A menos de 48 horas de las elecciones israelíes, Cisjordania ha quedado prácticamente aislada tras una operación militar desencadenada por un tiroteo en las proximidades de Hebrón. El Ejército israelí ha cerrado los pasos entre el territorio palestino e Israel, bloqueado carreteras y extendido las redadas a numerosas localidades. La medida afecta a la movilidad de millones de palestinos y coloca la cuestión de la seguridad en el centro de la recta final electoral.
Un ataque que cambia el escenario previo a las urnas
El origen inmediato de la ofensiva fue un enfrentamiento registrado el viernes por la tarde contra un puesto de control situado a las afueras de Hebrón. Según varios testigos, el intercambio de fuego se prolongó durante más de veinte minutos. Murieron dos soldados israelíes, el sargento primero Ron Yonatan Roytman y el sargento Yuval Shai Svilem, mientras otros tres militares resultaron heridos. Los dos atacantes, identificados como Mohamed y Firas Yaaba, fueron abatidos por las tropas.
La respuesta del primer ministro, Beniamin Netanyahu, fue inmediata. Suspendió sus actos de campaña, ordenó el cierre de Hebrón y pidió preparar un bloqueo general de Cisjordania. En un vídeo difundido por redes sociales advirtió a los responsables del ataque de que no tendrían un refugio seguro y anunció una amplia campaña de detenciones. El mensaje vinculó directamente la operación militar con la protección de la población israelí, pero también trasladó el episodio al terreno político cuando faltaban pocos días para los comicios.
Desde entonces, cerca de un millar de puestos de control y verjas metálicas permanecen cerrados, según cifras palestinas recogidas por Al Yazira. Las localidades han quedado desconectadas entre sí y miles de trabajadores palestinos tienen prohibido entrar en Israel. El martes, día de las elecciones, el cierre de los pasos será total. Para la población palestina, el efecto no se limita a una restricción temporal: significa retrasar desplazamientos, dificultar el acceso a empleos y servicios y paralizar actividades económicas esenciales.
Hebrón soporta la parte más dura de la operación
La ciudad más poblada de Cisjordania vive bajo un régimen de asedio. Aunque el Ejército define la actuación como “focalizada y limitada” a la zona de la que procedían los atacantes, unas 2.000 personas han sido desalojadas de los barrios de Ein Deir Baha y Al Yalda, según el ministro de Defensa, Israel Katz. El alcalde, Yusef al Yabari, eleva la cifra a 2.200. Muchos residentes recibieron la orden de abandonar sus casas durante la noche, a través de mensajes emitidos por megafonía.
Katz ha afirmado que los vecinos no podrán regresar hasta que concluyan las operaciones contra Hamas en Hebrón. En la gobernación, excavadoras demolieron un edificio de tres plantas después de conceder a sus habitantes apenas cinco minutos para recoger sus pertenencias. Las tropas también sellaron las viviendas de los dos atacantes, un paso previo a su demolición, y arrestaron a otras doce personas. La Autoridad Palestina ha descrito estas actuaciones como un castigo colectivo.
La ofensiva se ha extendido mucho más allá de Hebrón. Las fuerzas israelíes han irrumpido en al menos quince localidades del norte, entre ellas Yenín, Nablús, Tubas y Qalqilya, y han realizado operaciones en Jericó, Ramala y Belén. El Club del Preso Palestino calcula que unas 70 personas han sido detenidas. En Halhul, nueve personas, seis de ellas niños, recibieron atención médica por asfixia después del lanzamiento de gases lacrimógenos.
El cierre llega en plena cosecha y agrava una crisis económica
El momento elegido para imponer el bloqueo tiene consecuencias especialmente severas. Cisjordania atraviesa la temporada de recogida de la aceituna, una actividad de la que dependen miles de familias campesinas. Los agricultores afrontan además un aumento de los ataques de colonos. Solo el jueves, la Comisión Palestina contra el Muro y la Colonización documentó 17 agresiones cometidas por colonos y soldados contra trabajadores del campo.
La coincidencia entre el cierre militar y la cosecha convierte una operación presentada como respuesta a un atentado en una medida con efectos económicos amplios. La pérdida de jornadas de trabajo y el impedimento para acceder a las tierras pueden reducir los ingresos de familias que dependen de una actividad estacional. La restricción también puede intensificar la tensión local: cuando las rutas habituales desaparecen y las comunidades quedan separadas, cualquier incidente adquiere más posibilidades de desencadenar nuevos enfrentamientos.
La seguridad como argumento electoral
La reacción internacional ha subrayado el coste humanitario de la operación. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió de que los cierres restringen gravemente la libertad de movimiento, el acceso a servicios básicos y los medios de vida de los palestinos. La organización israelí B’Tselem alertó de que algunas de las medidas podrían constituir crímenes de guerra. Estas advertencias introducen una dimensión jurídica en un conflicto que el Gobierno israelí presenta principalmente como una cuestión de seguridad.
La ultraderecha israelí ha aprovechado el ataque para reclamar medidas todavía más radicales. Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, exigió el desmantelamiento y la desmilitarización de la Autoridad Palestina, además del control total israelí sobre Cisjordania. Sin embargo, no existen indicios de que la Autoridad Palestina estuviera detrás del tiroteo. Esa ausencia de pruebas no ha impedido que el episodio sea utilizado para cuestionar su capacidad de gobierno y defender una ampliación de la presencia israelí.
Mientras más de siete millones de israelíes acuden a las urnas, Cisjordania y Gaza permanecerán bajo cierre total, como ocurre en cada jornada electoral, y los cerca de tres millones de palestinos de Cisjordania no podrán votar. La paradoja define el alcance político de la operación: una decisión adoptada en nombre de la seguridad israelí condiciona la vida cotidiana de una población excluida del proceso electoral y convierte el territorio ocupado en uno de los principales escenarios de la campaña, aunque sus habitantes no participen en la elección que puede determinar su futuro inmediato.