El Programa Mundial de Alimentos (PMA) reducirá su asistencia en la Franja de Gaza por falta de financiación, una decisión que dejará a unas 500.000 personas sin apoyo alimentario mensual. La agencia de Naciones Unidas atenderá ahora a 1,1 millones de gazatíes, frente a los 1,6 millones cubiertos el mes pasado, en un territorio donde 1,4 millones de personas afrontan niveles de inseguridad alimentaria considerados de crisis o peores.
El ajuste no se limita al número de beneficiarios. El PMA también reducirá las raciones, entregará paquetes de alimentos más pequeños y disminuirá la distribución de comidas calientes. En algunas zonas de difícil acceso, las familias recibirán una comida preparada cada dos días, en lugar de una diaria. La combinación de menor cobertura y menor cantidad de alimentos amenaza con agravar la dependencia humanitaria de una población que lleva años desplazada y sometida a una destrucción generalizada de sus infraestructuras.
Una reducción que afecta a varios niveles de la asistencia
La agencia pasó de distribuir 250.000 a 150.000 comidas calientes al día y redujo la ayuda económica destinada a 75.000 familias. Además, cada hogar recibirá un solo paquete de alimentos en lugar de dos, junto con una bolsa de harina de trigo de menor tamaño. Estas medidas modifican simultáneamente la frecuencia, el volumen y la diversidad de la ayuda, por lo que su impacto puede ser mayor que el que refleja la cifra de personas excluidas del programa.
El recorte llega antes de un nuevo invierno, cuando una parte importante de la población continúa viviendo en tiendas de campaña y refugios provisionales. La falta de cobijo adecuado, agua, electricidad y servicios sanitarios aumenta las necesidades alimentarias: conservar y preparar los alimentos resulta más difícil, mientras que las bajas temperaturas y las enfermedades pueden elevar el consumo y debilitar a las personas más vulnerables.
El déficit financiero se convierte en una crisis de cobertura
El PMA atribuye las restricciones a la falta de recursos. Según los datos de la organización, en 2026 recibió menos de la mitad de la financiación destinada en años anteriores a sus operaciones en Palestina. Para mantener durante los próximos seis meses sus actividades en Gaza y Cisjordania necesita 450 millones de dólares.
La brecha financiera transforma una emergencia de acceso en una emergencia de prioridades. Cuando los fondos no alcanzan, las organizaciones deben decidir qué hogares reciben asistencia, con qué frecuencia y en qué cantidad. El resultado no es solo una reducción administrativa: cada cambio puede obligar a las familias a endeudarse, vender bienes esenciales, disminuir el número de comidas o depender de redes comunitarias que también están debilitadas.
Carl Skau, director ejecutivo interino del PMA, describió la situación desde Gaza como una vida sin refugio adecuado, servicios básicos ni seguridad. Su advertencia resume el problema central: la ayuda alimentaria no opera de manera aislada. Su eficacia depende de que existan rutas de acceso, mercados funcionales, combustible, instalaciones para cocinar y condiciones mínimas de protección.
Las cifras muestran una mejora parcial, no una recuperación
La agencia estima que 1,4 millones de personas, equivalentes al 67 % de la población de la Franja, sufren inseguridad alimentaria aguda en niveles de crisis o superiores. Alrededor de 200.000 se encuentran en condiciones de emergencia. Aunque la proporción es inferior a la registrada a finales de 2025, la disminución de algunos indicadores no significa que la población haya recuperado su capacidad para cubrir las necesidades básicas.
La diferencia entre una emergencia extrema y una situación de crisis sigue siendo decisiva. Una familia puede dejar de estar clasificada en el nivel más grave y, aun así, continuar dependiendo de una distribución de alimentos para sobrevivir. Por eso, la reducción de la asistencia corre el riesgo de borrar los avances estadísticos obtenidos en los últimos meses, especialmente si el invierno dificulta el acceso y aumenta los desplazamientos.
Desplazamiento, control territorial y ayuda fragmentada
Más de dos millones de palestinos viven en Gaza, muchos de ellos en alojamientos temporales. Las fuerzas israelíes mantienen el control de más del 60 % del territorio y continúan los ataques aéreos, mientras Hamás controla buena parte de las zonas habitadas. Esta fragmentación limita las rutas de distribución y complica la identificación de las familias que necesitan asistencia con mayor urgencia.
El contexto político también condiciona la respuesta humanitaria. El alto el fuego auspiciado por Estados Unidos contemplaba una futura reconstrucción de la Franja, pero los avances en la aplicación del acuerdo siguen siendo limitados, incluidas las disposiciones relativas al desarme de Hamás y a la retirada de las tropas israelíes. Sin una mejora sostenida de la seguridad y del acceso, la ayuda seguirá funcionando como una respuesta de emergencia a una crisis que no deja de reproducirse.
La advertencia de las organizaciones humanitarias
La oficina de medios del Gobierno de Gaza, controlado por Hamás, calificó de catastrófico el anuncio del PMA y pidió más fondos para las organizaciones humanitarias. En el campamento de desplazados de Nuseirat, Sabrine Kuhail expresó el agotamiento de muchas familias después de años de guerra, destrucción, asedio y desplazamiento.
En agosto de 2025, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases confirmó que más de medio millón de gazatíes sufrían hambruna en la gobernación de Gaza y en la capital del territorio. El nuevo recorte no equivale por sí mismo a una nueva declaración de hambruna, pero sí eleva el riesgo de que los hogares más vulnerables vuelvan a cruzar rápidamente los umbrales de emergencia. Mantener la ayuda exige financiación estable, acceso humanitario y condiciones que permitan reconstruir los servicios esenciales, no solo aumentar temporalmente las entregas.