Más de 7,2 millones de personas están convocadas a votar el próximo martes en unas elecciones israelíes marcadas por una paradoja: la campaña se desarrolla sobre un territorio atravesado por fronteras, ocupaciones y regímenes jurídicos distintos, pero el sistema electoral sólo reconoce como electores a quienes poseen la nacionalidad israelí. El resultado será decidido por una circunscripción única, aunque una parte sustancial de la población que vive bajo control israelí no podrá participar.
El primer ministro, Beniamin Netanyahu, ha resumido su estrategia electoral en un lema binario: “Derecha o Palestina”. En Jerusalén Este, donde la mayoría de los residentes son palestinos, los carteles del Likud aparecieron en la calle Saladino, la principal arteria comercial de la zona. Desaparecieron menos de doce horas después. El episodio refleja una cuestión más profunda que el destino de la propaganda partidista: miles de habitantes de la ciudad están sujetos a las decisiones de Israel, pero carecen del derecho a intervenir en la elección del Gobierno que las adopta.
Una ciudadanía que determina el derecho a votar
La ley electoral israelí permite votar a toda persona que tenga pasaporte y nacionalidad israelí. En la práctica, el electorado está compuesto por cerca de seis millones de judíos y unos 1,2 millones de árabes israelíes, aproximadamente uno de cada seis votantes. Se trata de los palestinos que permanecieron dentro de las fronteras originales de Israel tras la guerra de 1948 y de sus descendientes, una comunidad integrada formalmente en el sistema político, aunque sometida a una relación históricamente tensa con los partidos de derechas.
La participación árabe puede tener efectos decisivos en una elección en la que al menos once partidos aspiran, según las encuestas, a obtener representación en la Knéset. En 2015, Netanyahu advirtió durante la jornada electoral de que los ciudadanos árabes acudían a las urnas “en masa”, una declaración que convirtió la movilización de esa población en un asunto central de la disputa política. Este año, la Comisión Electoral Central llegó a vetar las dos listas árabes, pero el Tribunal Supremo anuló la decisión a principios de octubre.
El voto de los colonos y la exclusión de Cisjordania
Las urnas también llegarán a los más de 200 asentamientos israelíes de Cisjordania, considerados ilegales por el derecho internacional. Cerca de medio millón de colonos viven en esas comunidades, que constituyen uno de los principales reservorios electorales de Poder Judío, dirigido por Itamar Ben Gvir, y de Sionismo Religioso, liderado por Bezalel Smotrich. Ambos partidos concurren esta vez por separado y defienden abiertamente la anexión de Cisjordania. Sus dirigentes votarán en Kiryat Arba y Kedumim, los asentamientos donde residen.
La asimetría queda expuesta a pocos kilómetros de esas colonias. Los cerca de tres millones de palestinos que viven en Cisjordania bajo la administración de la Autoridad Palestina no tienen derecho a votar en las elecciones israelíes, pese a que las decisiones del Gobierno y del Ejército israelíes afectan directamente a su movilidad, su seguridad, el uso del suelo y la expansión de los asentamientos. El sistema, por tanto, no se organiza únicamente alrededor de la residencia, sino de una ciudadanía distribuida de forma desigual sobre el mismo espacio.
Soldados en zonas de conflicto, ciudadanos fuera del país
El Ejército ha desplegado unas 850 mesas electorales para que los soldados puedan votar incluso cuando se encuentren lejos de Israel. Aproximadamente una cuarta parte serán móviles y recorrerán 40 posiciones en la franja de Gaza, emplazamientos en el sur del Líbano, nueve bases en Siria y varios buques de guerra. Cada urna estará escoltada por un oficial armado y un sistema de doble sobre impedirá que un militar vote dos veces.
La logística militar contrasta con las restricciones para los ciudadanos israelíes que viven en el extranjero. La legislación sólo permite votar desde embajadas y consulados al personal diplomático, unas 4.800 personas. El resto de los aproximadamente 630.000 israelíes residentes fuera del país deberá regresar para ejercer su derecho. Una organización estadounidense que organiza vuelos calcula que más de 50.000 ciudadanos viajarán para participar.
El perfil mayoritariamente laico, liberal y con estudios superiores de esos votantes preocupa al Likud, que incluso llevó a los tribunales a la organización encargada de facilitar los desplazamientos. “Quien no vive aquí, que no venga”, afirmó en agosto el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi. La controversia revela que la cuestión del voto exterior no es sólo administrativa: también puede influir en el equilibrio entre una derecha movilizada en torno a la seguridad y un electorado más cosmopolita y secular.
Jerusalén Este, el límite más visible
Los aproximadamente 350.000 palestinos de Jerusalén Este se encuentran en una situación todavía más restrictiva. Tras la ocupación de la parte oriental de la ciudad en 1967, Israel les concedió la residencia permanente, pero no la ciudadanía. Su documento de identidad azul les permite votar en las elecciones municipales, que la mayoría boicotea, pero no en los comicios nacionales. Pueden solicitar la nacionalidad, aunque el procedimiento es largo y está rodeado de obstáculos burocráticos.
La estructura electoral que emerja de las urnas previsiblemente se dividirá en tres bloques: la coalición de Gobierno, formada por el Likud y los partidos de extrema derecha y ultraortodoxos; una oposición sionista moderada; y las formaciones árabes. La posibilidad de que alguno de estos grupos alcance una mayoría suficiente dependerá no sólo de la distribución de escaños, sino también de quiénes hayan podido votar y quiénes hayan quedado excluidos.
En un bar cercano a la calle Saladino, su propietario palestino resumió el descontento de muchos residentes de Jerusalén Este: gane quien gane, cualquier escenario resulta deprimente porque nadie les ha preguntado qué opinan. Esa frase condensa el problema político de estas elecciones. Israel se prepara para decidir su próximo Gobierno mediante una votación nacional, pero el alcance real de esa nación sigue siendo una de las cuestiones centrales que la campaña evita resolver.