América Latina y el Caribe no enfrentan únicamente un problema de informalidad: enfrentan un mercado laboral en el que millones de personas consideran que trabajar por cuenta propia ofrece más ventajas que un empleo formal. Cerca de la mitad de los 325 millones de trabajadores de la región no tiene contrato laboral, y alrededor del 30 por ciento trabaja como independiente, con frecuencia en negocios familiares de menos de cinco empleados. El fenómeno ayuda a explicar por qué el crecimiento regional continúa siendo débil: el Banco Mundial proyecta una expansión del producto interno bruto de apenas 2,1 por ciento este año, después del 2,4 por ciento registrado en 2025.
Una elección condicionada por pocas alternativas
La informalidad suele presentarse como una falla que debe corregirse mediante registros, inspecciones o sanciones. Esa lectura es incompleta. Para una parte importante de los trabajadores, abrir una pequeña tienda, prestar servicios de plomería o administrar una taquería puede resultar más atractivo que aceptar un puesto formal de baja remuneración, horarios rígidos y escasas posibilidades de ascenso. La independencia ofrece control sobre el tiempo, autonomía y, en algunos casos, ingresos superiores a los de ciertos empleos asalariados.
El estudio del Banco Mundial “Racionalizar la informalidad: protección social, calidad del empleo y crecimiento” señala que los trabajadores independientes valoran esas ventajas en aproximadamente la mitad de sus ingresos efectivos. En cambio, muchos perciben que los beneficios asociados al empleo formal, como la seguridad social o las licencias remuneradas, valen menos que el costo que representan para trabajadores y empleadores. No significa que vivan en condiciones prósperas ni que estén satisfechos con su situación. Significa que, dentro de las opciones disponibles y de acuerdo con sus capacidades, consideran racional la decisión.
La escala regional oculta diferencias decisivas
El trabajo por cuenta propia no tiene la misma dimensión en todos los países. Bolivia sobresale con cerca del 60 por ciento de su fuerza laboral en esa condición, una de las tasas más elevadas del hemisferio. Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana también se encuentran muy por encima de lo que cabría esperar para sus niveles de ingreso. En cambio, Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Jamaica y México se sitúan en el nivel previsto o incluso por debajo.
La comparación internacional introduce un matiz importante. La proporción de trabajadores independientes va desde menos del 15 por ciento en las economías avanzadas hasta cerca del 90 por ciento en algunos países africanos. En América Latina, el rango se ubica aproximadamente entre el 25 y el 70 por ciento. La relación con el desarrollo económico es consistente: cuanto mayor es el ingreso de un país, menor suele ser la dependencia del autoempleo. La región, por tanto, no constituye una anomalía global, aunque sí mantiene un volumen de informalidad suficientemente grande como para limitar su productividad y su capacidad de crecimiento.
Cuando la informalidad deja de ser un refugio temporal
El problema aparece cuando el autoempleo informal se convierte en el destino permanente de trabajadores y empresas que no logran avanzar. Las microempresas familiares suelen tener poco acceso al crédito, emplean tecnología limitada y atienden mercados locales reducidos. En ese entorno, registrar el negocio puede ofrecer pocos beneficios inmediatos: si los empleados son familiares, los clientes son vecinos y la empresa no pretende crecer, la protección legal y los servicios públicos asociados a la formalización pierden valor.
Esta lógica también explica por qué no todos los informales reaccionan de la misma manera. Los trabajadores asalariados informales suelen declarar que preferirían un empleo formal, pero no consiguen encontrarlo. Los independientes, en cambio, pueden preferir conservar el control de su actividad. La política pública debe distinguir ambas situaciones: obligar a formalizar a quien carece de alternativas no produce el mismo resultado que facilitar el crecimiento de un negocio con aspiraciones y capacidad para contratar.
La experiencia histórica de Corea y Japón refuerza esa cautela. Cuando ambos países tenían niveles de desarrollo comparables a los de varias economías latinoamericanas actuales, también registraban proporciones significativas de trabajo por cuenta propia y, aun así, lograron crecer. La existencia del autoempleo no determina por sí sola el estancamiento; el punto decisivo es si la economía consigue convertir actividades pequeñas y de baja productividad en empresas capaces de innovar, invertir y crear empleos de mejor calidad.
La reforma empieza fuera del registro empresarial
El Banco Mundial plantea que reducir la informalidad exige actuar sobre las condiciones que la hacen atractiva. La primera prioridad es elevar el capital humano y corregir la distancia entre las habilidades que poseen los trabajadores y las que demandan las empresas. Mejor educación básica, formación técnica pertinente y oportunidades de capacitación permitirían que más personas accedieran a empleos formales productivos, en lugar de depender de actividades de subsistencia.
La segunda tarea consiste en dinamizar el sector formal. Los indicadores Business Ready identifican obstáculos en el acceso al crédito, la regulación y el entorno empresarial; incluso compañías grandes encuentran dificultades para financiar su expansión. Sin innovación, adopción tecnológica y mercados más competitivos, la formalización puede convertirse en un trámite costoso sin una recompensa económica visible.
También se requiere revisar el diseño de la protección social y del salario mínimo. Un aumento moderado de los salarios mínimos puede elevar los ingresos sin destruir empleos, pero, cuando supera la capacidad productiva de ciertos sectores, puede desalentar nuevas contrataciones formales. Del mismo modo, sistemas de salud y pensiones fragmentados pueden reducir el valor percibido de la formalidad si ofrecen coberturas similares por vías desvinculadas del empleo registrado.
La conclusión política es incómoda pero clara: la informalidad no se reducirá de manera duradera atacándola directamente. Será necesario hacer que el empleo formal sea más productivo, que sus beneficios sean visibles y que las empresas tengan razones reales para crecer. Transformar la educación, ampliar el crédito, impulsar la innovación y coordinar la protección social no elimina de inmediato el autoempleo, pero cambia el cálculo que hoy lleva a millones de personas a elegirlo.