El repunte de la gasolina y el diésel se ha transformado en una amenaza electoral directa para Donald Trump y el Partido Republicano antes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. La gasolina supera en promedio los 4,30 dólares por galón y el diésel alcanza los 6,28 dólares, niveles que presionan el presupuesto de los hogares y elevan los costos de transportar alimentos, operar maquinaria agrícola y distribuir mercancías.
La importancia política del problema está en su visibilidad. Cada conductor observa el precio en el cartel de una estación de servicio, pero el impacto no termina allí: el diésel encarece los camiones, las cosechadoras y las cadenas de suministro. Por eso, el aumento de los combustibles funciona como una señal cotidiana de inflación. Para el economista Joseph Brusuelas, de RSM en Reino Unido, las llamadas dos grandes “G” de la política estadounidense, “gasoline and groceries”, resumen el vínculo entre energía, consumo y voto.
Un aumento que llega directamente a la vida diaria
El encarecimiento acumulado es considerable: el precio de la gasolina ha subido un 43,2% y el del diésel un 67,8%, según los datos citados por los analistas. En un país con grandes distancias y una red de transporte público limitada, reducir el consumo no siempre es una opción. Muchos estadounidenses necesitan conducir para trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, comprar alimentos o acceder a servicios básicos.
La presión es todavía mayor en las zonas rurales, donde las distancias son extensas y el automóvil resulta indispensable. Agricultores y transportistas de estados tradicionalmente republicanos, como Iowa y Kansas, afrontan costes más altos precisamente en actividades que sostienen buena parte de la economía local. El combustible caro no solo reduce sus márgenes: termina incorporándose al precio de los alimentos, la ropa y otros productos esenciales.
Esta transmisión explica por qué un problema energético puede convertirse en un problema electoral nacional. El votante no necesita conocer la evolución del mercado internacional para percibir sus consecuencias. Le basta con comprobar que llenar el depósito cuesta más y que la compra semanal también se encarece. En ese contexto, las explicaciones geopolíticas compiten con una experiencia económica inmediata y difícil de contrarrestar.
La guerra y el límite de las explicaciones oficiales
El alza se intensificó tras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, un conflicto que afectó las expectativas sobre el suministro de petróleo y agravó la tensión en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio energético. Trump ha presentado sus decisiones como medidas de protección nacional, pero los analistas advierten que esa justificación puede tener poca eficacia ante un consumidor que enfrenta una factura concreta cada semana.
Una encuesta de Reuters/Ipsos realizada en octubre refleja esa dificultad: cerca del 80% de los estadounidenses consultados responsabilizó a Trump por el aumento de los precios. El dato no demuestra por sí solo que todos esos ciudadanos vayan a votar por la oposición, pero sí muestra que la Casa Blanca ha quedado asociada a una pérdida de poder adquisitivo que contradice una de las promesas centrales del segundo mandato republicano: estabilizar el costo de vida.
El riesgo para el oficialismo es especialmente alto en los distritos competitivos y en los estados agrícolas. El Partido Republicano suele ser más fuerte en las áreas rurales, pero esas mismas comunidades consumen más combustible y tienen menos alternativas para sustituirlo. La ventaja política de la base rural puede convertirse así en un punto de vulnerabilidad económica.
Medidas visibles, resultados todavía insuficientes
La administración Trump ha respondido con ayudas millonarias para los agricultores, flexibilización de normas para camioneros, presión sobre los aliados europeos para liberar reservas de emergencia y una relajación de las sanciones al diésel ruso. También autorizó temporalmente que los camiones utilicen diésel teñido de rojo, un combustible exento del impuesto federal de carreteras y destinado normalmente a tractores y maquinaria agrícola.
Sin embargo, estas decisiones no han producido un alivio significativo antes de la cita electoral. El diésel volvió a subir a mediados de octubre y algunas ayudas llegarán después del 3 de noviembre. Además, el combustible teñido genera un problema práctico: el residuo puede permanecer durante años en los tanques y exponer a agricultores y transportistas a multas cuando expire el decreto de emergencia en diciembre.
La respuesta gubernamental revela una tensión difícil de resolver. Washington puede intentar reducir impuestos, liberar reservas o subsidiar a determinados sectores, pero no controla por completo un mercado condicionado por guerras, sanciones, producción y rutas internacionales. Cada medida rápida puede ofrecer una señal política, aunque no necesariamente una reducción sostenida del precio. Cuando esa distancia entre el anuncio y el alivio persiste, la acción oficial puede parecer más defensiva que eficaz.
El acuerdo con Moscú no llega a tiempo
Trump también negoció con Vladimir Putin la importación de diésel ruso y la liberación de millones de barriles en los mercados estadounidenses. El primer cargamento, de 40.000 toneladas, partió hacia Nueva York el 22 de octubre y se calcula que llegará el 7 de noviembre, después de las elecciones. Senadores republicanos y demócratas denunciaron que el acuerdo contradice las leyes de 2022 destinadas a presionar económicamente a Moscú, mientras que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lo calificó de paso débil.
El volumen tampoco parece suficiente para cambiar el mercado a corto plazo. Brusuelas estima que las 300.000 toneladas métricas contempladas solo cubrirían alrededor de doce horas de la demanda diaria estadounidense. En consecuencia, el pacto puede tener valor como gesto político, pero difícilmente reducirá de forma apreciable el precio antes de que los ciudadanos acudan a las urnas. El economista Philip K. Verleger lo resumió como una operación superficial, incapaz de corregir las causas estructurales del encarecimiento.
Una factura que puede modificar el poder en Washington
Los pronósticos citados apuntan a pérdidas republicanas en la Cámara de Representantes y abren la posibilidad de que el partido pierda también el Senado y varias gobernaciones. Brusuelas considera que el precio de la gasolina puede convertirse en el punto de inflexión que facilite una nueva mayoría demócrata, mientras Verleger calcula que el malestar podría traducirse en varios escaños adicionales para la oposición.
La previsión no es un resultado inevitable. Los demócratas también enfrentan dificultades en inmigración, la política del ICE y la ausencia de una alternativa clara frente a la guerra. Además, si los precios retrocedieran rápidamente, parte del castigo podría diluirse. Pero el calendario juega en contra de Trump: las medidas adoptadas hasta ahora no han llegado al bolsillo con la velocidad necesaria.
El encarecimiento del combustible ha convertido una crisis internacional en un juicio doméstico sobre la gestión presidencial. La guerra explica el shock, pero no determina por sí sola el voto. Lo decisivo será la interpretación que los ciudadanos hagan de sus consecuencias: si ven un episodio externo imposible de controlar o la prueba de que el Gobierno incumplió su promesa de abaratar la vida cotidiana. En las elecciones de medio mandato, esa diferencia puede decidir quién controla el Congreso.