La advertencia del ENFEN sobre una posible prolongación de El Niño costero hasta el otoño de 2027 modifica la escala del problema para el Perú. Ya no se trata únicamente de enfrentar lluvias intensas durante los próximos meses, sino de administrar una amenaza que podría combinar, durante varios ciclos estacionales, temperaturas anómalas, crecidas de ríos, presión sobre los cultivos y dificultades para asegurar el abastecimiento de agua. El organismo estima que el calentamiento en la región Niño 1+2, frente a la costa peruana, mantendría una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027 y luego descendería a fuerte. La duración y la intensidad previstas elevan el riesgo, aunque no permiten anticipar que todos los territorios sufrirán impactos iguales ni que cada pronóstico se materializará con la misma severidad.
La principal implicancia institucional es que las autoridades deberán pasar de una respuesta centrada en la emergencia a una gestión sostenida del riesgo. La preparación de defensas ribereñas, la limpieza de cauces, la vigilancia de quebradas y la protección de infraestructura crítica no pueden limitarse a operativos puntuales. Si el fenómeno se extiende hasta el otoño, las decisiones adoptadas para la temporada de lluvias deberán conservar utilidad durante meses, incluso cuando las condiciones parezcan estabilizarse temporalmente. La continuidad presupuestaria, la coordinación entre niveles de gobierno y la capacidad de ejecutar obras antes de que aumenten los caudales serán tan determinantes como la calidad de los pronósticos.
Piura concentra una exposición que no admite retrasos
Piura aparece entre las zonas más comprometidas por la previsión de precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte y la sierra norte occidental. Desde noviembre, el ENFEN espera caudales mayores en los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque. En una región con antecedentes de inundaciones, desbordes y daños a vías, viviendas, sistemas de saneamiento y áreas agrícolas, un aumento progresivo de los caudales puede generar efectos acumulativos. El suelo saturado pierde capacidad de absorción, los drenajes urbanos se vuelven insuficientes y una lluvia localizada de fuerte intensidad puede producir interrupciones desproporcionadas en el transporte y los servicios básicos.
El riesgo no depende únicamente del volumen total de lluvia. También influyen el lugar donde se concentran las precipitaciones, la velocidad con que crecen los ríos, el estado de los puentes y defensas, la ocupación de zonas expuestas y la anticipación con que se emiten las alertas. Una crecida moderada puede ser manejable para una comunidad con rutas de evacuación y sistemas de comunicación operativos, pero convertirse en una emergencia grave cuando existen viviendas asentadas en fajas marginales o cuando los accesos quedan aislados. Por ello, actualizar los mapas de riesgo y traducirlos en restricciones efectivas de uso del suelo resulta más importante que multiplicar anuncios de prevención sin capacidad de cumplimiento.
Una temporada húmeda puede aliviar algunos sectores y complicar otros
El incremento de las lluvias no representa un efecto exclusivamente negativo. En determinadas cuencas, una mayor disponibilidad de agua podría mejorar temporalmente las condiciones para la agricultura, favorecer la recuperación de pastos y contribuir a la recarga de fuentes superficiales y subterráneas. También puede beneficiar actividades productivas que dependen de reservorios con bajos niveles al inicio de la temporada. Sin embargo, estos posibles beneficios solo se concretarán si el agua puede ser almacenada y conducida sin causar daños. Cuando la precipitación supera la capacidad de regulación de una cuenca, el mismo fenómeno que aumenta la oferta hídrica se transforma en una amenaza para las poblaciones y los cultivos.
La agricultura deberá enfrentar, además, un escenario de alta variabilidad. Las temperaturas del aire muy superiores a los valores normales pueden acelerar el desarrollo de algunas plantas, alterar los calendarios de siembra y cosecha y aumentar la demanda de riego. Al mismo tiempo, el exceso de humedad favorece enfermedades, plagas y pérdida de calidad en ciertos productos. Los agricultores con menor acceso a información técnica, seguros, crédito o sistemas de riego eficientes enfrentarán mayores dificultades para absorber esas perturbaciones. El impacto económico no se limitaría a la parcela: una interrupción en caminos rurales o centros de acopio puede elevar los costos de transporte, reducir los ingresos y presionar los precios de alimentos en los mercados urbanos.
El agua será un problema de distribución y no solo de volumen
El dato de que los principales embalses se encuentran al 58 % de su capacidad hidráulica nacional muestra que la situación no puede evaluarse únicamente desde la perspectiva de las lluvias en la costa norte. El ENFEN también advierte sobre precipitaciones normales o inferiores a lo habitual en la sierra sur y la Amazonía, así como sobre un posible déficit en zonas del centro y del sur. Esto plantea una tensión relevante: mientras algunas regiones deberán protegerse de excedentes y desbordes, otras podrían afrontar una reducción de la disponibilidad para consumo humano, agricultura, generación eléctrica o actividades productivas.
La eventual necesidad de racionamientos dependerá de la evolución de las lluvias, el nivel de los reservorios, el consumo y la capacidad de los operadores para administrar el recurso. También será decisivo reducir pérdidas en redes urbanas y mejorar la programación de los desembalses. La falta de coordinación puede producir situaciones paradójicas: agua abundante y destructiva en una cuenca, pero insuficiente para una población ubicada en otra. En ese contexto, la planificación debe considerar sistemas interconectados, prioridades de uso y protocolos públicos para distribuir el recurso durante periodos de escasez.
Pesca y economía local: oportunidades con una base frágil
El calentamiento del mar también alterará la actividad pesquera. El ENFEN señala que la anchoveta se encuentra mayormente en fase juvenil, cerca de la costa y a mayor profundidad, mientras que especies como bonito, pez sierra y samasa podrían presentar buena disponibilidad en el litoral centro y sur. La presencia de perico, barrilete, melva y atún de aleta amarilla puede abrir oportunidades para determinadas flotas y mercados. No obstante, una mayor variedad de especies disponibles no equivale automáticamente a mayores ingresos para todos los pescadores. La captura depende de la capacidad de adaptación de las embarcaciones, las artes de pesca, la cadena de frío, la demanda y las regulaciones aplicables.
La anchoveta, por su importancia para la industria de harina y aceite de pescado, merece una vigilancia especial. Una población predominantemente juvenil puede indicar una fase de renovación, pero también exige cautela para evitar una presión extractiva que debilite la recuperación del recurso. Además, los cambios en temperatura y profundidad pueden modificar las rutas de pesca y aumentar el consumo de combustible, afectando con mayor intensidad a los operadores pequeños. La incertidumbre biológica obliga a sostener un monitoreo frecuente y a ajustar las decisiones de manejo con base en evidencia, no en expectativas de corto plazo.
La incertidumbre exige decisiones escalonadas
Los pronósticos climáticos ofrecen escenarios probables, no certezas absolutas. La magnitud extraordinaria prevista para la región Niño 1+2 hasta enero de 2027 podría disminuir antes de lo esperado, prolongarse o combinarse con variaciones regionales difíciles de anticipar. Además, una misma anomalía oceánica puede producir respuestas distintas según la topografía, el estado de las cuencas y las condiciones atmosféricas locales. Presentar el pronóstico como una predicción uniforme para todo el país puede generar tanto alarmismo como una falsa sensación de seguridad.
La respuesta más razonable consiste en adoptar decisiones escalonadas y revisables. Las medidas que ofrecen beneficios incluso si el escenario severo no se concreta, como despejar cauces, asegurar rutas de evacuación, reforzar sistemas de alerta y proteger instalaciones de agua y salud, deberían ejecutarse de inmediato. Las intervenciones de mayor costo deben priorizarse con información territorial y evaluaciones de riesgo. El seguimiento del ENFEN, junto con los reportes meteorológicos, hidrológicos y pesqueros actualizados, permitirá ajustar las acciones sin esperar a que los daños confirmen un problema ya anunciado.
La prevención deberá medirse por su capacidad de proteger a los más expuestos
Las familias ubicadas en riberas, quebradas, zonas bajas y asentamientos con servicios precarios enfrentarán el mayor riesgo. La vulnerabilidad aumenta cuando las viviendas carecen de condiciones estructurales adecuadas, las rutas de evacuación son escasas o la población no recibe alertas comprensibles y oportunas. La prevención, por tanto, no debe limitarse a maquinaria y obras físicas. Requiere simulacros útiles, sistemas de comunicación redundantes, refugios identificados, atención prioritaria para niños, adultos mayores y personas con discapacidad, así como mecanismos para sostener la continuidad escolar y sanitaria.
El horizonte hasta el otoño de 2027 ofrece tiempo para corregir fallas, pero también aumenta el costo de postergar decisiones. Una respuesta eficaz dependerá de que las autoridades conviertan la información científica en acciones verificables, con responsables, plazos y recursos definidos. La evolución del fenómeno seguirá siendo incierta; lo que sí puede reducirse es la exposición innecesaria. En un escenario prolongado, la diferencia entre una emergencia controlable y una crisis regional no estará determinada solo por la fuerza de las lluvias, sino por la preparación acumulada antes de que lleguen.