El giro político de América Latina hacia gobiernos de derecha y programas favorables al mercado está modificando la relación de la región con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. En un contexto de déficits fiscales, bajo crecimiento y reservas debilitadas, varios países buscan nuevo financiamiento y asesoría de organismos con sede en Washington, mientras estas instituciones encuentran mayor receptividad para políticas que durante décadas fueron cuestionadas por sectores latinoamericanos.
La convergencia quedó expuesta durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial celebradas la semana pasada en Bangkok. Funcionarios de ambas instituciones respaldaron parte de las agendas económicas de los nuevos gobiernos aliados de Donald Trump y señalaron que la demanda regional de préstamos y asistencia técnica está creciendo. El acercamiento se produce al mismo tiempo que el mapa político del continente incorpora dirigentes más próximos a Washington en materia de seguridad, inmigración y disciplina fiscal.
Más programas en una región con poco margen financiero
Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, afirmó el viernes que el organismo observa “un cambio en la orientación de las políticas”. Según explicó, el fondo pretende acompañar un giro hacia medidas “más conscientes socialmente, más responsables fiscalmente y más orientadas al mercado”. La formulación busca presentar las reformas como una combinación de estabilidad macroeconómica y protección social, en un intento de alejarse de la imagen asociada exclusivamente a la austeridad.
El FMI mantiene actualmente diez programas activos en América, de un total mundial de 35 acuerdos de financiamiento vigentes, según Chalk. La lista incluye una línea precautoria para Chile, un nuevo programa para Bolivia y conversaciones con Colombia sobre un posible acuerdo. También siguen activos los programas con El Salvador y Argentina, dos gobiernos que han defendido políticas económicas de fuerte ajuste y una relación estrecha con el movimiento político de Trump.
Los tres países que negocian o recibieron nuevos instrumentos financieros eligieron recientemente presidentes respaldados por Trump. José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile en marzo con una agenda de reformas promercado y obtuvo en agosto la renovación de una línea de crédito flexible del FMI. En Colombia, Abelardo de la Espriella llegó al cargo en agosto y analiza un programa para responder al deterioro fiscal heredado de su antecesor.
Bolivia obtuvo a comienzos de este mes un programa de 1.900 millones de dólares, mientras enfrenta su crisis económica más profunda en cuatro décadas. El presidente Rodrigo Paz puso fin el año pasado a casi 20 años de gobiernos socialistas y su administración ha comenzado a desmontar los subsidios a los combustibles y a aplicar medidas para ordenar las cuentas públicas. La caída de los ingresos por gas natural y la escasez de dólares han reducido el margen de maniobra del Gobierno.
El ministro boliviano de Economía y Finanzas, Christian Andrés Morales, sostuvo que el nuevo escenario internacional abre oportunidades para la región, pero advirtió que los gobiernos deberán actuar con responsabilidad para aprovecharlas. La necesidad de recursos explica buena parte del cambio: países con vencimientos elevados o ingresos fiscales insuficientes recurren a instituciones que antes eran presentadas por gobiernos de izquierda como responsables de imponer costos sociales mediante la disciplina presupuestaria.
Argentina, el caso de mayor visibilidad
Argentina ocupa un lugar central en esta nueva etapa. El país recibió el año pasado 20.000 millones de dólares del FMI, incluidos 12.000 millones desembolsados por adelantado de manera excepcional, pese a las reservas expresadas por algunos miembros del directorio. El presidente Javier Milei, aliado de Trump y referente conservador regional, convirtió la motosierra en el símbolo de un programa basado en la reducción del gasto público y la desregulación.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, compartió esta semana un escenario con el ministro argentino de Economía, Luis Caputo, y presentó al país como un ejemplo de reformas. El Banco Mundial, por su parte, respaldó un préstamo comercial de hasta 2.000 millones de dólares mediante garantías destinadas a reducir el riesgo para los acreedores privados. El organismo prepara además un paquete más amplio para Argentina, que enfrenta vencimientos de deuda superiores a 25.000 millones de dólares.
La estrategia no se limita a los gobiernos abiertamente alineados con Trump. Susana Cordeiro Guerra, responsable del Banco Mundial para América Latina, mencionó a Paraguay, República Dominicana, El Salvador y Panamá como ejemplos de países que impulsan reformas favorables al sector privado y mantienen tasas de crecimiento anual superiores al 4%. La institución sostiene que quiere “premiar a los reformistas” que avancen en consolidación fiscal y estabilidad macroeconómica.
Venezuela vuelve al circuito multilateral
El caso más sensible es Venezuela. El FMI y el Banco Mundial han reanudado sus relaciones con el país bajo control de Washington, después de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, según el contexto presentado en las reuniones. Funcionarios venezolanos participaron esta semana por primera vez en más de dos décadas en encuentros de ambos organismos, incluido el vicepresidente de Economía, Calixto Ortega, quien compartió un panel con Chalk.
El Banco Mundial estudia otorgar hasta 5.000 millones de dólares a Venezuela durante los próximos dos años. El financiamiento dependerá de que el país cancele primero sus deudas pendientes con otros organismos multilaterales, además de la aprobación de su directorio ejecutivo. La eventual reapertura refleja que las instituciones están dispuestas a utilizar sus instrumentos cuando existen condiciones políticas y financieras para hacerlo, aunque también expone los riesgos de vincular la asistencia internacional con cambios de poder impulsados desde el exterior.
Cordeiro Guerra y Chalk insistieron en que la política no interviene en las decisiones de los organismos. El Banco Mundial, afirmó su representante, es “agnóstico”, en la medida de lo posible, respecto de la orientación política de las reformas. Sin embargo, la coincidencia entre las agendas de empleo, crecimiento y liberalización económica de los nuevos gobiernos y las prioridades tradicionales del llamado Consenso de Washington resulta evidente.
El Banco Mundial también prepara programas para Colombia y Barbados. En el caso colombiano, las conversaciones contemplan préstamos separados para mejorar la eficiencia del gasto, fortalecer el sector energético y apoyar la salud, aunque todavía no se ha divulgado el monto. En Barbados, la institución analiza una estructura enfocada en la regulación de pagos y la digitalización de las transferencias gubernamentales.
La mayor cooperación abre una oportunidad para gobiernos que necesitan financiamiento en condiciones menos onerosas, pero no elimina las tensiones que históricamente acompañaron a los programas multilaterales. La aprobación de cada préstamo, el cumplimiento de metas fiscales y el impacto de los ajustes sobre los hogares determinarán si el actual acercamiento se consolida como una alianza duradera o si vuelve a generar rechazo cuando sus costos sociales se hagan visibles.