El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno evalúa permitir la salida anticipada y condicional de cerca de la mitad de las personas condenadas por colaborar con pandillas y detenidas desde el inicio del régimen de excepción. La propuesta no las declararía inocentes: quienes accedan cumplirían parte de la pena fuera de prisión, bajo monitoreo y otras condiciones que todavía no han sido detalladas.
Bukele no precisó cuándo empezaría el mecanismo ni cómo se elegiría a sus beneficiarios. Según CNN en Español, dijo que se revisaría cada caso para diferenciar a quienes integraban las estructuras criminales de quienes colaboraban con ellas en distintos niveles. La cifra cercana al 50% es, por ahora, una estimación presidencial, no un listado de personas seleccionadas ni un calendario de liberaciones.
La responsabilidad individual, en el centro de la revisión
El mandatario justificó la iniciativa al señalar que la colaboración con las pandillas no habría tenido el mismo alcance en todos los casos. Como ejemplo, mencionó a personas que avisaban sobre la llegada de la policía a zonas controladas por esos grupos. En declaraciones divulgadas por La Prensa Gráfica, preguntó cómo debía medirse la culpabilidad de alguien que prestó ese tipo de ayuda.
La distinción planteada por Bukele parte de que las pandillas ejercieron control territorial y social sobre comunidades durante años. Según el presidente, algunas personas pudieron cooperar bajo circunstancias diferentes de las de quienes imponían directamente la violencia. Esa explicación establece el fundamento político de la revisión, pero aún no aclara qué pruebas, parámetros jurídicos o procedimientos permitirían evaluar el grado de presión o participación en cada expediente.
El diseño de esos criterios será decisivo. Una clasificación transparente podría permitir que las decisiones se basen en la responsabilidad individual; si las reglas no se publican o su aplicación no puede revisarse, en cambio, quedaría menos claro por qué unas personas obtienen libertad condicional y otras no. El monitoreo anunciado tampoco sustituye la necesidad de explicar cómo se supervisaría a quienes salgan y qué consecuencias habría ante un incumplimiento.
Revisión de capturas y antecedentes de cuestionamiento
El anuncio se produce mientras continúa el debate sobre las detenciones efectuadas bajo el régimen de excepción. La Prensa Gráfica recordó que, en abril de 2026, Ibrajim Bukele, hermano del presidente, afirmó en publicaciones en X que un equipo revisaba casos de personas capturadas, incluidas denuncias de detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia. Según el medio, ese grupo habría trabajado con instituciones relacionadas con la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y los centros penales.
Consultado sobre el asunto, Nayib Bukele negó que su hermano participara en una comisión de esa naturaleza. La discrepancia entre esas versiones mantiene abierta una pregunta institucional: quién tiene a cargo la revisión de los casos y bajo qué mandato opera. La información disponible no permite establecer si el mecanismo anunciado ahora corresponde a ese trabajo previo ni qué relación tendría con los procesos judiciales ya en curso.
La excepción continúa pese a la posible salida de reclusos
Bukele descartó que el plan implique levantar próximamente el régimen de excepción. Según Infobae, dijo que le gustaría eliminarlo en algún momento, pero sostuvo que todavía existen estructuras criminales que justifican mantener las medidas extraordinarias. La posible liberación condicional y la continuidad del régimen responden así a decisiones distintas: una revisaría la situación de algunos condenados; la otra conserva el marco de seguridad aplicado desde su implementación.
Desde entonces, las autoridades han efectuado detenciones masivas de presuntos integrantes y colaboradores de pandillas. Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado arrestos arbitrarios, restricciones al debido proceso y vulneraciones de derechos humanos. Infobae reportó, además, que el vicepresidente Félix Ulloa habló recientemente de más de 91.000 capturas y defendió que las personas detenidas son presentadas ante las autoridades judiciales.
En ese contexto, la revisión anunciada puede incidir tanto en la situación de los reclusos como en la credibilidad del sistema de detenciones. La proporción mencionada por Bukele indica la magnitud potencial de la medida, pero su alcance real dependerá de las reglas de selección, la revisión de cada expediente y las garantías para impugnar decisiones. Hasta que esos elementos se conozcan, no es posible anticipar cuántas personas saldrán ni evaluar cómo se equilibrarán la seguridad pública, la rendición de cuentas y los derechos de quienes fueron detenidos.