después de reconocer que había filtrado videos clasificados sobre una presunta agresión sexual contra un prisionero palestino, fue arrestada brevemente, dimitió y quedó sometida a un proceso que incluyó arresto domiciliario y fuertes ataques políticos. El caso muestra cómo la disputa puede desplazarse rápidamente desde el contenido de una denuncia hacia la identidad, la reputación y la lealtad de quien la hace.
También afecta a los periodistas y productores que investigan conflictos armados. Yuval Abraham y Rachel Szor, vinculados al documental, han enfrentado amenazas y campañas para retirarles la ciudadanía israelí. La presión contra ellos puede producir un efecto disuasorio más allá de este proyecto: los medios podrían tener mayores dificultades para convencer a fuentes con acceso directo a operaciones militares, y las audiencias recibirían menos información desde dentro de las instituciones.
Por qué importa a quienes están fuera de Israel
Para el público internacional, el caso tiene una consecuencia práctica: la información sobre una guerra no depende solo de imágenes del frente o de comunicados oficiales. Depende también de que existan personas capaces de explicar cómo se toman las decisiones, qué sistemas se emplean y qué controles funcionan o fallan. Cuando una fuente afirma que un algoritmo podía equivocarse en aproximadamente un 15%, la discusión deja de ser exclusivamente tecnológica: se convierte en una cuestión de responsabilidad humana, supervisión y límites al uso de datos para decidir sobre la vida de civiles.
El documental no constituye por sí solo una sentencia judicial. Sus afirmaciones deben contrastarse con documentos, investigaciones independientes, testimonios adicionales y procedimientos legales con garantías. Pero que existan dudas pendientes no permite descartarlas como propaganda sin examinarlas. La defensa de la seguridad nacional tampoco debería impedir que se investiguen posibles abusos, porque la seguridad de un Estado incluye la legalidad de sus operaciones y la confianza de la población en sus instituciones.
La clave estará en quién controla la investigación
La credibilidad del proceso dependerá menos de las declaraciones políticas que de su independencia. Si la prioridad es descubrir a los 24 informantes y castigar las filtraciones, mientras las prácticas descritas quedan sin una revisión equivalente, el procedimiento será percibido como una respuesta contra quienes revelaron el problema. Si, en cambio, se protegen los derechos de los acusados, se revisan las órdenes operativas y se permite examinar pruebas sobre víctimas civiles, la investigación podría aclarar responsabilidades en lugar de limitarse a gestionar el daño reputacional.
La noticia importa, por tanto, aunque el lector no viva en Israel ni tenga relación con el ejército. Se refiere a la posibilidad de conocer cómo se ejerce el poder durante una guerra, a la protección de quienes alertan sobre decisiones potencialmente ilegales y al derecho de las sociedades a exigir explicaciones cuando mueren civiles. En este caso, la batalla no se libra solamente por una película: también por decidir si la seguridad puede utilizarse para cerrar preguntas o debe servir para responderlas con pruebas.