La revelación más importante del nuevo libro del periodista Matthew Cole no es únicamente que los servicios de inteligencia neerlandeses habrían penetrado en 2017 el iPhone X de Jared Kushner. El verdadero alcance de la historia está en lo que, según la investigación, apareció al otro lado de esa intrusión: una cuenta bancaria vinculada a una estructura de fondos del Golfo, operaciones diplomáticas desarrolladas fuera de los canales oficiales de Estados Unidos y una posible reserva de dinero para beneficio personal del yerno de Donald Trump.
La información, adelantada por Vanity Fair a partir de Princes and Thieves: Jared Kushner and Mohamed bin Zayed’s Secret Plot to Remake the Middle East, debe leerse con una cautela esencial. Las acusaciones proceden de una investigación periodística y de fuentes citadas por Cole; no se presentan en el material disponible documentos bancarios, registros de transferencias, números de cuenta ni decisiones judiciales que permitan verificar de forma independiente cada extremo. Kushner niega categóricamente los hechos y sostiene que el relato es una fabricación sin pruebas.
El teléfono como ventana a una diplomacia paralela
Según el libro, los primeros en infiltrarse en el teléfono fueron agentes rusos. A finales de 2017, los servicios neerlandeses habrían captado como informante a un pirata informático vinculado al GRU, la inteligencia militar rusa. Esa persona les habría facilitado acceso a un servidor donde se almacenaban capturas de pantalla del dispositivo de Kushner. Los agentes neerlandeses reconstruyeron el método empleado por los rusos y lo reprodujeron, lo que les permitió observar de manera continuada la pantalla del teléfono desde principios de 2018.
El dato es relevante por dos razones. En primer lugar, no describe un episodio aislado de espionaje, sino una capacidad de vigilancia prolongada sobre un funcionario con acceso privilegiado a la política exterior estadounidense. En segundo lugar, convierte un dispositivo personal en un mapa de relaciones financieras y diplomáticas. Si la reconstrucción de Cole es correcta, los servicios neerlandeses no necesitaban interceptar conversaciones formales ni acceder a sistemas gubernamentales: bastaba con observar las acciones de Kushner en la pantalla para seguir sus movimientos, sus consultas bancarias y su relación con interlocutores extranjeros.
La posible vulneración tampoco se produce en un contexto administrativo ordinario. Kushner carecía de experiencia diplomática previa, pero Trump le confió negociaciones con Israel, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, además de la preparación de un acuerdo para Oriente Próximo. Durante ese periodo fue cuestionado por utilizar un teléfono personal y cuentas privadas de correo electrónico para asuntos oficiales. También recibió información clasificada de máximo nivel antes de obtener una autorización de seguridad permanente, según los antecedentes recogidos en la investigación.
La primera conclusión analítica es clara: la seguridad de un alto cargo no depende solo de la clasificación de los documentos que maneja. Depende también de la arquitectura personal desde la que negocia, paga, se comunica y toma decisiones. Un teléfono privado conectado a cuentas bancarias y aplicaciones de mensajería puede ofrecer a un servicio extranjero una visión más completa que un archivo oficial compartimentado.
La cuenta Alpha y los 750 millones de dólares
A comienzos de 2018, siempre según Cole, los servicios neerlandeses observaron a Kushner acceder desde su teléfono a una cuenta del First Abu Dhabi Bank, entidad presidida por un hermano de Mohamed bin Zayed, conocido como MBZ. La cuenta, denominada Alpha, habría recibido aproximadamente 750 millones de dólares y habría estado gestionada parcialmente por Kushner y MBZ. Los fondos, de acuerdo con la investigación, procedían del dirigente emiratí y de Mohamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudí.
La cifra no prueba por sí sola un delito ni permite establecer automáticamente el destino del dinero. Su importancia reside en la combinación de tres elementos: el volumen de los fondos, la identidad de los presuntos aportantes y la posición política de la persona que habría tenido acceso a la cuenta. Cuando un intermediario informal de la Casa Blanca participa al mismo tiempo en negociaciones con los gobiernos relacionados con ese dinero, aparece un conflicto de intereses potencial que exige una trazabilidad excepcional.
Cole describe una estructura más amplia, de al menos 2.000 millones de dólares, relacionada con Kushner, MBZ y Mohamed bin Salmán. Parte de ese capital habría financiado iniciativas diplomáticas fuera de los canales oficiales estadounidenses. Otra parte, según las fuentes del periodista, habría quedado reservada para beneficio personal de Kushner. El libro también sostiene que MBZ transfirió cerca de 1.000 millones de dólares a una cuenta del Banco Central de Israel y que una fuente consideró que ese dinero estaba destinado al beneficio personal de Kushner. No está claro si los servicios neerlandeses conocían esa segunda cuenta, cuya existencia procede de otras fuentes de la investigación.
La diferencia entre financiación diplomática y enriquecimiento privado es decisiva. Un fondo destinado a una iniciativa política puede estar sometido, al menos en teoría, a mecanismos de autorización, supervisión y rendición de cuentas. Una cuenta privada controlada por figuras con capacidad de influencia política pertenece a otra categoría. La opacidad no solo dificulta saber quién decidió qué; también impide determinar si una decisión diplomática respondía al interés público, a una estrategia de un gobierno extranjero o a una expectativa económica personal.
Del proyecto de 10.000 millones al poder informal
La investigación sostiene que los planes iniciales eran todavía más ambiciosos. Los dirigentes del Golfo habrían discutido la creación de un fondo superior a 10.000 millones de dólares que podría haber contribuido a financiar el muro fronterizo prometido por Trump entre Estados Unidos y México. La operación habría buscado favorecer la reelección presidencial, pero finalmente no prosperó. En su lugar, los participantes habrían optado por iniciativas de menor escala canalizadas mediante Kushner.
Este episodio, si se confirma, ilustraría una transformación del poder de influencia extranjero. La vía tradicional pasa por embajadas, acuerdos intergubernamentales, grupos de presión registrados o programas de cooperación sujetos a normas públicas. La vía descrita por Cole sería más flexible: fondos privados, intermediarios con acceso directo al presidente y operaciones diseñadas para evitar los circuitos institucionales. No hace falta que cada transferencia produzca una orden explícita para alterar la política. La mera expectativa de apoyo, acceso o recompensa puede modificar los incentivos de quienes participan.
La segunda conclusión es que el riesgo no se limita a la corrupción individual. Las estructuras informales pueden convertirse en una infraestructura paralela de política exterior. En ellas, las monarquías del Golfo aportan capital y conocimiento regional; un asesor político estadounidense aporta acceso a la Casa Blanca; y las decisiones se ejecutan con una velocidad que los departamentos públicos y los controles legislativos no pueden igualar. Esa agilidad puede resultar útil en negociaciones sensibles, pero también elimina los filtros que permiten detectar conflictos, compromisos ocultos y dependencia personal.
El regreso de Kushner a un papel relevante durante el segundo mandato de Trump eleva la importancia actual de las acusaciones. Su participación en conversaciones sobre Gaza y Ucrania significa que cualquier duda sobre sus relaciones financieras no pertenece únicamente al pasado. Aunque las funciones de un enviado informal no sean idénticas a las de un funcionario confirmado por el Senado, su influencia puede ser comparable en momentos concretos. El problema institucional aparece cuando el poder real supera la responsabilidad formal.
La respuesta de Kushner y el problema de la prueba
Kushner ha rechazado todas las acusaciones. En una declaración difundida tras la publicación del adelanto, calificó las revelaciones de “completamente locas” y afirmó que nunca ocurrieron. Sus abogados han amenazado con emprender acciones legales. Su defensa se apoya en un argumento verificable en apariencia: durante el periodo mencionado fue una de las personas más escrutadas del país, participó en investigaciones del Congreso y en una investigación de un fiscal especial, y declaró voluntariamente durante más de 30 horas. Según su versión, ninguna de las acusaciones apareció entonces porque los hechos no sucedieron.
Ese argumento merece consideración, pero no resuelve por sí solo la disputa. Una investigación puede no detectar una operación clandestina si no dispone de acceso a cuentas extranjeras, si los participantes emplean intermediarios o si el asunto se mantiene fuera de los canales oficiales. Del mismo modo, la ausencia de pruebas públicas no demuestra que los hechos sean ciertos. La carga de la prueba sigue recayendo en quienes formulan las acusaciones extraordinarias, especialmente cuando implican cientos o miles de millones de dólares.
La controversia también plantea una pregunta sobre los estándares de las investigaciones basadas en fuentes confidenciales. Los testimonios de informantes pueden revelar operaciones que nunca dejarían un expediente público, pero necesitan apoyarse en elementos independientes: documentos financieros, metadatos, cronologías coherentes, registros de viajes, comunicaciones o confirmaciones de terceros. En este caso, el debate central no debería reducirse a si Kushner niega o acepta la historia, sino a qué parte del relato puede ser corroborada y con qué grado de precisión.
Para los medios, el riesgo es doble. Publicar sin suficiente contraste puede convertir una acusación en una sentencia mediática. No publicar información relevante porque procede de fuentes reservadas puede proteger precisamente a las estructuras que operan fuera de la supervisión. La solución profesional exige distinguir hechos observados, inferencias de los investigadores y afirmaciones de las fuentes, además de explicar con claridad qué permanece sin demostrar.
El impacto sobre la seguridad, la banca y la diplomacia
El supuesto hackeo tiene consecuencias que van más allá de la figura de Kushner. Para la inteligencia neerlandesa, la operación descrita mostraría el valor estratégico de explotar una intrusión rusa para acceder a información sobre una potencia aliada. También evidencia los límites de la cooperación entre socios occidentales: un país aliado puede espiar a un alto cargo estadounidense si considera que sus acciones afectan a su seguridad o a la estabilidad regional, aunque esa vigilancia genere tensiones políticas.
Para la banca internacional, el caso vuelve a colocar en primer plano el riesgo de las cuentas manejadas por personas políticamente expuestas. Una cuenta de cientos de millones relacionada con dirigentes extranjeros y con un negociador de la Casa Blanca debería activar controles reforzados sobre beneficiarios finales, origen de fondos, propósito económico y posibles conflictos de interés. La utilización de bancos reputados no elimina el riesgo; a veces lo vuelve menos visible, porque la legitimidad aparente de la entidad puede sustituir a una explicación completa del propósito de la cuenta.
Para los funcionarios y asesores políticos, la lección es más concreta: la separación entre dispositivo personal y actividad pública ya no es una garantía de privacidad. Un teléfono personal puede contener credenciales, avisos bancarios, agendas, capturas de documentos y patrones de comunicación. La política de seguridad que se limita a proteger servidores oficiales deja un vacío precisamente en el lugar donde se concentran las decisiones informales.
El sector de la diplomacia también enfrenta un problema de legitimidad. Los acuerdos paralelos pueden desbloquear negociaciones, pero si están respaldados por dinero opaco y no dejan una cadena documental, se vuelven frágiles. Un cambio de administración, una filtración o una investigación bancaria puede deshacer años de trabajo y provocar que los socios extranjeros interpreten las promesas como compromisos personales, no como posiciones del Estado estadounidense.
Qué puede ocurrir después
La evolución del caso dependerá de la aparición de pruebas verificables. Es probable que la atención se concentre en los registros financieros, la titularidad real de la cuenta Alpha, la identidad de sus autorizados y la eventual existencia de documentos que relacionen las transferencias con decisiones diplomáticas. También será relevante saber si las agencias neerlandesas comunicaron formalmente a Washington lo que habían observado y qué medidas adoptaron los servicios estadounidenses después de conocer la posible intrusión.
En el corto plazo, las acusaciones pueden endurecer las exigencias de supervisión sobre enviados informales y asesores sin cargo diplomático convencional. Los legisladores podrían reclamar declaraciones financieras más amplias, protocolos específicos para el uso de dispositivos personales y reglas sobre la financiación extranjera de iniciativas vinculadas a campañas o negociaciones internacionales. La presión no afectaría solo a Kushner: alcanzaría a toda una clase de intermediarios que actúan entre el sector privado, las familias gobernantes y los gobiernos.
En el medio plazo, los países del Golfo probablemente seguirán buscando canales personales de influencia. Su capacidad financiera les permite ofrecer inversiones, apoyo político y acceso regional en una sola relación. La respuesta más eficaz no será cerrar toda interlocución privada, algo poco realista en la diplomacia moderna, sino hacer visible quién paga, quién decide, quién se beneficia y qué autoridad pública respalda cada operación.
El riesgo más serio es que la discusión quede atrapada en una batalla partidista sobre la credibilidad de Kushner o de Cole. Eso reduciría un problema estructural a una disputa entre dos nombres. La cuestión de fondo es más amplia: cuando un asesor con acceso directo al presidente puede comunicarse desde un dispositivo vulnerable, gestionar relaciones financieras con gobiernos extranjeros y operar fuera de las instituciones diplomáticas tradicionales, la frontera entre política exterior, negocio privado y seguridad nacional se vuelve demasiado estrecha. Las acusaciones tendrán que probarse; la vulnerabilidad que revelan, sin embargo, ya es una cuestión pública.