La afirmación de Donald Trump de que Estados Unidos iniciaría una exploración «masiva» de petróleo, gas y minerales en Groenlandia no describe un acuerdo vigente: el pacto suscrito en septiembre por Washington, Dinamarca y el gobierno groenlandés refuerza capacidades militares estadounidenses, pero no transfiere soberanía ni concede derechos de explotación. La distancia entre la declaración y el convenio revela algo más importante que la retórica presidencial: el Ártico ya se disputa simultáneamente como espacio de defensa, corredor marítimo y reserva de materias primas.
La cuestión central no es si Groenlandia tiene valor estratégico, algo que apenas se discute, sino qué instituciones podrán ordenar la competencia a medida que retrocede el hielo. Ese retroceso no inventa las rivalidades; reduce las barreras físicas que durante décadas limitaron su alcance. En ese cambio reside el riesgo: que la apertura material avance con más rapidez que las reglas, la infraestructura de seguridad y la capacidad de evaluar los daños ambientales.
La geografía ya no funciona como barrera
Vista desde las proyecciones cartográficas habituales, Groenlandia parece periférica. Desde el Ártico, aparece como una bisagra entre América del Norte y el Atlántico, próxima a Rusia, Canadá, Estados Unidos y Europa. La diferencia no es estética: altera la percepción de distancias, rutas y vulnerabilidades. El deshielo vuelve practicables zonas que antes estaban protegidas por condiciones extremas, favoreciendo tanto la navegación como el acceso a recursos cuya explotación sigue dependiendo de costos, tecnología y permisos.
La posición rusa muestra que la geopolítica polar precede al cambio climático. Moscú concentra más de la mitad de la costa del océano Ártico y lleva décadas construyendo puertos, bases y rompehielos, además de promover la Ruta Marítima del Norte. La retirada del hielo puede ampliar la utilidad de esa infraestructura y elevar el valor de las rutas, pero también encarece la seguridad: operar en aguas remotas exige vigilancia, rescate y capacidad para responder a accidentes en condiciones difíciles.
El acceso a los recursos no equivale a una licencia para extraer
El primer punto que suele perderse en el debate es la diferencia entre potencial geológico y explotación rentable. Que el deshielo haga más accesibles minerales, hidrocarburos o rutas no garantiza proyectos económicamente viables, ni elimina la necesidad de inversión, infraestructura y autorización política. En Groenlandia, la declaración de Trump tampoco sustituye al marco jurídico: el acuerdo descrito limita su alcance a la cooperación militar. Confundir interés estratégico con derechos comerciales puede alimentar expectativas que chocan con la soberanía danesa y groenlandesa.
El segundo cambio es institucional. El Consejo Ártico, creado en 1996 para promover ciencia, sostenibilidad y cooperación entre los ocho Estados de la región, nació cuando aún se confiaba en mantener separadas esas materias de la rivalidad militar. Tras la invasión rusa de Ucrania, la cooperación política con Moscú quedó suspendida; aunque se reanudaron algunos trabajos científicos y técnicos, no volvieron las reuniones gubernamentales de alto nivel. Con Finlandia y Suecia en la OTAN, siete de los ocho miembros pertenecen ahora a la alianza. La organización conserva valor técnico, pero su capacidad para contener tensiones políticas es menor.
Para las comunidades indígenas y las poblaciones septentrionales, la disputa no se mide solo en el volumen de inversión. El tráfico marítimo, las obras y las actividades extractivas pueden modificar ecosistemas y formas de vida, mientras que los beneficios económicos no necesariamente se distribuyen entre quienes soportan los impactos. La aceptación local, la consulta y el control sobre el territorio son condiciones de estabilidad, no trámites posteriores a una decisión tomada por potencias externas.
Una competencia con actores desiguales
China, sin costa ártica, busca ampliar su presencia mediante investigación, cooperación económica y vínculos con Rusia. Se define desde 2018 como «Estado cercano al Ártico» y ha asociado la región a su Ruta Polar de la Seda. Su margen de acción se amplía porque Moscú, aislada de Occidente y sometida a sanciones por la guerra de Ucrania, necesita socios. La dependencia es asimétrica: Rusia conserva territorio y soberanía, pero China gana acceso a rutas, hidrocarburos, minerales y proyectos científicos que serían más difíciles de alcanzar sin esa relación.
Canadá responde desde otra posición. El Ártico representa cerca del 40% de su territorio y más del 70% de su litoral, aunque allí vive menos del 1% de su población. Ottawa invierte decenas de miles de millones para reforzar bases, vigilancia, infraestructuras y rompehielos. La mayor parte de las capacidades seguirá vinculada a la modernización de NORAD, la defensa aeroespacial conjunta con Estados Unidos, pero Canadá busca también aumentar su autonomía y su peso dentro de esa arquitectura. No es una ruptura con Washington: es un intento de reducir una dependencia material que puede convertirse en vulnerabilidad.
Europa afronta un ajuste parecido. Su política ártica de 2021 priorizaba clima, medio ambiente, desarrollo sostenible y cooperación; la actualización en curso incorpora defensa, conectividad, resiliencia y seguridad económica. El giro responde a una realidad concreta, pero plantea una tensión: integrar la seguridad no debería desplazar la protección ambiental que justificó la política europea. España, con presencia científica antártica y condición de observador en el Consejo Ártico desde 2006, tiene margen para contribuir a esa discusión. Su Estrategia Polar 2026-2035 deberá conectar la experiencia científica con una lectura estratégica sin convertir la investigación en una mera herramienta de competencia.
Dos polos, dos regímenes jurídicos
La Antártida ofrece un contraste decisivo. A diferencia del Ártico, que es un océano rodeado de Estados soberanos, el continente antártico está sujeto a un régimen internacional que congeló las disputas territoriales y reservó el territorio para fines pacíficos y científicos. El Protocolo de Madrid de 1991, vigente desde 1998, lo define como reserva natural y prohíbe la explotación de minerales salvo con fines científicos. La norma no elimina las presiones: el turismo, la expansión de infraestructuras y la actividad de las grandes potencias aumentan mientras el cambio climático transforma el entorno.
De esa comparación surge una tercera idea: la protección polar depende menos de la ausencia de interés económico que de la capacidad de convertir límites jurídicos en obligaciones verificables. En el Ártico, no existe un régimen equivalente que cierre de forma general la puerta a la extracción; en la Antártida, la prohibición está escrita, pero su eficacia requiere vigilancia, cooperación y voluntad de sostenerla. La regulación no es un complemento del acceso: determina quién puede beneficiarse de él y quién asume sus costos.
La carrera se medirá también por la capacidad de contenerla
En los próximos años cabe esperar más inversiones en vigilancia, defensa, rompehielos e infraestructura, junto con nuevos proyectos de investigación y explotación. También es probable que crezca la fricción entre la demanda de minerales críticos y el costo ambiental de extraerlos en ecosistemas frágiles. El resultado no será una apertura automática: los proyectos pueden atascarse por falta de rentabilidad, oposición local, restricciones legales o ausencia de servicios de emergencia.
Los riesgos más graves son acumulativos. Una ruta con más tráfico aumenta la posibilidad de accidentes y contaminación; la desconfianza militar puede interrumpir la cooperación científica necesaria para medir cambios ambientales; y la concentración de capacidades en alianzas rivales reduce los espacios de coordinación. Si los gobiernos tratan el deshielo como una oportunidad comercial antes que como una transformación ecológica, podrían acelerar actividades cuyas consecuencias resulten difíciles de revertir.
Los polos dejaron de ser confines en el cálculo estratégico, pero no por ello se volvieron territorios disponibles. Groenlandia, las rutas árticas y la Antártida plantean una misma pregunta bajo reglas diferentes: si el acceso se expande, ¿quién tendrá autoridad para limitarlo? La respuesta dependerá no solo de quién llegue primero, sino de si los Estados sostienen acuerdos capaces de proteger la soberanía, la seguridad y el medio ambiente cuando esos intereses entren en conflicto.