Las autoridades mexicanas defendieron ante el Congreso los resultados de la estrategia contra el contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal, aunque legisladores exigieron pruebas sobre el dinero efectivamente recuperado y el avance de las investigaciones penales.
Más ingresos, pero cuentas pendientes
Gary Flores Hernández, administrador general de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicado a gasolinas y diésel sumó 311.000 millones de pesos entre enero y agosto de 2026. La cifra supera en 34.000 millones la registrada en el mismo periodo de 2025 y representa un crecimiento real del 8,1 %, atribuido al fortalecimiento de la fiscalización y a las reformas aprobadas contra el comercio ilegal.
La Secretaría de Hacienda señaló además que, entre septiembre de 2025 y junio de 2026, fueron detectados 109.400 millones de litros de hidrocarburos no declarados, operación que generó una recaudación asociada de 4.600 millones de pesos. La Agencia Nacional de Aduanas identificó 3.109 casos de clasificación arancelaria incorrecta, un mecanismo utilizado para introducir productos bajo declaraciones que no reflejan su contenido real.
El subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma, reportó la separación de más de 1.400 funcionarios aduaneros y 63 procedimientos contra agentes aduanales. Hacienda también había comunicado 53 denuncias penales contra servidores públicos, mientras el SAT presentó 609 denuncias por presuntas irregularidades internas durante los primeros ocho meses del año. Sin embargo, las cifras administrativas todavía no permiten establecer cuántos casos terminaron en condenas ni cuánto patrimonio fue recuperado.
Las diputadas Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano, y Eva María Vázquez, del PAN, cuestionaron precisamente esa brecha entre controles, denuncias y resultados judiciales. También reclamaron investigar posibles vínculos entre funcionarios, empresas y organizaciones criminales, así como aclarar el destino de los procesos derivados de 102 querellas por huachicol fiscal mencionadas en 2025. El desafío para el Gobierno ya no es solo detectar el contrabando, sino demostrar que la persecución produce sanciones firmes y una recuperación verificable de recursos.