El Gobierno federal reconoció que el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, presentado en septiembre como un golpe histórico al huachicol fiscal, no puede atribuirse por ahora a mercancía de procedencia ilícita. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Grupo Simsa contaba con los permisos correspondientes para almacenar el combustible en la terminal intervenida.
Un operativo cuestionado
El cateo se realizó el 4 de septiembre, después de que una investigación iniciada en julio rastreara combustible descargado de una pipa en una gasolinera de San Luis de la Paz. Las autoridades aseguraron, además, diez tanques, tres unidades de carga, contenedores y documentación, pero durante las semanas siguientes no acreditaron de forma pública el origen ilegal del producto ni reportaron detenciones relacionadas con el caso.
La Fiscalía General de la República sostuvo inicialmente que el operativo se basó en inteligencia y trazabilidad, mientras la empresa afirmó que el combustible pertenecía a sus clientes y que sus actividades eran legales. La falta de verificaciones concluyentes provocó cuestionamientos y derivó en la destitución de Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la FGR en Guanajuato, por anomalías en la operación y en la difusión de sus resultados.
Sheinbaum señaló que pudieron existir irregularidades en el transporte que ingresaba a la terminal, pero distinguió ese posible delito de la autorización para almacenar el combustible. Esa diferencia es central: contar con permisos no descarta una eventual infracción en la cadena de suministro, aunque sí debilita la presentación inicial del aseguramiento como una incautación plenamente confirmada de huachicol.
La investigación permanece abierta y la FGR debe determinar la legalidad, procedencia y trazabilidad del producto con base en los documentos entregados por las empresas. El caso deja además una exigencia institucional: antes de anunciar cifras récord y atribuirlas a una red criminal, las autoridades deben completar las verificaciones que sostienen jurídicamente el decomiso.