En Matanzas, el problema del transporte público ha cambiado de forma sin dejar de ser una crisis. En varias paradas de la ciudad ya no escasean necesariamente los triciclos, pero sí los pasajeros capaces de pagar las tarifas privadas o de esperar durante horas por un vehículo estatal. La presencia física de los medios de transporte no se traduce, para buena parte de la población, en una movilidad accesible.
La situación es especialmente visible en la ruta entre Peñas Altas y el Preuniversitario. La tarifa oficial de los triciclos estatales es de 10 pesos por pasajero, pero usuarios consultados aseguran que algunos vehículos solo realizan un par de vueltas al día y luego son destinados a viajes privados o al traslado de mercancías. De ese modo, una oferta que aparece disponible en la calle puede desaparecer en los momentos de mayor demanda.
Más vehículos, pero menos viajes al alcance del bolsillo
Una viajera resumió la contradicción con una frase: los triciclos del Estado están en las paradas, pero después cobran como los particulares. El señalamiento apunta a un problema de gestión más amplio: cuando los vehículos estatales abandonan el servicio regular para obtener ingresos adicionales, el sistema conserva su capacidad material, pero pierde previsibilidad y utilidad para quienes dependen de él todos los días.
Las autoridades provinciales anunciaron meses atrás una reorganización del transporte público que contemplaba cinco nuevas rutas urbanas y precios entre un 30% y un 50% inferiores a los del transporte privado. Sin embargo, los testimonios recogidos muestran que la reducción anunciada no basta si los medios subsidiados no cumplen horarios, no permanecen en las rutas o son alquilados durante jornadas completas para transportar carga.
Los triciclos estatales cubren también los trayectos Versalles-Preuniversitario y Preuniversitario-Hospital General Faustino Pérez. En Peñas Altas, la presencia de un inspector de Transporte, conocido como El Azul, facilita que los pasajeros puedan abordar los vehículos oficiales. Su intervención sirve como mecanismo informal de control, aunque la propia usuaria considera insuficiente que el funcionamiento de una ruta dependa de la vigilancia permanente de una sola persona.
El precio del traslado ya condiciona el acceso a la educación
Para los estudiantes y trabajadores que deben desplazarse a diario, el costo acumulado convierte el transporte en una carga salarial. Indira, estudiante de Medicina residente en el reparto Iglesias, calcula que gasta entre 500 y 1.000 pesos diarios para llegar a la Universidad de Ciencias Médicas, situada al otro lado de la ciudad. La alternativa particular puede costar hasta 250 pesos por pasajero solo para llegar a Peñas Altas.
El dato no describe únicamente una incomodidad cotidiana. También revela una barrera de acceso a servicios esenciales. Un estudiante que necesita cuatro trayectos diarios puede consumir una parte considerable de sus ingresos familiares, mientras que un trabajador estatal difícilmente puede destinar su salario completo a transportarse. Cuando el regreso a casa deja de ser económicamente viable, la asistencia a clases, la permanencia en un empleo y el cumplimiento de turnos laborales quedan sometidos a la disponibilidad del transporte.
La joven observa que la parada puede reunir más de diez triciclos y, aun así, seguir siendo inaccesible. La abundancia de vehículos estacionados no equivale a una oferta efectiva cuando el criterio de acceso es la capacidad de pago. Esa diferencia entre disponibilidad nominal y servicio real resulta central para evaluar cualquier reforma del transporte.
Una reorganización que enfrenta a operadores y usuarios
El rediseño también ha generado tensiones entre los conductores de camiones particulares y las guaguas arrendadas al Estado. Los transportistas privados sostienen que, cuando llega una guagua oficial al punto de recogida, deben cederle el espacio y pierden pasajeros. Las unidades arrendadas suelen ofrecer tarifas algo menores, por lo que compiten directamente con quienes trabajan por cuenta propia y dependen de cada viaje para cubrir combustible, mantenimiento y otros gastos.
La disputa refleja una política sin reglas suficientemente claras sobre la distribución de rutas, las paradas y la frecuencia. Si el Estado introduce vehículos más baratos pero irregulares, perjudica a los operadores privados sin garantizar una mejora estable para los usuarios. Si, por el contrario, los privados mantienen el control de los horarios y las zonas de mayor demanda, los precios pueden seguir fuera del alcance de estudiantes, jubilados y trabajadores con salarios fijos.
Guaguas vacías frente a paradas abarrotadas
Otro punto de conflicto es el uso de las guaguas que antes trasladaban trabajadores hacia las instalaciones turísticas de Varadero. Ciudadanos aseguran que algunas circulan vacías por distintos puntos de Matanzas o permanecen estacionadas durante horas cerca de paradas llenas. Durante un recorrido por el Viaducto, se observó el paso de una de esas unidades sin pasajeros, mientras alrededor permanecían aproximadamente diez ómnibus cerrados.
La imagen concentra la principal falla del sistema: los recursos existen, pero no están sincronizados con la demanda. En el Viaducto esperan personas que necesitan viajar hacia Peñas Altas, Varadero o Cárdenas, mientras los vehículos no parecen responder a esos destinos con una frecuencia visible. Para el usuario, la falta de información sobre horarios y recorridos transforma cada viaje en una apuesta y favorece el cobro arbitrario.
Los antecedentes recientes confirman que no se trata de un episodio aislado. En agosto, una pasajera relató que un conductor de un automóvil estatal le pidió 500 pesos para llegar a Peñas Altas. Por la noche, cuando disminuyen las opciones, una carrera en mototaxi puede superar los 2.000 pesos. Algunos empleados del sector de los servicios han terminado abandonando sus puestos porque viven lejos y no pueden asumir el costo de volver a casa.
El desafío es administrar la capacidad, no solo aumentarla
La experiencia de Matanzas sugiere que la solución no depende exclusivamente de sumar triciclos o guaguas. Hace falta asegurar que los vehículos destinados al transporte de pasajeros permanezcan en las rutas, definir frecuencias verificables y publicar recorridos que permitan organizar los desplazamientos. También resulta necesario controlar el uso de unidades estatales para actividades privadas o carga cuando esa práctica reduce el servicio público.
Mientras los precios privados alcancen varios cientos o miles de pesos y los salarios no se ajusten a esa realidad, cada interrupción del transporte tendrá efectos laborales, educativos y sociales. El problema de Matanzas no es ya demostrar que hay vehículos en la ciudad, sino garantizar que circulen cuando se necesitan y que el precio del viaje no convierta la movilidad cotidiana en un privilegio.